Las organizaciones de la sociedad civil firmantes, articuladas en la Alianza por la Democracia, hacemos un llamado firme a la transparencia, al respeto por las reglas electorales y a la plena garantía de la independencia institucional en el proceso electoral que Colombia se prepara para vivir el próximo 8 de marzo de 2026.
El país se encamina hacia unas elecciones que definirán su rumbo. En este momento, la confianza en las reglas del juego no es un asunto técnico ni secundario: es la condición mínima para que los resultados sean legítimos, verificables y aceptados por todos.
- Respaldo irrestricto a la MOE y a la sociedad civil independiente
La Misión de Observación Electoral (MOE) no le debe lealtad a ningún gobierno. Esa independencia es precisamente una de sus fortalezas.
Durante décadas ha construido credibilidad con rigor técnico y autonomía. Una organización que solo valida las sospechas del poder deja de ser observadora y se convierte en instrumento político.
Respaldamos sin reservas la labor de la MOE y de todas las organizaciones que ejercen vigilancia electoral independiente. Rechazamos cualquier intento de presionarlas o descalificarlas por no coincidir con una narrativa oficial.
2. La responsabilidad institucional del presidente
El presidente Gustavo Petro ha llamado a desconocer instrucciones vinculantes de la autoridad electoral. Esa no es una diferencia técnica: es un mensaje que puede alterar los procedimientos que protegen la integridad del conteo.
Descalificar a organizaciones independientes porque no respaldan sus sospechas y sembrar dudas generalizadas sin presentar pruebas ante las autoridades competentes debilita la confianza pública.
Si existen indicios de irregularidades, deben tramitarse por los canales legales y las autoridades competentes deben responder. Gobernar desde la desconfianza erosiona el sistema democrático.
3. Un sistema que mejora exige más pedagogía
Colombia ha tenido errores electorales y ha respondido con ajustes y mejoras. Los cambios en los formularios E-14 y los nuevos mecanismos de acceso público reflejan un sistema que aprende.
La Registraduría Nacional del Estado Civil ha iniciado un proceso de pedagogía que valoramos.
Sin embargo, en una coyuntura marcada por dudas y desinformación, ese esfuerzo debe intensificarse y llegar a jurados, testigos y ciudadanía en general.
La transparencia activa —explicar qué cambió, por qué cambió y cómo protege el voto— es la mejor respuesta a la especulación.
Nuestro llamado
- A la Registraduría: redoblar la pedagogía y garantizar claridad pública.
- Al Presidente de la República, a los actores políticos y candidatos: actuar con responsabilidad, y en caso de irregularidades, utilizar los canales institucionales pertinentes.
- A candidatos y organismos de control: rodear las reglas del proceso.
- A la ciudadanía y organizaciones: participar, observar y exigir transparencia.
La democracia no es solo el derecho a votar. También es el derecho a que ese voto sea contado, verificado y respetado.
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