Concejo le hará control político a los puertos que operan en el Distrito, 9 marzo 2017

Hora de inicio: 9:08 a.m.                                      

Hora de finalización: 9:54 a.m.

Iniciado el orden del día, el secretario general del Concejo, Aroldo Coneo, dio lectura a una excusa presentada por los concejales David Dáger (Liberal), Rodrigo Reyes (Conservador),  Rafael Meza (Conservador), Erich Piña (Liberal) y William Pérez (La U), para ausentarse de la plenaria los días 9, 10 y 13 de marzo, por tener que atender asuntos personales.

Posteriormente se le dio el uso de la palabra al concejal Edgar Mendoza (Conservador) quien presentó una proposición mediante la cual cita a la Secretaría General, Secretaría de Planeación, Control Urbano, Corvivienda, e invita al presidente de la Lonja de propiedad privada de Cartagena y Bolívar, a fin de revisar lo concerniente a las funciones de inspección, vigilancia y control sobre la actividad de enajenación y arrendamiento de vivienda, en relación con la calidad y especificaciones de los inmuebles ofrecidos en venta.

Según el cabildante, la ley 66 de 1978, el Decreto Nacional 1941 de 1976, Decreto 78 de 1987, entre otros, establecen que debe existir una autoridad distrital que ejerza dichas funciones, para proteger a los ciudadanos que en muchos casos ahorran durante años para comprar su vivienda y quedan sometidos a abusos por parte de compañías o intermediarios de ventas.

Para el concejal Javier Curi (Liberal) también se debe citar a la Empresa de Desarrollo Urbano-Edurbe, para conocer cuáles son los avances de la misma en materia de ordenamiento urbano, puesto que según el cabildante, esta no ha cumplido ningún rol sobre este ámbito, pese a que hace parte de su objeto misional.

Luego, el concejal Cesar Pión (La U) introdujo un proyecto de acuerdo radicado por su bancada, mediante el cual se conceden estímulos tributarios para quien construya y/o acondicione  un centro de rehabilitación en la ciudad de Cartagena para dependientes de fármacos, alcohol, ludopatía, entre otras.

Según Pión, desde que se expidió la ley  1566 del 2012,  en la ciudad de Cartagena no hemos logrado tener un Centro de Rehabilitación que permita al adicto iniciar la terapia de recuperación después de su diagnóstico y tratamiento clínico. Por tal motivo considera que se deben generar estímulos tributarios a los empresarios del sector salud para que construyan centros hospitalarios especializados en la atención de personas inmersas en esta enfermedad que tiene además repercusiones en el ámbito social y económico de la ciudad.

Al respecto, el concejal Lewis Montero (Opción Ciudadana) indicó que efectivamente la ciudad requiere de la prestación de atención integral para estos pacientes, toda vez que la problemática viene atendiéndose desde la Secretaría de Participación con medidas paliativas que no generan mayor impacto.

Por otro parte, el vocero de La U, quien también funge como segundo vicepresidente de la Corporación, dio lectura a una proposición presentada en nombre de la mesa directiva, para citar al EPA, CARDIQUE, Secretaría de Planeación, Alcaldías locales, Dimar, representante de la ANI, Personero,  Contralora distrital, e invitar a todos los representantes de los puertos existentes en el Distrito de Cartagena  a fin de revisar lo atinente a  las licencia de concesión entregadas para el funcionamiento de todos los puertos del Distrito y sus corregimientos; cumplimiento de los  compromisos que se acordaron en el orden social;  autorizaciones entregadas a Reficar para ampliar el tiempo de concesión y modificación a la licencia ambiental del año 2010; concepto de la Secretaría de Planeación para la ampliación del puerto Compas (antiguo Muelles El Bosque), mediante relleno de cinco hectáreas; inventario de puertos certificado por la Agencia Nacional de Infraestructura y la Secretaría de Planeación; acciones de los órganos de control respecto al funcionamiento de los puertos; concepto de los alcaldes locales sobre las afectaciones de los puertos en su jurisdicción.

Sobre el particular el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) aseguró que a través de la adopción de la Ley 1617 de 2013 el Distrito podía apropiar herramientas jurídicas para regular de manera más efectiva lo concerniente a las actividades portuarias, porque inclusive esta establece la creación de una Agencia Distrital Portuaria. Agregó que la proposición debe indagar sobre la “irrisoria” contraprestación portuaria que en el presupuesto distrital es solo de 4.200 millones de pesos para el año 2017, por lo que considera que se debe invitar a la Superintendencia de Puertos y Transporte.

El concejal Javier Curi (Liberal) por su lado, sugirió que se revise el cuestionario que se aprobó en el mismo sentido el año pasado para tomar los elementos que vayan sobre la misma línea de control político.

Otra de las adiciones fue realizada por el concejal Vicente Blel (Cambio Radical) quien expresó que era pertinente solicitarle a la Secretaría de Hacienda que certifique la tasa con la que se liquida el impuesto predial a cada uno de los puertos de la ciudad, y por otro lado, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que indique cuáles son los linderos de los mismos, considerando que estos han venido rellenado para hacer ampliaciones a los terrenos que les fueron entregados en concesión.

Finalmente se asignaron como ponentes del proyecto de acuerdo presentado por la bancada de La U, a los concejales Ronald Fortich (Cartagena Confirma), Luis Cassiani (Cambio Radical) y Duvinia Torres (La U).

Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el viernes 10 de marzo, a partir de las 8:30 a.m., en las instalaciones de la Corporación.

Escrito por Alejandra López, coordinadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea.

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