Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 22 de noviembre del 2021
Hora de inicio: 10:00 a.m.
Hora de finalización: 3:01 p.m.
En esta sesión del Concejo de Cartagena se llevó a cabo un debate de control político sobre la prestación del servicio de aseo y se contó con la presencia del Secretario General, una delegada de la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios), y los representantes legales de las empresas Pacaribe y Veolia. También estaba programada la audiencia pública al Proyecto 112 (crédito público por $120 mil millones).
Iniciado el orden del día, se dio lectura a los siguientes documentos:
- Oficio donde el concejal Sergio Mendoza (Alianza Verde) recusa los integrantes de la mesa directiva (Wilson Toncel, Liliana Suárez, y Hernando Piña), pues debieron declararse impedidos para conocer de la revocatoria directa solicitada por Freddys Quintero. Mendoza señala que la mesa directiva podría beneficiarse de mantener a una persona en el cargo de contralor, ya que es el encargado de supervisar la gestión fiscal, posibles sobrecostos e indebida planificación en relación al contrato suscrito por la mesa con la Universidad de Magdalena para la convocatoria de elección de contralor. También se menciona la existencia de una amistad entrañable entre Quintero y la mesa directiva.
- Oficio donde el ciudadano Hernán Madrid recusa a la concejal Gloria Estrada (Liberal), toda vez que emitió concepto previo y tomó decisión sobre actuación administrativa con la expedición de la Resolución 127 de 2020, en la cual Estrada, como integrante de la mesa directiva, ratificó a Freddys Quintero como contralor, por ser quien ocupaba el cargo de secretario general de la Contraloría.
- Debido a lo anterior, la concejal Estrada presentó recusación contra los concejales David Caballero (Conservador) y Luis Cassiani (Cambio Radical), quienes también hicieron parte de la mesa directiva del año 2020 y firmaron la Resolución 127 antes mencionada.
A continuación, el concejal Javier Julio (Coalición Alternativa) anunció que presentaría la respuesta a la recusación que se hizo en su contra en días pasados. En ese sentido, los siguientes concejales solicitaron permiso para retirarse del recinto, toda vez que se encuentran impedidos o recusados para temas relacionados a la Contraloría: Óscar Marín (Conservador), Carlos Barrios (Cambio Radical), Laureano Curi (ASI), Rodrigo Reyes (Conservador), Carolina Lozano (ASI), Fernando Niño (Conservador), Gloria Estrada (Liberal), Luis Cassiani (Cambio Radical), Wilson Toncel (Cambio Radical), Liliana Suárez (ASI), y Hernando Piña (Liberal).
Debido a que los integrantes de la mesa directiva se retiraron del salón fue necesario designar una mesa directiva ad hoc, la cual quedó conformada por los concejales Luder Ariza, Sergio Mendoza y Kattya Mendoza.
El concejal Julio dejó constancia de que los concejales David Caballero (Conservador) y Lewis Montero (La U) fueron recusados, pero se mantuvieron en la plenaria. El concejal Montero expresó que aún está en los términos para responder a la recusación y no está impedido para votar.
Luego, se indicó que debido a los impedimentos se recompuso el quorum y los habilitados para decidir eran los concejales Claudia Arboleda (MIRA), Luder Ariza (Alianza Verde), Sergio Mendoza (Alianza Verde), Kattya Mendoza (Liberal), César Pión (La U), Javier Julio (Coalición Alternativa) y Lewis Montero (La U).
Posteriormente, fue leído el documento donde el concejal Julio se manifiesta ante la recusación en su contra realizada por el excontralor Freddys Quintero. El oficio recuerda que Quintero recusó al concejal por emitir concepto previo y presentar una queja disciplinaria sobre la designación de Quintero como contralor en 2020. Algunos de los argumentos por los que Julio no acepta la recusación son los siguientes:
- Sobre el concepto previo se indicó que solo se convierte en causal de impedimento si la opinión dada fue al margen de sus funciones, pero el concejal aseguró que lo manifestado en sus redes sociales fue en el marco de sus funciones de control político.
- No hay pleito pendiente entre Julio y la mesa directiva, además, la existencia de un proceso donde un concejal funja como informante, no lo convierte en parte del mismo.
- Teniendo en cuenta que las causales para la declaratoria de impedimento son taxativas, se indica que Quintero no realizó una exposición detallada de la situación fáctica que motiva la recusación y que daría lugar al conflicto de interés, por lo que la recusación sería improcedente.
Al someter a votación de la plenaria la recusación contra el concejal Julio esta fue rechazada con 5 votos de los concejales Claudia Arboleda, Luder Ariza, Sergio Mendoza, Kattya Mendoza y César Pión. Los concejales Lewis Montero y David Caballero no respondieron el llamado.
Más adelante, se dio lectura al oficio donde el concejal Laureano Curi (ASI) se pronuncia sobre la recusación en su contra hecha por Freddys Quintero y Hernán Madrid, quienes manifiestan que se encuentra impedido ya que su tío, Abraham Curi (QEPD), tiene procesos de responsabilidad fiscal. Curi rechazó la recusación y explicó que los procesos de responsabilidad fiscal se encuentran consumados en su totalidad, además, en los procesos de cobro coactivo no se ha surtido trámite contra sus herederos y no hay mandamientos de pago.
Al someter a votación de la plenaria la recusación contra el concejal Curi esta fue rechazada con 5 votos de los concejales Luder Ariza, Javier Julio, Sergio Mendoza, Kattya Mendoza y César Pión. Los concejales Claudia Arboleda, Lewis Montero y David Caballero no respondieron el llamado.
Culminado el trámite de las recusaciones se hizo un llamado a los integrantes de la mesa directiva para que continuaran dirigiendo la sesión, sin embargo, no hicieron presencia en plenaria, por lo tanto, los concejales Claudia Arboleda, Luder Ariza y Laureano Curi procedieron como mesa directiva ad hoc.
Seguidamente, se aprobó una proposición del concejal Óscar Marín (Conservador) para que se consulte a Función Pública y se aclare si el superior jerárquico del presidente del Concejo es la Procuraduría o la plenaria; lo anterior teniendo en cuenta que Wilson Toncel fue recusado y no aceptó la recusación, por lo que debe definirse a quién le corresponde dar trámite a la recusación.
Continuando con el orden del día, se inició el debate sobre la prestación del servicio de aseo. El concejal citante, Sergio Mendoza(Alianza Verde) hizo énfasis en las constantes denuncias ciudadanas por presuntas irregularidades en la recolección de basuras durante los últimos meses y manifestó que el objetivo es dar soluciones para garantizar el servicio a la comunidad.
El concejal César Pión (La U) destacó que el Concejo pidió a la Contraloría General un control excepcional sobre servicios públicos; además, solicitó que los supervisores de las empresas de aseo informen si estas han cumplido o no con el servicio.
El Secretario General de la Alcaldía, Luis Roa, explicó que en Cartagena para el servicio domiciliario de aseo se aplica un esquema de libre competencia que no amerita un contrato de concesión y estimula la concurrencia de oferentes para la gestión del servicio. En la ciudad las empresas que prestan este servicio son Pacaribe y Veolia.
Roa aclaró que cuando no hay una óptima prestación del servicio, el deber del Distrito es acudir a Superservicios, por ser la entidad encargada de inspeccionar, vigilar y controlar. Además, informó que en octubre hubo una reunión entre Distrito, SuperServicios, entes de control y líderes comunales para solicitar apoyo en asegurar el mejoramiento del servicio y para esta tarde se programó otra reunión.
Así mismo, señaló que el Distrito ha cumplido con su función de supervisión y con los acuerdos de pagos por deudas desde el año 2017; el funcionario agregó que existe un grupo de 19 supervisores que hacen seguimiento en campo a las rutas de cada empresa, verificando la prestación del servicio y entregan un informe diario documentando si se recogió o no la basura en los tiempos estipulados.
Roa indicó que frecuentemente se reúne con los representantes de Pacaribe y Veolia para socializar los incumplimientos documentados.; además, los informes de los supervisores se envían semanalmente a las empresas para tomar medidas correctivas.
Por una pregunta del concejal César Pión (La U), el Secretario informó que en la reunión de octubre se evidenció el incumplimiento de las empresas y se asumieron compromisos. Sin embargo, para Pión es necesario que la Administración tome acciones claras sobre los incumplimientos documentados para entregar soluciones concretas, toda vez que en la información enviada al Concejo se registran 72 incumplimientos de Veolia y 26 de Pacaribe.
La concejal Gloría Estrada (Liberal) indicó que las empresas hacen caso omiso a los informes enviados por los supervisores, persistiendo los problemas de recolección de basuras y las denuncias ciudadanas, por lo que el Concejo estará atento al trabajo de las empresas y los supervisores.
Para el concejal Luder Ariza (Alianza Verde) si el esquema de libre competencia funcionara correctamente deberían existir más de 2 empresas prestadoras del servicio de aseo y considera que el Distrito debe tomar medidas más contundentes ante los incumplimientos. También pidió mayor atención a los basureros satélites y llamó la atención porque Veolia ha sido la más beneficiada con los pagos del Distrito, pero esto no se ve reflejado en sus servicios o vehículos.
Para atender las inquietudes, el Secretario General precisó que el Distrito no tiene facultades sancionatorias y solo puede informarle a Superservicios para que se tomen medidas. Roa dio a conocer que el 8 de noviembre pidieron a la Superintendencia una intervención contra Veolia y Pacaribe.
El representante legal de Veolia, Pedro Gutiérrez, aclaró que la prestación del servicio de aseo corresponde a los municipios y las empresas cumplen el rol de operador. Algunos de los aspectos mencionados en su intervención fueron:
- Cuentan con 14 rutas para atender a 154 mil personas y 22 puntos críticos, además, algunos de sus servicios son: barridos 3 veces por semana, limpieza de 1.100 km de playa en zona insular, etc.
- Los puntos críticos o basureros satélites son invadidos de basuras en pocas horas después de los recorridos de la empresa.
- Este año se recibieron 2.870 quejas y reclamos, una cifra baja en comparación a otras ciudades.
- Algunas acciones para mejorar la prestación del servicio son: adición de una ruta de recolección en las avenidas principales, 4 nuevos vehículos para un total de 48, mantenimiento general a vehículos, aumento de personal, entre otros.
- Se han presentado retrasos en la recolección, pero no incumplimientos. Esto se debe al cambio en la frecuencia de rutas y fallas técnicas en algunos vehículos.
- Pese a contar con los recursos, el Distrito presenta una baja ejecución del PGIRS y tampoco se sanciona a quienes hacen malas disposiciones de basuras.
- Presuntamente no todos los supervisores tienen formación en servicios públicos y los informes de estos funcionarios no se envían cada semana, sino mensualmente.
- La Administración les adeuda $24 mil millones entre subsidios y otros conceptos. Además, Veolia recibe mayor pago de subsidios porque el 90% de sus usuarios son de estratos 1, 2 y 3.
- Con la Superintendencia se elaboró un plan de acompañamiento hasta junio del 2022, e incluye el cumplimiento de horario, renovación de flota, erradicación de basureros y puntos críticos, etc.
Para el concejal César Pión (La U) hubo graves acusaciones de Veolia contra el Distrito como la falta de sanciones, deudas, y no entrega semanal de informes. Pión insistió en que es necesario un control excepcional e instó a la Superintendencia a dar un pronunciamiento claro y determinar sanciones.
El representante legal de Pacaribe, Andrés Gaitán, señaló que la empresa presta servicios al 55% de la ciudad, atendiendo a 170 mil usuarios con 62 vehículos, pero se espera aumentar la flota para el 2022 debido al incremento de basuras. Entre los servicios prestados por Pacaribe, mencionó la recolección y trasporte de residuos, barrido y limpieza de vías públicas y playas, poda de árboles, etc. También informó que cuentan con un plan de mantenimiento de carrocería y chasis de vehículos.
Gaitán dio a conocer que han recibido 144 reclamos de la ciudadanía sobre la recolección y 46 por barridos. Así mismo, manifestó que atienden 18 puntos críticos en frecuencias interdiarias. Otros aspectos mencionados por Gaitán fueron: es necesario que el Distrito mantenga el PGIRS actualizado; la Administración adeuda $9.450 millones a Pacaribe por concepto de subsidios; no hay retrasos en la recolección y tampoco han recibido quejas por incumplimiento en las frecuencias.
La representante de Superservicios, Mabel Poveda indicó que han realizado seguimiento especial a las condiciones del servicio de aseo en Cartagena, como resultado de la visita hecha en el mes de octubre, para así superar las falencias presentadas.
La funcionaria hizo énfasis en que hay situaciones que desbordan las obligaciones de las empresas de aseo y deben articularse acciones puntuales con el Distrito en aspectos como actualización del PGIRS y pago de subsidios para que el servicio funcione de manera adecuada.
También informó que en la ciudad se encuentra un grupo técnico delegado que verificará la situación y hará inspecciones directas con cada prestador del servicio para lograr que el plan de vigilancia especial cuente con participación de todos los actores. Poveda explicó que luego de suscribir el plan se hará el seguimiento debido para determinar las sanciones pertinentes, en caso de ser necesarias.
Por parte de Asojac de la Localidad 3, Geverson Díaz manifestó que la ciudad atraviesa una crisis sanitaria y la comunidad debe saber qué fue lo que pasó desde mediados de año cuando empezó esta situación. Díaz resaltó que se necesitan acciones de Superservicios y lamentó que Veolia haga creer que el mal servicio se debe al mal estado de vías o falta de conciencia ciudadana, pues lo que hacen ver no es la realidad y las calles están llenas de basuras.
También se refirió a la proliferación de basureros satélites y resaltó que estos puntos se convierten en jornadas de limpieza pagadas como servicio especial. Díaz denunció que las empresas adelantan una “operación tortuga” para persuadir a que el Distrito pague las deudas. Además, indicó que los datos del número de usuarios de Veolia están desfasados.
El Secretario General destacó que en la sesión Pacaribe y Veolia no han asumido compromisos para resolver la problemática; también hizo un llamado a Veolia porque no puede decirse que no hay incumplimientos, ya que, si hay 3 recorridos programados y solo se dan 2, sí hay incumplimiento.
Para Roa debe analizarse si la presunta operación tortuga es cierta, pues Cartagena debe respetarse y las empresas deben explicar qué fue lo que originó esta crisis, toda vez que fallas técnicas en 3 vehículos no deberían traer tantas dificultades en la recolección.
Los concejales Laureano Curi (ASI) y Óscar Marín (Conservador) se mostraron de acuerdo con Roa, pidieron un mayor sentido de pertenencia por parte de las empresas, e insistieron en la necesidad de compromisos puntuales. Marín propuso que en el futuro se piensa en instalar GPS en cada vehículo de recolección para facilitar el seguimiento a las rutas.
Como citante, el concejal Sergio Mendoza (Alianza Verde) destacó que la Corporación, Alcaldía y ciudadanía se encuentren en la misma página, pues la problemática es un hecho fáctico y soportado con evidencias, e incluso la Procuraduría Ambiental ha reportado un incremento en las quejas.
Mendoza indicó que las empresas se escudan en las deudas de la Alcaldía para no prestar un servicio oportuno y sugirió que la Administración se abstenga de realizar pagos hasta no verificar la calidad del servicio y el número de usuarios afiliados. Además, expresó que la Corporación está dispuesta a apoyar estos procesos.
Por último, la plenaria aprobó una proposición del concejal Rodrigo Reyes (Conservador) para aplazar la audiencia pública al Proyecto 112 (crédito público de $120 MM) que estaba programada para esta sesión.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el martes 23 de noviembre de 2021; a las 9:30 a.m.
Escrito por Diana Infante Del Río, investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.
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