| Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 17 de septiembre de 2021 Hora de inicio: 9:31 a.m. Hora de finalización: 11:30 a.m. Iniciado el orden del día, se procedió con la socialización del Proyecto de Acuerdo 095 de vigencias futuras ordinarias (VFO) por parte de Secretaría de Educación. La Secretaria de Educación, Olga Acosta, informó que solicitaron VFO para los siguientes contratos: 6 de arriendo, 1 de alimentación escolar, 1 de aseo, 1 de conectividad y 1 de interventoría. La directora administrativa de Secretaría de Educación, Dorys Arrieta, socializó los contratos de arrendamiento donde funcionan instituciones educativas oficiales para los que se requieren VFO: |
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| El concejal Rodrigo Reyes (Conservador) dio a conocer que los vecinos del barrio Las Gaviotas han expresado su preocupación por un posible traslado de la institución educativa Fe y Alegría, por lo que pidió claridad a la Administración sobre este aspecto. La Secretaria de Educación explicó que la institución ha querido vender el predio al Distrito para que la Alcaldía pueda invertir en su infraestructura, sin embargo, la compra no se contempla en el Plan de Desarrollo. Acosta aseguró que no se ha planteado la posibilidad de cambiar de ubicación la sede. Frente a esto, Reyes recomendó a la Secretaria que este tema sea tenido en cuenta para la modificación del Plan de Desarrollo que planea realizar la Administración. Continuando con las solicitudes de VFO, la directora administrativa socializó lo siguiente: Contrato para servicio de aseo en instituciones educativas, estuvo vigente hasta el 23 de agosto y se hizo una adición hasta el 15 de diciembre. Las vigencias futuras requeridas son para garantizar la continuidad del servicio durante mes y medio a partir del 15 de diciembre, por un valor de $1.719.181.546. Contrato para alimentación escolar, finaliza el 31 de diciembre y las VFO solicitadas son durante 60 días por un valor de $5.962.620.453, mientras se surte el proceso de contratación para 2022. Con este contrato se atienden 56.345 estudiantes de 111 Sedes Educativas. Para mantenimiento y adecuación de 28 instituciones educativas se planea una licitación pública por $2.460 millones, pero se espera la autorización de VFO. Además, se dará el concurso de méritos para la interventoría correspondiente, la cual alcanza los $237 millones. Las VFO requeridas para ambos procesos son en tiempo. Para servicio de conectividad de las instituciones educativas se realizó una orden de compra con Tigo-UNE que está en proceso de legalización, por lo tanto, las VFO requeridas son por 3 meses del 2022. El concejal César Pión (La U) presentó sus inquietudes por algunas diferencias entre las fichas técnicas socializadas y los informes enviados al Concejo y destacó la importancia de contar con los soportes jurídicos establecidos para VFO a nivel nacional. Para el concejal Óscar Marín (Conservador) hay falta de planeación en el Proyecto 095, pues si la Secretaría de Educación cuenta con recursos y tiempo, podría llevarse a cabo una licitación para adjudicar los servicios como aseo o alimentación escolar y no sería necesario acudir a VFO, sin embargo, considera que hay “pereza jurídica” por parte de la Administración para efectuar estos procesos. La concejal Gloria Estrada (Liberal) hizo referencia a la situación del PAE, expresó que no entiende por qué se insiste en adjudicar el PAE por Bolsa Mercantil y, en este caso, premiar con $6 mil millones más al contratista que ya ha sido cuestionado por entregar alimentos en mal estado. Estrada pidió a la Secretaría informar por qué no puede adelantarse una licitación para escoger otro operador, teniendo en cuenta que hay tiempo suficiente para realizar el proceso y solicitar vigencias futuras para ejecutar el contrato en la próxima anualidad. La Secretaria de Educación manifestó que aprobar las VFO no garantiza la continuidad del mismo operador, ya que si hay incumplimiento se aplicarán las cláusulas correspondientes. Acosta resaltó que la Ley permite contratar a través de la Bolsa Mercantil y es la opción por la que optado la Administración. Para la concejal Estrada la respuesta de la funcionaria es incoherente, ya que mencionó que no se garantiza que sea el mismo contratista, pero en el Proyecto 095 se piden VFO para adicionar 60 días al contrato ya existente. Al respecto, se dieron las siguientes intervenciones: El concejal Javier Julio (Coalición Alternativa) señaló que en semanas anteriores se presentaron casos en los que se entregaron frutas y leche en mal estado, lo cual fue corroborado en páginas oficiales de la Alcaldía, por lo tanto, pidió conocer qué acciones jurídicas se han tomado y expresó que para obtener el apoyo de la Corporación deberán tomarse medidas serias al respecto. El concejal Rodrigo Reyes (Conservador) solicitó a la funcionaria explicar por qué se seguirá con el mismo contratista que ha fallado en varias ocasiones, considerando que hay quejas y denuncias desde hace varios meses. También sugirió una licitación pública para elegir otro operador. La Secretaria de Educación destacó que el contrato de PAE se suscribió con la empresa Miguel Quijano, comisionista de la Bolsa Mercantil, pero si hay un incumplimiento deberá garantizarse un operador que cumpla los estándares. Acosta indicó que este año no se habían dado incumplimientos, pero en la última entrega hubo dificultades, sin embargo, las denuncias no superan el 2%. La funcionaria explicó que se ha hecho seguimiento a las denuncias dadas, pero aseguró que se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Corporación. La concejal Estrada llamó la atención porque Acosta da a entender que ha habido un excelente servicio durante el año, pese a que desde el 2020 hubo denuncias, quejas, y control político por la entrega de alimentos en mal estado. Estrada reiteró que la Secretaría tiene otras alternativas para no continuar con Quijano. El concejal Óscar Marín (Conservador) recordó que en reunión de consejo de gobierno, el alcalde Dau expresó que “se le torcían las tripas” al escuchar de Miguel Quijano, sin embargo, esta compañía sigue siendo beneficiada con los procesos que la Alcaldía realiza en la Bolsa Mercantil. Marín insistió en que hubo falta de planeación y se piden vigencias futuras como una alternativa, pero no debe darse por hecho que el Concejo las autorizará. Marín señaló que los procesos en la Bolsa resultan una puja donde obtiene el contrato quien ofrece precios más bajos, por lo que considera que, si se reducen los precios, también se afecta la calidad de los productos entregados. En representación de Miguel Quijano S.A, el gerente comercial, Federico Hollman, explicó que es la firma comisionista que representa al Distrito en la Bolsa Mercantil, y fueron seleccionados tras una licitación con otras firmas que se encuentran en la Bolsa. Hollman indicó que han sido escogidos dos veces como firma comisionista, además, hizo claridades sobre el proceso de escogencia del operador y precisó que cuando se presentan inconvenientes la supervisión del PAE se los remite y Quijano lo informa a la Bolsa. El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) indicó que el Concejo conoce los procesos de la Bolsa, pero lo que debe aclararse es por qué resultó tan atractivo para Miguel Quijano acompañar los procesos del Distrito, pues apareció en 2020 luego de que en dos ocasiones se intentará escoger un comisionista pero nadie se presentó. El cabildante resaltó que Quijano también apoya en los contratos de aseo, vigilancia y paquetes alimentarios para adulto mayor, pese a que otros comisionistas perdieron interés posiblemente por las deudas que quedaron pendientes con el contratista de 2018-2019. Barrios dio a conocer que presuntamente hay relaciones de amistad cercana entre la empresa y funcionarios de la Alcaldía. Barrios explicó que desde hace 6 meses viene realizando una investigación sobre el motivo por el cual Quijano siempre es el único comisionista interesado en apoyar al Distrito, ya que al parecer hay intereses directos de algunos funcionarios para que los grandes procesos de contratación se sigan dando a través de la Bolsa. Ante inquietudes de los concejales, el gerente comercial de Miguel Quijano, expresó que no escogen ‘a dedo’ al proveedor sino que los interesados deben cumplir con una serie de requisitos; también aclaró que Quijano tiene negociaciones a nivel nacional en Bucaramanga, Bogotá e Ibagué, por lo que no tienen interés único en Cartagena y el domicilio de la empresa es en Bogotá. A petición de la concejal Gloria Estrada (Liberal), intervino la jefe de la Unidad Asesora de Contratación (UAC) de la Alcaldía, Nanee Valenzuela, quien aclaró que su Unidad sólo se encarga de revisar la parte precontractual que adelanta la Secretaría de Educación en los procesos de contratación del PAE, y es la Secretaría la que determina la modalidad contractual. Al respecto, el concejal Óscar Marín (Conservador) dejó constancia de que es la Secretaría de Educación quien cuenta con las delegaciones para realizar todo el procedimiento del Programa de Alimentación, por lo que reiteró que tienen suficiente tiempo para adelantar la licitación correspondiente y modificar el Proyecto 095. La Secretaria de Educación, Olga Acosta, indicó que es cierto que la Secretaría tiene las delegaciones pero todos los procesos son estudiados y analizados por el Comité de Contratación y la UAC. Finalmente, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) pidió que se oficie a Miguel Quijano solicitando información sobre las ruedas de negocios donde han participado, los pagos recibidos, etc. Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el sábado 18 de septiembre de 2021; a las 9:00 a.m. Escrito por Diana Infante Del Río, investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar. |
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