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Hora de finalización: 10:25 a.m.
Iniciado el orden del día, el concejal Vicente Blel (Cambio Radical) tomó el uso de la palabra para referirse a un video que fue publicado en las redes sociales y que ha levantado las alarmas en la ciudad, porque se ven a varios menores consumiendo drogas y manteniendo relaciones sexuales. El cabildante llamó la atención sobre la creciente descomposición social de los jóvenes cartageneros, asociada al consumo de drogas, desocupación, relaciones sexuales a temprana edad, pandillismo y delincuencia, y señaló que los principales responsables son los padres de familia.
No obstante, Blel asegura que existe una corresponsabilidad del gobierno en la implementación de estrategias que vinculen a los menores a proyectos productivos de vida, ajusten los currículos escolares, contrarresten el expendio de sustancias psicoactivas y les presten atención psicosocial.
Aseguró que el 2015 fue uno de los años de mayor deserción escolar en la ciudad, y en el que cerca de 17 mil menores, cifra equivalente a llenar el Estadio Jaime Morón, dejó de matricularse en el sistema educativo.
En ese sentido anunció una proposición a través de la cual solicitará información a la secretaría de educación, de participación, del Interior y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para conocer las actividades puntuales que se vienen desarrollando en el marco de los programas establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital, en torno a esta problemática.
Sobre el particular varios concejales se pronunciaron. La concejal Duvinia Torres (La U) señaló que este es un importante tema que deje traerse a la agenda pública y que está relacionado con el debate que su bancada propuso sobre la violencia intrafamiliar, dado que algunos de estos menores toman un mal rumbo en su vida por problemas de convivencia en su núcleo familiar. Torres indicó que con el debate se pretende aprovechar las investigaciones que algunas universidades han hecho sobre la materia, como insumo para la formulación de una política pública para tal problema.
Igualmente señaló que el gobierno debe esforzarse por fortalecer las comisarías de familia, revisar los presupuestos que se están asignando para estos fines, robustecer los equipos de atención psicosocial de las instituciones educativas e implementar estrategias de alto impacto para evitar la deserción escolar.
Por su parte, el concejal David Caballero (Conservador) indicó que el debate que propuso para revisar la gestión de la secretaría de educación será importante para evaluar hacia dónde se están direccionando las acciones de esta secretaría y saber por qué pese a que es la que tiene la mayor cantidad de recursos del distrito, los menores están en la delincuencia y en la drogadicción. Caballero le solicitó a la mesa directiva que definiera la fecha de este debate de control político.
El concejal Javier Curi (Liberal), por su lado, ve en el reciente lanzamiento del Campeonato de Fútbol Profesional Colombiano Femenino una oportunidad para articular un programa social que llegue a las bases y busque rescatar a las adolescentes de embarazos a temprana edad. Curi señala que en conversaciones con su colega David Caballero, este le advertía que infortunadamente este tipo de ligas son proyectadas desde lo comercial y no tienen un sentido social; y que la liga femenina sería manejada por la misma familia que gerencia al Real Cartagena masculino. Por este motivo, el cabildante considera pertinente que se revisen los recursos distritales que se están destinando al Real Cartagena, para reorientarlos a programas sociales específicos que se articulen a esta práctica deportiva, que le abrirá la oportunidad a las jóvenes de ser deportistas profesionales.
Para el cabildante Lewis Montero (Opción Ciudadana) el gobierno nacional por concentrarse en el proceso de paz se distrajo de atender la descomposición social que vive el país.
Montero considera que la génesis de esta problemática es la pobreza, y debe atenderse desde el gobierno central. Asegura además que los problemas de los jóvenes nacen en la familia y no en la escuela.
El concejal Cesar Pión (La U) también opinó al respecto, asegurando que los problemas de descomposición que hoy vemos son efectos y no causas de la falta de implementación de programas y proyectos que generen un verdadero impacto.
Para Pión, las canchas, los cupos educativos públicos, los centros de rehabilitación, y los procesos culturales, son algunos de los elementos que hacen parte del engranaje de bienes y servicios públicos que debe proveer la Administración para garantizar un impacto positivo de la gestión. No obstante, señala el cabildante, hoy los resultados del ranking de la firma Cifras y Conceptos muestran al alcalde en el último lugar por su gestión, y los índices de pobreza muestran a Cartagena como una de las ciudades más pobres del país.
En ese sentido, el concejal considera que el tema debe abordarse de manera integral, revisando el impacto de todos los programas del Plan de Desarrollo Distrital y no solo los que adelantan algunas secretarías, porque es un debate que involucra a toda la Administración.
Sobre otra línea del debate, el concejal Rafael Meza (Conservador) retomó el tema abordado por su colega Vicente Blel, sobre la medida de pico y placa. Meza le solicitó a la mesa directiva agendar este debate porque cada vez son más evidentes los efectos negativos de esta norma, que le resta competitividad a una ciudad turística como Cartagena.
El cabildante cuestiona que inclusive en ciudades con un parque automotor mucho más grande que el de Cartagena esta medida no es continua.
Sobre el mismo tema se pronunció el concejal David Dáger (Liberal) quien aseguró que Colombia es uno de los pocos países en el mundo, en donde se usa la medida de pico y placa. Según el vocero de la bancada Liberal, esta norma demuestra la incapacidad del Estado para tener una malla vial y viola la libertad de los ciudadanos a movilizarse en sus vehículos. Indicó además que cuando se paga el impuesto de rodamiento se liquida sobre los 365 días del año, sin descontarse los días en los que el vehículo estuvo fuera de circulación por pico y placa.
Asimismo, el concejal se refirió al estudio del proyecto de presupuesto 2017, indicando que no hay un rubro destinado al mantenimiento de la malla vial de la ciudad. Dáger anunció que en las mesas de trabajo que realizarán con el gobierno distrital para la discusión del proyecto, su bancada promoverá la inclusión de esta partida, dado que existe un creciente deterioro de vías importantes como la que conduce a manzanillo, a Barú, entre otras.
Más adelante, la concejal Duvinia Torres (La U) mostró unas imágenes en las que se evidencian las inundaciones del día de ayer a causa de la fuerte lluvia. Torres instó al gobierno distrital a agilizar la presentación del proyecto de drenajes pluviales, asegurando que “la ciudad ya no aguanta más inundaciones”.
La sesión culminó con las intervenciones de los concejales Javier Curi (Liberal) y Edgar Mendoza (Conservador), en el siguiente sentido:
– El concejal Curi llamó la atención a los periodistas para que se interesen por visitar la Corporación también los días domingo, dado que se están generando discusiones importantes en torno a temas de ciudad.
– El concejal Edgar Mendoza (Conservador) comentó que su bancada en días pasados presentó varios derechos de petición a las alcaldías locales, a través de los cuales pudieron identificar que la alcaldesa de la localidad Industrial y de la Bahía, Patricia Zapata, ha suscrito más de 86 contratos mediante la modalidad de contratación directa, con fundaciones y asociaciones que para el cabildante, no gozan de idoneidad.
Mendoza asegura que esto vulnera el principio de transparencia de la contratación pública, por lo que anuncia que su bancada y el concejal Antonio Salim Guerra (Cambio Radical) presentarán una proposición citando a la alcaldesa para que explique la gestión contractual y administrativa durante los 10 meses de su Administración.
Concluye enfatizando en que “en esta alcaldía no existe la figura de licitación pública ni el concurso de méritos. Toda la contratación se ha efectuado de manera directa por más de 1300 millones de pesos”.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el lunes 24 de octubre, a partir de las 9:00 a.m., en las instalaciones de la Corporación.
Escrito por Alejandra López, coordinadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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