Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena de Indias, 5 de septiembre de 2022
Hora de inicio: 9:33 a.m.
Hora de finalización: 11:38 a.m.
Para esta sesión del Concejo Distrital se llevó a cabo la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo 150 (Reducción de porcentaje de pignoración del crédito de Corvivienda).
Iniciado el orden del día, se dio lectura a los siguientes documentos:
- Oficio por el cual, el concejal César Pión (La U) remite a la Fiscalía General y a la Procuraduría Nacional la denuncia del abogado Emerson Córdoba sobre presuntas irregularidades en el consorcio Salud Caribe, especialmente en el presunto adelanto de obras sin pólizas de seguros en el contrato DADIS 002- 2014.
- Documento por el cual el concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) renuncia a la ponencia del Proyecto de Acuerdo 146 (vigencias futuras para alumbrado público).
Sobre su documento, el concejal Pión profundizó en que se debe conocer y solicitar información sobre cómo se encuentra trabajando el consorcio Salud Caribe en la intervención a los centros hospitalarios, pues sus explicaciones son importantes para darle continuidad al estudio del Proyecto de Acuerdo que destina recursos para otros 3 centros médicos.
El concejal sugirió que en sesiones ordinarias se de un debate de control político al respecto, recordando la importancia de estos centros hospitalarios y que se encuentren dotados con la mejor tecnología que permita abordar el abandono estatal en esta materia en los sectores más vulnerables de Cartagena.
A lo anterior, los concejales Lewis Montero (La U) y Liliana Suárez (ASI) dieron a conocer que el Concejo sí está a favor de que la ciudadanía tenga acceso a estos centros hospitalarios, sin embargo, debe darse solución a varias problemáticas en cuanto a manejo de recursos y consorcios. El concejal Montero acotó en que Secretaría de Infraestructura y los entes que manejan los recursos de los hospitales no han desarrollado sus labores correctamente, por lo que sería irresponsable otorgar recursos a éstos sin garantías.
El concejal Rafael Meza (Conservador) adicionó que no solo existen problemas administrativos, haciendo alusión al caso del hospital de Canapote, donde el terreno en el que se encuentra no está adjudicado al Distrito por lo que es imposible invertir recursos en este. Meza enfatizó en que se debe dar respuesta a estos temas en un debate de control político en sesiones ordinarias.
Por otro lado, el concejal Javier Julio (Coalición Alternativa) se refirió a los sobrecostos del turismo en Cartagena y la imagen negativa que está tomando la ciudad. Por lo anterior, presentó una iniciativa llamada “Cobro justo Cartagena”, que consiste en el uso de sellos en los establecimientos donde se garantice que se cobrará los precios justos. Ante una intervención del concejal César Pión (La U), el concejal Julio explicó que esta iniciativa puede ser manejada por la Administración.
Seguido, la presidenta Gloria Estrada, hizo saber que se tuvo una mesa de trabajo sobre personas en condición de discapacidad, e hizo un llamado a los concejales a integrarse a este tema, del cual sugirió que sea tenido en cuenta para el Proyecto de Acuerdo sobre incorporación de recursos. Esta sugerencia fue apoyada por la concejal Liliana Suárez (ASI).
La concejal Claudia Arboleda (MIRA) mencionó que desde el Gobierno Nacional se están implementando medidas para brindarle garantías a las madres cuidadoras y familias con personas en condición de discapacidad, y que debe garantizarse implementarlas en el Distrito. Esta sugerencia fue apoyada por el concejal César Pión (La U) quien agregó la necesidad de crear centros de capacitación y formación académica en cuidados geriátricos y de personas con discapacidad. Por otro lado, denunció el retroceso del distrito en materia de inclusión a personas con discapacidad.
Por su parte, el concejal Luis Cassiani (Cambio Radical), invitó a los miembros de la comisión encargada del seguimiento al PAE en las instituciones educativas a actuar y realizar el recorrido a las instituciones, verificando su cumplimiento.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el martes 6 de septiembre de 2022; a las 9:00 a.m.
AUDIENCIA PÚBLICA
Seguido, en sesión conjunta de las Comisiones Primera y Segunda, se llevó a cabo la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo 150 “Por medio del cual se modifica el acuerdo 004 de fecha 08 de julio de 2019, a efecto de disminuir los porcentajes de pignoración establecidos en dicho acuerdo, mediante el cual se autorizó al alcalde de Cartagena de Indias, para realizar operaciones de crédito público como fuente de financiación para el programa de inversiones del plan de desarrollo «primero la gente 2016- 2019: para una Cartagena sostenible y competitiva”
Por parte de la ciudadanía no hubo inscritos. Por parte de los concejales, Carolina Lozano (ASI) sugirió que se de ponencia positiva condicionada al concepto jurídico de la Corporación respecto a una solicitud a la Contraloría Distrital o General que autorice la reducción en la pignoración, pues en el proyecto habría detrimento patrimonial.
El concejal César Pión (La U) sugirió que se de a conocer si al reducir el porcentaje de pignoración, los concejales se ven envueltos en algún problema jurídico.
Por parte de la Administración, la Secretaria de Hacienda, Diana Villalba, señaló que se está realizando el pago de un crédito de Corvivienda, sin embargo, con la fuente de recursos con la que se hacen los pagos, se está generando una sobrepignoración toda vez que el crédito que se tomó fue mucho menor al que estipulaba el Acuerdo 004 de 2019.
Villalba explicó que los recursos sobrepignorados por $18 mil millones están en manos del Distrito, pero no tienen ninguna obligación, por lo que la intención de este Proyecto de Acuerdo es liberarlos.
Por su parte, el Gerente de Corvivienda, Néstor Castro, precisó que el crédito es con Bancolombia por $63.439 millones para la construcción de 1.824 viviendas en el proyecto Ciudadela de la Paz, etapas 3, 4 y 5. Esta prestación es pagada restando el 15% del Impuesto Predial Unificado (IPU). Argumentó que el crédito era de hasta $94 mil millones, sin embargo, solo se utilizaron $63 mil millones y que, por haber tomado un monto menor al planteado, año a año se han quitado a Corvivienda más recursos de los que se deberían. Castro detalló que, según el proyecto, estos recursos por $18.092 millones serían incorporados nuevamente a Corvivienda y que los porcentajes de pignoración serían modificados de la siguiente manera:
La concejal carolina Lozano (ASI) mostró no estar de acuerdo con que los recursos sobrepignorados se reintegren a Corvivienda, pues estos fueron aprobados para un crédito. En respuesta, la Secretaria de Hacienda, Diana Villalba, señaló que las alternativas para esos recursos pueden ser utilizados para lo que se considere pertinente, pudiendo ser una opción abonarlo al pago del crédito.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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