Concejo evalúa estados financieros de Aguas de Cartagena, en 7 años habría tenido créditos por más de $758 mil millones

El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.

Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 23 de noviembre de 2023

Hora de Inicio: 9:31 a.m.

Hora de finalización: 12:20 p.m.

Para esta sesión del Concejo Distrital de Cartagena, se realizó el debate de control político a Acuacar por altas tarifas en facturas y suspensiones en el servicio. Para el debate se encontraban citados e invitados las Secretarías General e Infraestructura, Asesor de Despacho de Servicios Públicos, Oficina Asesora Jurídica, Gerente ACUACAR, representante Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios, Contraloría General de la República.

Iniciado el orden del día, se dio paso al debate con la intervención del Gerente de Aguas de Cartagena, Manuel Barrera, quien hizo saber que en lo que va del año se han dado 8 daños importantes, la mayoría provocados por intervenciones de terceros, provocando suspensiones de servicio de entre 7 y 34 horas, afectando a más del 30% de los usuarios.

Sobre el informe de auditoría forense indicó que se hizo bajo pedido del Alcalde Dau y fue realizado por la firma KPMG los cuales evaluaron aspectos como: cuentas por cobrar, atención de préstamos bancarios, liquidación de puesto gerenciamiento entre 2015 y 2022, potenciales beneficios adicionales para accionistas clase C y D, generación de utilidades a través de préstamos, posibles conflictos de interés entre funcionarios del distrito y ACUACAR y aspectos legales del otrosí No. 3.

Indicó que no hubo hallazgos relevantes, solo se hizo anotaciones sobre el endeudamiento y determinó que ACUACAR pidió créditos en todos los años estudiados y que parte fueron para realizar el pago de otras deudas. Por otro lado, Barrera destacó que se está cumpliendo con el pago de dividendos. Añadió que se hacen esfuerzos para mejorar el indicador de agua no contabilizada a los 302.533 usuarios del servicio de acueducto, también explicó que el sistema de alcantarillado tiene 274.990 usuarios.

Sobre incremento de tarifas de acueducto y alcantarillado, indicó que en el 2022 fue del 16,94% para acueducto al cargo fijo y al consumo complementario de 16,94%. En lo que va del 2023 ha sido del 8,32% para cargo fijo y complementario. Del estudio de alcantarillado de Tierra Baja, explicó que ACUACAR presentó los estudios y diseños para la construcción del proyecto junto al orden que se debía cumplir, sin embargo, la obra ejecutada por la alcaldía local 2 no respetó dicho orden. A lo que ACUACAR hizo un diagnostico que determina que la obra está mal construida.

Seguido, el Secretario General, Carlos La Rota, indicó que acompañan las respuestas de Aguas de Cartagena y explicó que el diagnóstico del acueducto de Tierra Baja, elaborado por ACUACAR, se puso en conocimiento de los entes de control que llevan la investigación correspondiente.

Por otro lado, se dio lectura de una excusa de inasistencia a la sesión por parte de Myron Bergel, representante legal Consorcio Acuacar 2010, debido a compromisos previos. En su lugar, entregó la información actualizada a agosto 2023 sobre la ejecución del proyecto de las obras otrosí No. 3, acompañada de comentarios. En el oficio, se indica que, aunque el otrosí se rige por la normativa general de contratación, no se ha formalizado la implementación de modificaciones estructurales en algunos proyectos, lo que resulta en la falta de financiamiento para algunos de ellos, incluyendo todos los proyectos de la fase 3.

Informó que la interventoría ha señalado observaciones debido a la informalidad en la ejecución de los proyectos por parte del operador, destacando la falta de planeación, la informalidad y la falta de orden en la ejecución de los contratos firmados entre el operador y el Distrito. También se mencionó la falta de cumplimiento de los procedimientos en el contrato adicional otrosí No. 3. Además, la actual situación de Acuacar no garantiza que los proyectos puedan ejecutarse en los tiempos previstos, lo que exige reformular la ejecución del proyecto. Por último, Bergel indicó que Acuacar 2010 no llevó a cabo la interventoría técnica del otrosí No. 3.

El concejal citante, David Múnera (Dignidad), destacó que la gestión de la empresa no es la adecuada. Subrayó que ACUACAR ha prestado $758 mil millones en los últimos 7 años con 259 céditos, siendo más de un préstamo por mes, enfrentando así graves problemas de liquidez, evidenciado en que, por cada peso que deben, la empresa solo dispone de 80 centavos, careciendo de la posibilidad de cumplir con sus obligaciones financieras.

Destacó que los préstamos y la mayoría de los recursos se utilizan para pagar dividendos a accionistas, es decir, la empresa solo se estaría enfocando en priorizar la distribución de ganancias en lugar de pagar sus deudas. Dio como ejemplo accionistas como aguas de Barcelona – Canal de Suez, quienes invirtieron inicialmente $4 mil millones y han recibido más de $150 mil millones, mientras que el Distrito, teniendo el 50% de la empresa, solo ha obtenido $76 mil millones. Agregó que el endeudamiento de la empresa está entre 71% y 78%.

Por otro lado, cuestionó la aparente normalidad con la que el Gerente trata los 8 cortes del servicio de agua, el presunto cobro de aguas perdidas y el aumento del 11% del valor del servicio sin considerar la pobreza monetaria de la ciudad. Enfatizó en que en Acuacar existen graves conflictos de interés, con accionistas que son proveedores y funcionarios públicos que también proveen servicios, una situación que el interventor documentó y sugiere tomar medidas de seguridad adicionales al respecto.

El concejal César Pión (La U) resaltó la importancia de conocer el consumo de metros cúbicos de agua por sectores en la ciudad. Cuestionó el hecho de que Acuacar haya financiado el estudio forense por sí misma, el cual resultó ser favorable para la empresa. Subrayó la falta de valentía de la Administración para liquidar un contrato que se extiende por 39 años. Además, sugirió que este asunto debería ser abordado por senadores.

El concejal Sergio Mendoza (Alianza Verde) mencionó que las respuestas sobre el alcantarillado de Tierra Baja no están completas, por lo que solicitó que se hagan llegar las mismas. El concejal Rafael Meza (Conservador) expresó su molestia por la prestación del servicio de agua en zonas corregimentales como Arroyo de las Canoas y Arroyo Grande. La concejal Claudia Arboleda (MIRA) preguntó por los planes de expansión de redes de acueducto y alcantarillado.

El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) hizo referencia al otrosí 3, al cual se le aplicó la Ley 80. Manifestó que, de ser alcalde, habría solicitado la reversión de dicho otrosí, considerándolo perjudicial. Explicó que en el contrato inicial existía una cláusula que permitía resolver conflictos a través de un tribunal de arbitramento, esta fue sustituida en el otrosí 3 para ser a través de lo contencioso administrativo. Añadió que el proceso de empalme debe definir cómo se manejará dicho contrato.

Seguido, Myrna Martínez, Jefa de la Oficina Asesora Jurídica, informó que las preguntas de las proposiciones fueron remitidas a quienes correspondían ya que no contaban con el conocimiento de estas. Ante esta respuesta, el concejal Barrios consultó a la funcionaria si se han llevado a cabo reuniones sobre el tema y solicitó un informe sobre la posición de la Oficina Jurídica respecto al otrosí 3, ya que al tener el mando sobre la situación jurídica del Distrito debe tener conocimiento de todo lo correspondiente. La funcionaria indicó que tomó nota de lo correspondiente.

Ante una pregunta del concejal Múnera, el Secretario General del Distrito indicó que, ante el informe presentado, se solicitó a Acuacar pronunciarse a profundidad de cada uno de los puntos evaluados y que se está haciendo un estudio interdisciplinario interno. El Concejal Barrios dudó de la veracidad de la respuesta del Secretario, por lo que solicitó el soporte de estas acciones. El concejal Múnera solicitó que el debate sea remitido a la Superintendencia de Servicios Públicos y profundizar por el manejo de la empresa. El concejal Pión indicó que hay un cronograma de inversión en el otrosí No. 3 el cual no se ha cumplido.

Continuando con el orden del día, se dio lectura a un oficio mediante el cual Carlos Barrios, primer vicepresidente del Concejo Distrital, informa que debido a consideraciones presentadas por la participante del concurso para Personero/a Distrital, Jahaziel Anaya, la Mesa Directiva del Concejo Distrital de Cartagena resolvió suspender el cronograma del concurso público de méritos para la elección del cargo de Personero/a distrital de Cartagena para el periodo institucional del 1 de marzo de 2024 al 29 de febrero de 2028, hasta que se resuelvan las solicitudes de exclusión de los participantes. La razón de esto es que resulta necesario realizar un análisis sobre el título de Maestría obtenido en México de una de las participantes.

El concejal Rafael Meza (Conservador) dio lectura a un documento del Ministerio de Educación en el que se evidenciaría que el titulo que alude la participante no ha sido homologado en Colombia.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el viernes 24 de noviembre a las 9:00 a.m. para realizar el debate de control político sobre protección costera.

Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.

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