- La Asamblea tramita proyecto de ordenanza que autoriza al Gobernador de Bolívar para crear empresa industrial y comercial del Estado.
- Aunque el proyecto establece que la nueva empresa estatal será la encargada de operar el Palacio de La Proclamación, también le otorga facultades para contratar obras, asesorías y competir con otras empresas, entre esas EDURBE, en la cual la Gobernación tiene un 12% de las acciones.
- La nueva empresa tendría un objeto social amplio, que la convertiría en una “Detodito”.
Cartagena, 21 de septiembre de 2021.
Funcicar a través del Observatorio a la Asamblea de Bolívar ha hecho seguimiento al trámite del proyecto de ordenanza que autoriza al gobernador para crear una empresa industrial y comercial del Estado, la cual actuará como operadora del Palacio de la Proclamación y además será una empresa de desarrollo urbano y rural, gestionando y ejecutando proyectos de infraestructura, proyectos culturales y artísticos y prestación de servicios de apoyo a la gestión y logísticos.
De manera inicial, el proyecto contemplaba que la nueva empresa podría realizar actividades adicionales como gestión predial y catastro multipropósitos. Sin embargo, en respuesta a oficio de Funcicar, la Asamblea señaló que hizo modificaciones y suprimió esas actividades.
El amplio objeto social de la nueva empresa si bien responde al modelo de negocio que se plantea para la operación del Palacio de la Proclamación, representa un riesgo conociendo la experiencia de EDURBE, empresa que en los últimos años ha sido usada como intermediaria para subcontratar todo tipo de procesos, desde pavimentación de vías, atención a primera infancia y diseños de macroproyectos, entre otros. Al respecto Funcicar advierte que el no delimitar las actividades del objeto social, genera riesgos de crear a una “Detodito” que podría ser usada para contratar todo tipo de procesos, diferentes a los relacionados con el Palacio de la Proclamación, proyectos culturales y artísticos. Esta ordenanza finalmente le apunta a constituir una empresa de desarrollo urbano y rural que sea competitiva a nivel nacional como IDU, EDU y EDUBAR.
Tras revisar el Plan de Desarrollo de Bolívar, Funcicar advierte que la creación de esta nueva empresa no se encuentra justificada en ningún programa, por lo que se invito a diputadas y diputados a revisar la legalidad y coherencia de este proyecto de ordenanza con las metas planteadas en el plan de desarrollo «Bolívar Primero».
Preocupación por poca claridad en proyecciones financieras
Funcicar también señaló que el proyecto estima ingresos en “condiciones favorables de mercado” por $3.695 millones anuales y se proyectan gastos administrativos y de personal por valor de $3.486 millones, estas proyecciones no contemplan dificultades que se pudieran presentar en el modelo y administración del negocio. Este escenario afectaría el presupuesto y precisaría financiación de la Gobernación, dado que no se presentan fuentes alternas de financiación. De manera inicial, la administración departamental aportará $410 millones correspondientes al 80% del capital social, no se establece la fuente de esos recursos.
“Corresponde a los diputados y diputadas de Bolívar exigir una mayor argumentación financiera que permita conocer los costos reales de la nueva empresa, considerando que los traslados que se realicen pueden afectar otros programas departamentales, asimismo es necesario que se establezca un tope de los aportes que hará la gobernación para el acto de constitución, dado que en el articulado no se señala. Se requiere también mayor claridad sobre la sostenibilidad y manutención de esta nueva empresa para que posteriormente no se necesiten recursos adicionales como ha pasado con Edurbe y Transcaribe en Cartagena”, señaló Carolina Calderón Guillot.
La nueva empresa entraría al mismo ámbito operacional de EDURBE, empresa comercial e industrial del Estado en la cual la Gobernación tiene una participación accionaria del 12%. La Asamblea Departamental señala que esta nueva entidad tiene una naturaleza distinta y la gobernación tendría una mayor participación accionaria, por encima del 80%.
Desde 2020, EDURBE se encuentra en crisis por no ser autosostenible, en solo 21 meses ha tenido 4 directores/directoras y no se evidencia una voluntad política de la administración distrital para su recuperación.
Funcicar presentó a la Asamblea Departamental un oficio advirtiendo de las preocupaciones que genera la creación de la nueva empresa y recomendó a los diputados analizar los riesgos que se podrían derivar de su operatividad. De igual forma, en caso se ser aprobada esta ordenanza, se solicitará a la Gobernación de Bolívar garantizar que la formulación del manual de contratación, manuales internos, modelos de negocios y valor agregado de los procesos, cuenten con participación ciudadana.
En este ejercicio de control social unieron esfuerzos el Observatorio a la Asamblea de Bolívar de Funcicar (creado en 2011) y el programa VigilaCartagena, el cual nace como una acción colectiva de ciudad que surge con el apoyo de empresas de la ANDI Bolívar ante la crisis de gobernabilidad para proteger los recursos, fortalecer la transparencia y exigir mejores prácticas de gobierno. La vigilancia a la contratación también incluye varios procesos de la Gobernación de Bolívar.
Sobre EDURBE:
- La Alcaldía le entregó a EDURBE más de $139 mil millones en los años 2017, 2018 y 2019. Estos recursos entregados a dedo fueron suscritos a través de 33 convenios.
- En 2017 hubo 18 convenios ($64 mil millones), En 2018, 12 convenios ($69 mil millones) y en 2019 antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías, hubo 4 procesos ($4 mil millones).
- Los procesos contratados con Edurbe generaron costos de intermediación que pudieron haber sido ahorrados por el Distrito si la contratación la hubiese asumido la Unidad Asesora de Contratación de la Alcaldía.
- Edurbe actuó como empresa “Detodito”, fue contratada por la Alcaldía en 2018 para prestar servicios de primera infancia por valor de $1.800 millones.
- Los procesos subcontratados con EDURBE no contaron con publicidad, solo se publicaron en su página web.
- En 2017, solo dos funcionarios del Distrito tuvieron a su cargo la supervisión de 12 convenios, los cuales tuvieron 70 frentes de obras.
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