Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena, 10 de octubre de 2018.
Hora de inicio: 9:21 a.m.
Hora de finalización: 10:33 a.m.
Iniciado el orden del día, la concejal Judith Díaz (Cartagena Con Firmas) se refirió a la situación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Cartagena, teniendo en cuenta que desde 2017 se ha evidenciado una serie de presuntas irregularidades en la ejecución de este programa, motivo por el cual la Procuraduría y Contraloría General adelantan procesos de revisión. En ese sentido, manifestó que la falta de planeación es el principal inconveniente en la operación del PAE, lo cual se ejemplifica en el retraso de 140 días que tuvo la puesta en marcha de este programa en 2018, además, recordó que en 2017 fue solo hasta finales del mes de noviembre cuando se presentó ante el Concejo el proyecto de vigencias futuras que contenía los recursos para el PAE de 2018.
Frente a algunas declaraciones y notas periodísticas publicadas durante el mes de septiembre, Díaz aclaró a la opinión pública que en la Corporación no se ha radicado ningún proyecto de vigencias futuras que garanticen el PAE 2019 desde el primer día del año escolar; ante lo cual, hizo un llamado a la Administración para que en cumplimiento del Decreto 1852 de 2015, se garantice la prestación del servicio y se presente el proyecto de acuerdo requerido para este fin.
En cuanto al PAE actual, la concejal expresó que inició el 11 de septiembre y el contrato fue suscrito por valor de $18.491 millones entre la Alcaldía y la Unión Temporal PAE Cartagena 2018; sin embargo, destacó que se han presentado algunos problemas en la ejecución como retrasos para recibir los alimentos, llegada de productos en mal estado, infraestructura incompleta para la preparación en sitio y quejas por parte de manipuladoras de alimentos por condiciones laborales.
Por último, la cabildante dio a conocer que hace cerca de un mes envió un derecho de petición a la Secretaría de Educación solicitando información de 31 contratos de prestación de servicios firmados en enero de 2018 para la supervisión del PAE, a pesar de que a la fecha no había sido contratado el programa.
En ese sentido, la plenaria aprobó la proposición presentada por la concejal Judith Díaz (Cartagena Con Firmas) en la que se cita a la Secretaría de Educación, DADIS, Control Interno, operador del PAE, rectores de instituciones educativas, entes de control y otros, para tratar diversos aspectos sobre el Programa de Alimentación Escolar como la contratación, supervisión, interventoría, cobertura, funcionamiento, vigilancia, control y seguimiento.
Al respecto, el concejal Óscar Marín (Conservador) pidió que también se solicite la minuta contratada, pues ahí deben estar las especificaciones del servicio prestado y aunque ha pedido una copia de la minuta, no ha sido posible obtenerla. Para el concejal, el PAE no debió llevarse a la Bolsa Mercantil pues si la licitación se declaró desierta podía adelantarse un proceso de selección abreviada.
Marín expresó que una vez fue elegido el actual operador del PAE, este procedió a subcontratar a los antiguos operadores del programa ya que no contaban con la infraestructura y logística necesaria, motivo por el cual se presentaron retrasos en la etapa de alistamiento.
El concejal hizo un llamado a la Secretaria de Educación, se refirió a la situación de las manipuladoras de alimentos que están recibiendo pagos menores a lo pactado, y resaltó que los rectores de las instituciones educativas cuentan con las facultades para certificar el cumplimiento del programa.
Seguidamente, el concejal Javier Curi (Liberal) señaló que el Concejo exigirá información detallada y completa sobre el estado de ejecución del PAE; además, manifestó su inconformidad por el caso de las manipuladoras de alimentos que considera vienen siendo explotadas, pues son apenas $166.000 lo que reciben mensualmente por su trabajo, ya que diariamente se les pagan $10.000.
Como adición a la proposición presentada, el concejal Curi solicitó un informe del Comité de Verificación del PAE, los nombres de quiénes lo conforman, y sugirió convocar a dicho Comité para abordar lo relacionado con las manipuladoras de alimentos.
Luego, a petición del concejal Curi, la plenaria se declaró en sesión informal para escuchar a Dina Luz Cabezas, en representación de las manipuladoras de alimentos que laboran con el PAE, quien dio a conocer que solo son vinculadas como voluntarias y la bonificación es de $10.000 diarios, a pesar de que el horario laboral usual supera las 8 horas.
Cabezas también señaló que no tienen acceso a prestaciones sociales y únicamente se les entrega 1 uniforme que debe ser utilizado todos los días; además, explicó que según la Resolución 29452 del 2017 para servir 1438 raciones de almuerzo únicamente se necesitan 7 manipuladoras, cifra que consideran insuficiente ya que actualmente están laborando 9, sin embargo, por la cantidad de trabajo, su horario se extiende hasta las 6 o 7 p.m.
Así mismo, indicó que luego de las quejas presentadas por sus compañeras, en una reunión con Darío González, coordinador técnico del operador del PAE, se accedió a aumentar la bonificación a $18.000; al respecto, Cabezas solicitó apoyo al Concejo para lograr un salario digno y puntualizó que espera que no haya retaliaciones en contra del grupo de mujeres que han presentado sus inquietudes a la luz pública, pues en otras ocasiones, no se ha vuelto a contratar a las personas que han hecho solicitudes similares.
Sobre la situación de las manipuladoras de alimentos, el concejal Óscar Marín (Conservador) expresó que hasta la fecha estas mujeres no han firmado algún tipo de documento que demuestre que fueron vinculadas laboralmente, aunque sea a forma de voluntariado, situación que considera es de alta gravedad. Ante esto, el concejal instó a los entes de control a investigar el caso.
Continuando con el orden del día, la plenaria aprobó una proposición presentada por el concejal Marín en la que hace una solicitud de información, en el marco del estudio del proyecto de presupuesto, requiriendo datos sobre los ingresos del Distrito, liquidación del impuesto predial, informe de ejecución de gastos de funcionamiento y de inversión.
A continuación, el concejal Dagoberto Macías (Cambio Radical) expresó que en reunión entre Funcicar y algunos concejales, se sugirió a Funcicar iniciar un observatorio que se encargue de poner la lupa a las acciones de los funcionarios distritales pues son quienes ejecutan el presupuesto; además, señaló que el Concejo deberá acompañar a Funcicar en esta labor.
Por último, el presidente de la Corporación, recordó que el día de mañana se realizará audiencia pública a 3 proyectos de acuerdo sobre becas deportivas, reglamentación de personeros y reglamentación a autorizaciones del Alcalde para celebración de contratos; por otro lado, el viernes 12 de octubre se llevará a cabo un debate de control político sobre el Fondo de Pensiones.
Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el jueves 11 de octubre de 2018; a las 8:30 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital de Cartagena de Indias.
Ver sesión aquí:
Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y la Asamblea de Bolívar.
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