En esta sesión plenaria del Concejo Distrital de Cartagena se realizó la presentación del informe de gestión de la Oficina Asesora Jurídica por parte de su titular, el jefe de la oficina jurídica Milton Pereira. Antes de aprobar el orden del día, se validó una proposición de la concejal Mónica Villalobos (Movimiento Cartagena Mejor) para incluir la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo 102 sobre depuración normativa.
Iniciada la sesión, Pereira señaló que el Distrito cuenta con 3.500 procesos judiciales en curso, lo que representa un incremento del 7,3% respecto al 2024. Detalló que la mayor carga litigiosa se concentra en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con 1.778 procesos, seguido de reparación directa con 618, los cuales registran las mayores pretensiones económicas.
Sobre las causas de estas demandas, el funcionario Adrián Barreto explicó que el aumento responde principalmente a reclamaciones de docentes por contrato realidad, mora en cesantías y reliquidación salarial derivada de incrementos desiguales del Ministerio de Educación en 2009. El Distrito ha sostenido su defensa alegando que la responsabilidad prestacional de docentes nacionalizados recae en el Gobierno Nacional, obteniendo sentencias favorables hasta el momento.
Pereira indicó que, aunque el 90% de los procesos no exceden los $2.000 millones, el 4,9% de los casos concentran el 96,4% de las pretensiones económicas totales. Destacó que cinco acciones de grupo por habitantes de Membrillal representan el 81% de estas pretensiones. Entre los casos hito, resaltó la defensa del Establecimiento Público Ambiental – EPA como autoridad ambiental y la acción popular contra la concesión vial para el reembolso de $113 mil millones por peajes, proceso que se encuentra en etapa de apelación.
En cuanto a las acciones de tutela, se informó que en 2025 se recibieron 7.495 solicitudes, con una tasa de éxito institucional del 63%. Los entes con mayor número de tutelas son el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación, fundamentadas principalmente en el derecho de petición, debido proceso y salud. Se mencionaron casos específicos relacionados con la sustitución de coches de tracción animal, la intervención en Chambacú, el mantenimiento de colegios y la construcción del Gran Malecón, fallados mayoritariamente a favor del Distrito. Con corte al 15 de febrero de 2026, se han recibido 980 tutelas y 28 solicitudes de conciliación.
Seguidamente, el concejal Johan Correa (Nuevo Liberalismo) llamó la atención por la rotación de la palabra entre funcionarios sin autorización del presidente de la mesa directiva. Señaló que, pese a la alta actividad de la oficina, no se evidenciaban indicadores sobre la reducción de riesgos jurídicos. Indicó que existían más de 385 procesos en cobro coactivo y 55 procesos policivos por revisar, y advirtió que 5.517 tutelas correspondían a derechos de petición, lo que evidenciaba fallas en su respuesta oportuna. Asimismo, manifestó su preocupación por el aumento del pasivo judicial y por inconsistencias en las cifras del informe. En ese sentido, cuestionó el cumplimiento de metas y las estrategias para reducir tutelas y el pasivo.
En respuesta, Pereira se disculpó por la situación presentada y explicó que el aumento de tutelas obedecía, en parte, al volumen de casos recibidos, incluyendo los del despacho del alcalde. Señaló que se habían emitido lineamientos para mejorar la atención de peticiones, aunque algunas requerían más tiempo por su complejidad. Indicó que enviaría un informe sobre el pasivo judicial y que revisaría las inconsistencias en las cifras. También mencionó que existen lineamientos sobre daño antijurídico que serían remitidos por escrito.
Finalmente, el concejal Correa reiteró la falta de indicadores y señaló que los informes previos no siempre coincidían con los expuestos en sesión. Pereira indicó que tendría en cuenta las observaciones y precisó que los informes se ajustaban a lineamientos nacionales. Correa concluyó que estos espacios debían ser más claros y útiles para la ciudadanía.
Finalmente, se dio paso a la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo 102 “Por medio del cual se efectúa la depuración normativa, se decide la pérdida de vigencia y se derogan expresamente normas de rango distrital, etapa II, con relación a los Acuerdos emanados entre el año 2000 y 2007, y se dictan otras disposiciones
”El funcionario Rafael Castillo indicó que se estudiaron 315 acuerdos, proponiendo la depuración de 195: 146 por vigencia temporal, 41 por derogación orgánica, 7 por derogación expresa y 1 por inconstitucionalidad, bajo los criterios de la Ley 2085 de 2021.
El concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) solicitó aclaraciones sobre la intangibilidad jurídica de los actos consolidados bajo dichas normas. Pereira respondió que los efectos producidos durante la vigencia de los acuerdos se mantienen firmes, aunque la norma deje de regir hacia el futuro.
Agotado el orden del día, se citó la próxima sesión para el miércoles 19 de marzo las 8:30 a.m.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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