El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 27 de noviembre del 2024
Hora de Inicio: 8:33 a.m.
Hora de finalización: 10:33 a.m.
Receso: 8:41 a.m. – 9:01 a.m.
En esta sesión plenaria del Concejo de Cartagena se programó la interlocución con autoridades territoriales para tratar temas relacionados con los jóvenes, a través de los consejeros de juventudes locales y distritales. Fueron citados los tres alcaldes locales, la Secretaría de Participación, el rector de la UMayor, IDER, IPCC, el secretario de educación y el director del DADIS. La Alcaldía Local 1 Histórica y del Caribe Norte y el rector de la Universidad no asistieron.
Al iniciar la sesión, se decretó un receso por proposición del concejal Emmanuel Vergara (Conservador), debido a que, por las lluvias, algunos consejeros no habían podido llegar. Finalizado el receso, tomó la palabra la concejal Luz Marina Paria (ASI), destacó que este encuentro era una obligación de la Ley 1885 para garantizar un espacio de participación a los jóvenes y proteger sus derechos. Añadió que instaría a realizar la comisión de concertación y decisión, además de un compromiso para dar seguimiento y evaluar la política pública de juventud.
El concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) señaló que esta era una oportunidad para garantizar el desarrollo de los jóvenes, lo cual es crucial en una ciudad afectada por bandas delincuenciales y falta de oportunidades. Resaltó que el presupuesto de 2025 contemplaba $1.600 millones para programas juveniles en las Secretarías de Planeación, Participación e Interior, e instó a aumentar los recursos destinados a la educación superior.
Gina Baytter, consejera de juventud, explicó que los Consejos de Juventud son mecanismos de interlocución y concertación para los derechos de los jóvenes y se encargan de proponer planes, programas y proyectos para esta población. Solicitó una tarifa diferencial en Transcaribe para estudiantes como incentivo para la continuidad en la educación básica, secundaria y universitaria. Indicó que, aunque la política pública de juventud fue adoptada el año pasado mediante el COMPES, era necesario que también se aprobara mediante un Acuerdo Distrital con asignación presupuestal específica, evitando que los recursos se asignen de forma transversal.
Carlos Vitola Pérez cuestionó que, pese a la alta inversión en seguridad, en 2023 aumentó la inseguridad, reflejada en un incremento de homicidios. Propuso invertir en los jóvenes como una estrategia para mejorar las condiciones sociales de la ciudad. También sugirió que las medidas correctivas para jóvenes infractores de delitos menores no incluyan encarcelamiento o multas, sino alternativas que los integren a la sociedad. Además, denunció irregularidades en el manejo de los intereses generados en una cuenta fiduciaria destinada a la recuperación de la Institución Educativa Santa María, los cuales estaban siendo desviados a la cuenta del colegio en lugar de permanecer en la fiducia.
Sebastián Hernández Arroyo instó a garantizar la participación de todos los jóvenes de la ciudad. Señaló que los proyectos para esta población en el Plan de Desarrollo y la política pública no eran suficientemente ambiciosos y llamó a construir una ciudad destacada en educación, desarrollo social y seguridad humana.
El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) propuso llevar la denuncia sobre la fiducia a los órganos de control y recordó que, desde el Consejo de Juventud y el Concejo, se logró formular y aprobar el Acuerdo Distrital sobre corredores seguros. Sugirió habilitar un espacio en las oficinas del Concejo para los consejos de juventud. Explicó que la tarifa diferencial en el transporte ha sido intentada en cinco ocasiones, pero depende de una respuesta financiera de la Secretaría de Hacienda y Transcaribe.
Agregó que Transcaribe trabaja con pérdidas y si no se reduce el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), no se podrá garantizar la tarifa diferencial. Además, aseguró que la Universidad de Cartagena no queda desfinanciada, ya que cuenta con recursos del Gobierno Nacional. El concejal Javier Julio (Pacto Histórico) destacó que el 30% de la población cartagenera es joven, pero es la segunda más afectada por el desempleo, siendo las mujeres el grupo más perjudicado. Citó un informe de Cartagena Cómo Vamos, que indica que el 42% de las muertes violentas en la ciudad corresponde a jóvenes.
Julio reconoció que muchas iniciativas de los concejales requerían voluntad política de la administración y aseguró estar dispuesto a trabajar en temas como la tarifa diferencial, aunque señaló que Transcaribe no ha incrementado su tarifa y opera con pérdidas. La concejal Gloria Estrada (Liberal) hizo un llamado a los jóvenes a permanecer en la lucha por sus derechos y mencionó que hay iniciativas para que se reconozcan honorarios a los consejeros. También expresó su compromiso de gestionar un espacio adecuado para que ejerzan sus funciones.
Posteriormente, por solicitud de la concejal Luz Marina Paria (ASI), se declaró sesión informal para escuchar a un estudiante del corregimiento de La Boquilla. El estudiante señaló que el Plan de Desarrollo contempla derechos, pero no abarca a toda la población. Relató que, en su caso, fue penalizado por consumo de dosis mínima, lo que limitó su acceso al empleo y lo llevó a considerar la delincuencia. Indicó que este tipo de medidas ya no son efectivas.
Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el jueves 28 de noviembre a las 11:00 a.m.
AUDIENCIAS PÚBLICAS
Hora de inicio: 10:36 a.m.
Hora de finalización: 11:26 a.m.
En esta sesión de la Comisión segunda se llevó a cabo la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo 051 “Por medio del cual se efectúa una incorporación en el presupuesto de rentas, recursos de capital, recursos de fondos especiales y establecimientos públicos, así como los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones para la vigencia fiscal del primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y se dictan otras disposiciones.”
En esta audiencia no hubo participación ciudadana. Por parte de la Administración, la secretaria de hacienda, María Camila Salas, indicó que son $45 mil millones para la Secretaría de Educación por concepto distribución final de las doceavas de la participación para educación por el criterio de población atendida y ajuste al componente de calidad. Por otro lado, al DADIS corresponden $28 millones para fortalecimiento de los servicios de salud.
- Proyecto de Acuerdo 052 “Por el cual se reglamenta el pago de impuestos distritales a través de la ejecución de obras públicas en el Distrito de Cartagena y se dictan otras disposiciones”.
Por parte de la ciudadanía, tomó la palabra Juan Camilo Oliveros, director del Consejo Gremial de Bolívar,presentó observaciones y recomendaciones para que el límite del 30% del ICA o predial se suba al 50%; aumentar el límite del 10% al 20% como máximo autorizado por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS); la reglamentación del mecanismo contemple facilidades específicas pata pequeños y medianos empresarios y habilitación para que varios contribuyentes ejecuten un mismo proyecto; se evalúe incluir otros impuestos distritales.
Irving Pérez, de CAMACOL, presentó un análisis del mercado inmobiliario, destacando las diferencias entre vivienda VIS y no VIS, y enfatizando el potencial de zonas como la Zona Norte y el Triángulo de Desarrollo. Propuso fomentar alianzas público-privadas para garantizar infraestructura y servicios básicos en comunidades vulnerables. Además, se plantearon recomendaciones para optimizar el proyecto, como ajustar los porcentajes de participación y considerar nuevos impuestos, subrayando que es mejor contar con esta herramienta, aunque no se use de inmediato, que necesitarla y no tenerla.
Gustavo Carballo, de ANDI Bolívar, manifestó su respaldo al proyecto destacándolo como una oportunidad para cerrar brechas sociales y fortalecer la infraestructura en Cartagena. Propuso aumentar del 30% al 50% el valor deducible de impuestos, incluir otros gravámenes como alumbrado público y avisos, diseñar un manual operativo para reglamentar el mecanismo, integrar representantes empresariales al comité de selección de proyectos y ajustar cláusulas para excluir casos de fuerza mayor. Además, sugirió cambiar el nombre del proyecto para reflejar mejor su propósito. Reiteró su compromiso con esta iniciativa y ofrecieron apoyo técnico para su implementación.
El ciudadano Aldo Lora instó a fortalecer la propuesta y que se puedan iniciar proyectos como el plan maestro de drenajes pluviales. También se dio lectura a una ponencia de Mónica Fadul, directora de Fenalco,en la que destacó la efectividad de mecanismos como «obras por impuestos», utilizados en municipios PDET y SOMAC, para promover el desarrollo territorial mediante la participación activa de privados más allá del pago de tributos. Estos instrumentos han demostrado eficiencia al mejorar infraestructura, generar empleo, estimular economías locales y fortalecer el sentido de pertenencia hacia lo público. Además, se subrayó la necesidad de garantizar acceso a pequeños contribuyentes organizados y se hizo un llamado a aprobar la iniciativa, resaltando su potencial para abordar las grandes necesidades de infraestructura en Cartagena.
Por parte de la Administración, la secretaria de hacienda, María Camila Salas, explicó que este proyecto busca otorgar facultades al alcalde para reglamentar el mecanismo de pago de impuestos distritales mediante la ejecución de obras y proyectos públicos. Estos proyectos deben estar viabilizados y priorizados por el Distrito dentro del Plan de Desarrollo vigente y formar parte del banco de proyectos de la Secretaría de Planeación.
Este mecanismo, aunque existe para municipios PDET, debe adaptarse a las particularidades del Distrito. Las facultades solicitadas incluyen la elaboración y adopción de un Manual Operativo, la definición de lineamientos técnicos, jurídicos y procedimentales para su implementación, la identificación de sectores clave para la inversión, y la reglamentación de los procesos de selección, ejecución, supervisión y certificación de los proyectos elegibles. Además, contempla la conformación de un comité evaluador que apruebe las solicitudes, mientras que la supervisión de las obras estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura Distrital.
El mecanismo aplicará para el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio (ICA). Los contribuyentes podrán destinar hasta el 30% de su obligación tributaria al desarrollo de obras y proyectos de interés público. Los proyectos deben estar alineados con el Plan de Desarrollo y aprobados en el banco de proyectos de Planeación Distrital. Este esquema también permitirá que varios contribuyentes colaboren en la ejecución de un mismo proyecto. Asimismo, los contribuyentes que sean deudores del impuesto predial unificado (IPU) o ICA podrán acogerse al mecanismo, y el pago de la obligación tributaria podrá ser parcial, siempre que se acredite la entrega satisfactoria de la obra.
La secretaria de hacienda agregó que el Consejo Superior de Política Fiscal de Cartagena (CONFIS) determinará anualmente el cupo máximo de recursos que la Administración puede destinar para ser extinguidos mediante este mecanismo. Este límite no deberá superar el 10% del total apropiado en el presupuesto distrital de la vigencia correspondiente para el impuesto vinculado al desarrollo de las obras.
La secretaria explicó que entre 2025 y 2027 se proyecta un máximo de $159.171 millones provenientes de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) para financiar gastos de inversión. Este monto corresponde al 10% de los recursos disponibles para inversión en cada vigencia, con $50.454 millones en 2025, $53.105 millones en 2026 y $55.613 millones en 2027, una vez descontados los gastos de funcionamiento, deuda y asignaciones específicas.
La concejal Luz Marina Paria (ASI) señaló que, durante el estudio del proyecto, se tendrán en cuenta las sugerencias de los gremios y se aclararán dudas a través de reuniones. Resaltó que esta iniciativa fomentará la confianza de los contribuyentes al permitir la visibilización de la ejecución de sus impuestos. Por su parte, la concejal Gloria Estrada (Liberal) preguntó quién sería responsable de la contratación de las obras y la secretaria de hacienda respondió que esta tarea recaerá en las empresas.
Ante esta respuesta, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) indicó que, bajo estas condiciones, las empresas quedarían sujetas al control político del Concejo. Además, solicitó información sobre el impacto del proyecto a corto y mediano plazo, y preguntó si este estaba complementado con la propuesta que modifica el ICA.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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Foto de portada: Imagen de izhar ahamed en Pixabay.
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