Las organizaciones de la sociedad civil firmantes, articuladas en la Alianza por la Democracia, expresan su preocupación y rechazo ante las afirmaciones del presidente de la República Gustavo Petro en su alocución del 3 de marzo, en la que nuevamente cuestionó la transparencia del sistema electoral colombiano.
Como Jefe de Estado, el presidente Petro tiene la responsabilidad de garantizar la estabilidad institucional del país y fortalecer la confianza ciudadana en las reglas democráticas. Sembrar dudas sobre el proceso electoral mina la legitimidad de todo el sistema democrático colombiano. Además, puede generar confusión, desinformación y tensiones que ponen en riesgo la estabilidad institucional y que podrían derivar en violencia política.
La experiencia internacional demuestra los riesgos de este tipo de discurso. En Estados Unidos, las acusaciones de fraude promovidas por Donald Trump tras las elecciones de 2020 contribuyeron a un clima de desinformación y polarización que culminó en el asalto al Capitolio en enero de 2021. En Brasil, cuestionamientos similares impulsados por Jair Bolsonaro, antes y después de las elecciones de 2022, derivaron en ataques contra las instituciones democráticas en enero de 2023.
Ante las recientes acusaciones del presidente Petro afirmamos lo siguiente:
- El preconteo no es ilegal ni reemplaza el escrutinio
El preconteo electoral es un mecanismo informativo que permite conocer tendencias preliminares el día de las elecciones a partir de los formularios E-14 firmados por jurados y testigos electorales. Su objetivo es evitar vacíos de información durante la jornada y permitir que la ciudadanía y los medios conozcan resultados preliminares.
El preconteo no tiene efectos jurídicos ni declara ganadores. Los únicos resultados oficiales son los del escrutinio, un proceso formal hecho posteriormente por jueces de la República y autoridades electorales.
Las declaraciones del presidente Petro confunden el preconteo con el conteo oficial, lo que induce al error y desvirtúa un mecanismo diseñado para fortalecer la transparencia del proceso.
2. La impugnación de mesas es un procedimiento legal
El Código Electoral establece que la impugnación o recuento de mesas requiere una justificación concreta.
La revisión de votos sólo procede en circunstancias específicas: inconsistencias matemáticas significativas en los resultados, alteraciones o enmendaduras en los formularios electorales o dudas técnicas fundadas sobre la exactitud de los cómputos.
Promover impugnaciones generalizadas, como hace el presidente con sus acusaciones, no fortalece la transparencia del proceso. Por el contrario, puede saturar las comisiones escrutadoras, retrasar los resultados oficiales y sembrar dudas injustificadas sobre la voluntad popular. El recuento de mesas es una garantía ante errores reales, no un instrumento para obstaculizar o dilatar el escrutinio.
3. El software electoral es auditable y vigilado por múltiples actores
El sistema tecnológico electoral puede ser auditado por partidos y movimientos políticos, campañas y coaliciones, y por organizaciones de observación electoral nacionales e internacionales acreditadas.
Estas auditorías incluyen la verificación del código fuente, acceso a registros técnicos del sistema, participación en simulacros y la presencia de testigos técnicos durante el procesamiento de la información.
Además, la Registraduría Nacional del Estado Civil contrató una auditoría internacional independiente del software electoral a cargo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), programa especializado del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Esta verificación técnica cubre los sistemas informáticos utilizados en el proceso electoral, incluidos los softwares de los jurados de votación, el preconteo, el escrutinio y la consolidación y la divulgación de resultados. La auditoría se ha adelantado desde comienzos de este año para las elecciones legislativas y presidenciales, con el objetivo de evaluar la seguridad, la eficiencia y la integridad de las plataformas tecnológicas, y de fortalecer la confianza en el proceso electoral.
Colombia tiene múltiples controles institucionales —jurados de votación, testigos de partidos, escrutinio público, control judicial, observación electoral y auditorías técnicas—, que existen para proteger la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas.
Por todo lo anterior, hacemos un llamado a todos los actores políticos, y especialmente al presidente de la República en su condición de jefe de Estado, a actuar con responsabilidad institucional y contribuir a fortalecer la confianza en las elecciones.
La democracia se protege respetando las reglas del juego y defendiendo la legitimidad del voto ciudadano.
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