Hora de inicio: 8:57 a.m.
Hora de finalización: 12:24 p.m.
Hoy en el Concejo Distrital se llevó a cabo el debate de control político propuesto por los concejales Américo Mendoza (ASI) y Edgar Mendoza (Conservador) a través del cual se buscaba analizar elementos financieros relacionados con la Concesión vial del Corredor de Carga, a la luz del informe de auditoría revelado recientemente por la Contraloría Distrital de Cartagena, que señaló que dicho contrato habría culminado en enero del año en curso.
Al debate acudió la Contralora Distrital Nubia Fontalvo y su equipo de auditores, el director del Departamento Administrativo de Valorización, Carlos Andrés Carmona, el representante legal del Consorcio, René Osorio, y un representante de Edurbe, entidad que funge como supervisora del contrato.
Luego de la introducción realizada por los citantes, se le dio el uso de la palabra a Eduardo del Rio, profesional universitario que participó de la auditoría realizada al contrato, quien inició su intervención realizando un recuento cronológico de lo que ha sido el proceso administrativo de la auditoría especial efectuado por el órgano de control.
Del Rio señaló que lo que estipuló el contrato de concesión es que el proyecto vial contaría con tres fuentes de ingresos: peajes, Alcaldía y Valorización, y una vigencia estimada de 15 años.
En el primer año, asegura, el Distrito dispuso de más de 10 mil millones de pesos para que la Concesión iniciara la obra, no obstante los recursos no fueron ejecutados en su totalidad y la Contraloría identificó que en atención al modelo financiero de la propuesta y el análisis realizado al modelo financiero ejecutado por el concesionario, quedó un excedente de $5.859.646.047, que no fueron invertidos en el proyecto, generándose de esta manera un presunto hallazgo administrativo con alcance fiscal, que equivalen a precios corrientes a la suma de $7.535.504.817.
El segundo aspecto relevante señalado por el funcionario tiene que ver con la recuperación de la inversión del concesionario, cuya Tasa Interna de Retorno sería del 17,22% y que luego de la observación realizada por la Contraloría a la cifras presentadas por Concedente, Concesionario y Supervisión, a la fecha de finalización del periodo de enero 20 del 2016 a enero 20 de 2017, el flujo de caja neto alcanzaría el valor de $13 mil millones de pesos, valor con el cual se cumple la totalidad de la inversión.
Posteriormente le siguió en el uso de la palabra el director del Departamento Administrativo de Valorización, indicando que el contrato actualmente se encuentra en la ejecución de la etapa de ejecución plena la cual se inició el día 2 de diciembre de 2002 mediante acta suscrita por el Distrito, El Concesionario y La Interventoría, y se autoriza la apertura de la Estación de Peajes Bazurto, dando inicio de esta manera a la operación plena del Proyecto Corredor de Acceso Rápido a la Variante de Cartagena.
Asegura que este plazo se pactó en la cláusula segunda del contrato en 150 meses, de manera que desde esta óptica debería estarse terminando.
Agregó que el otrosí No. 9 del 11 de septiembre de 2006, en la cláusula quinta estableció: “Si al terminar el tiempo de operación plena, establecido en la Cláusula Segunda del Contrato de Concesión Principal F, modificada por la Cláusula Segunda del Otro Si No.4 Literal d, numeral 3; no se ha logrado, con el procedimiento de incremento de tarifas descrito con anterioridad, el valor de 17,22% de la tasa interna de retorno del proyecto vigente para el contrato principal y sus adicionales, se ampliará el plazo de la etapa de operación plena hasta que se logre cumplir con el valor de la tasa interna de retorno pactada contractualmente y establecida en 17.22%. PARAGRAFO: el nuevo plazo se establecerá cada vez que se calcule la tarifa para cada año de operación en la forma anteriormente indicada y será equivalente al tiempo necesario para que se cumpla la tasa interna de retorno determinado en el 17,22%”.
Respecto a los criterios de evaluación y seguimiento al contrato señaló las siguientes vías:
- INTERVENTORIA DE EDURBE EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: A partir de mayo 24 de 2002, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR (Edurbe S.A) inicia el ejercicio de la Interventoría del proyecto, de acuerdo con el contrato Interadministrativo suscrito el mismo día entre Edurbe y el Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena, durante el período faltante de construcción.
- SUPERVISIÓN DE EDURBE S.A. EN LA ETAPA DE OPERACIÓN PLENA: LA ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A. –EDURBE, suscriben el día 16 de diciembre de 2002, el contrato interadministrativo de Consultoría que tiene por objeto ejercer LA SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN PLENA sobre el cumplimiento del contrato de Concesión N° 0868804 de diciembre 31 de 1.998 suscrito entre el Distrito de Cartagena – Departamento Administrativo de Valorización Distrital y la Sociedad Concesión Vial de Cartagena .S.A.
- La administración Distrital de Cartagena a través del Departamento Administrativo de Valorización, como coordinador del concedente realiza una vigilancia y seguimiento al Contrato Interadministrativo de Consultoría antes mencionado, a través de los siguientes mecanismos:
Ø
Mensualmente se participa del COMITÉ TECNICO DE SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN PLENA DEL CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA.
Ø
Se realiza mensualmente Comité de verificación de Supervisión al informe presentado por Edurbe S.A.
Ø
Contamos con un equipo interdisciplinario que analiza los informes presentados por Edurbe S.A. como Supervisor del Contrato en mención, quienes realizan las recomendaciones.
Concluyó anunciando que se contratará un Fondo de inversión para que haga un análisis exhaustivo que permita esclarecer el cumplimiento de la TIR.
Más adelante intervino el representante de Edurbe, quien manifestó que los $5.900 millones de pesos que dejaron de invertirse en el primer año del proyecto posteriormente fueron invertidos en los años subsiguientes, y planteó además que las diferencias en los valores radica en la forma como se está proyectando la TIR, considerando que la Contraloría situó su análisis en el cuarto año del proyecto y no en el primero, y adicionalmente, no realizó la deflactación correspondiente de los valores.
Por último participó el representante legal del Concesionario, René Osorio, quien relató la línea cronológica de revisiones y auditorías al contrato.
De esta, destacó el análisis financiero realizado por la firma Inverlink en el año 2009, cuyos resultados fueron favorables para el Concesionario. Asimismo, señala que en el 2011 la Contraloría Distrital realizó una auditoría, con los mismos auditores que realizaron el informe en diciembre de 2016, y para la fecha, habiendo analizado los mismos elementos financieros, su concepto fue que “la TIR se estaría cumpliendo en el periodo 22 o sea en el año 2019, extendiéndose cinco (5) años más el periodo de cumplimiento de la TIR pactada…”, razón por la cual cuestiona el cambio de parecer de los funcionarios en el informe del año pasado.
Agregó que en 2013 se falló una acción popular interpuesta por la ex alcaldesa Judith Pinedo, y en la sentencia se aclaró que el contrato no viola ninguno de los tres derechos colectivos que fueron reclamados por la mandataria. En el mismo año, la Fiscalía también emitió el resultado de una investigación adelantada, en el que concluye que “no se tipifica delito descrito como celebración indebida de contrato ni celebración ilícita, así como tampoco un detrimento al patrimonio público, pues toda inversión fue privada y su recuperación pactada bajo los presupuestos contractuales; según lo viabiliza el Numeral 4 del artículo 32 del Estatuto de Contratación Administrativa o Ley 80 de 1993”.
De igual forma, en 2014, la Contraloría General de la Republica, en un informe de auditoría conceptuó que “acorde a los flujos netos de efectivo, el concesionario ha obtenido una Tasa Interna de Retorno TIR a diciembre 31 de 2012 equivalente a 10,31%. Ahora bien la TIR pactada contractualmente del 17,22%, podría alcanzarse de acuerdo a la modelación financiera en enero del año 2018…”
Luego de este recuento, Osorio procedió a presentar una serie de denuncias en contra de Eduardo del Río Rodríguez, Wilmer Salcedo Misa y Miguel Torres Marrugo, auditores de la Contraloría Distrital, asegurando que estos le propusieron realizar un pacto fraudulento, a cambio de hacer el ajuste al excedente del primer año, y trasladarlo al segundo año favoreciendo a la Concesión, siempre y cuando los recursos que quedaran de la diferencia del ajuste, fueran repartidos entre ellos, partiendo con una entrega inicial de 250 millones de pesos.
El abogado asegura tener evidencias de las constantes visitas y llamadas telefónicas que realizó Del Rio a su oficina, intentando abordarlo para presentarle la propuesta. Además indicó que sería el asesor de despacho del Alcalde, Orlando Periñán quien estaría ejerciendo presión para que se estructurara la auditoría y se establecieran los supuestos hallazgos.
Al concluir las intervenciones de los citados, tomó la palabra el concejal Américo Mendoza (ASI) para señalar que ante tal situación, es pertinente sugerirle a la Administración que contrate una universidad con prestigio nacional o una banca de inversión, para que adelante un estudio y determine el cumplimiento del retorno de la inversión. Para el cabildante, las diferencias metodológicas en la proyección de la TIR no permiten tener claridad frente a la vigencia del contrato.
Respecto de las denuncias presentadas por el señor René Osorio, manifestó ser respetuoso del proceso que los órganos de investigación vayan a iniciar, por lo que considera que el Concejo no debe intervenir.
Por su parte, el concejal Cesar Pión (La U) difiere en que sea un tercero quien realice este análisis, y propone que sea la Contraloría General de la República, a través de un control excepcional, la entidad encargada de esclarecer si existe un vencimiento del contrato o no. Concluyó solicitando que ante las denuncias realizadas durante el debate, se envíe el acta de la sesión a los órganos de investigación.
Finalmente el presidente de la Corporación, Lewis Montero (Opción Ciudadana) determinó aplazar para la sesión de mañana la discusión y aprobación de una proposición formulada por el concejal Américo Mendoza, a través de la cual se presentaban las conclusiones del debate y se solicita más información para continuar con el control político a este tema.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para mañana, a partir de las 8:30 a.m., en las instalaciones de la Corporación.
Ver sesión aquí: https://www.youtube.com/watch?v=z6dkjK0wRnU
Escrito por Alejandra López, coordinadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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