Se posterga debate de control político sobre servicio de aseo y vigilancia en escuelas de Bolívar

El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.

Bitácora del Observatorio a la Asamblea de Bolívar, 16 de agosto de 2023

Hora de Inicio: 9:48 a.m.

Hora de finalización: 11:16 a.m.

Iniciado el orden del día se dio lectura de un oficio del representante de DELTHAC 1 Seguridad Ltda, Pedro Sánchez, mediante el cual expone que por compromisos previos no podría asistir a la citación de la Asamblea a debate de control político sobre servicio de aseo y vigilancia en instituciones educativas.

Luego, el presidente José García dio la bienvenida al Alcalde de Pawtucket, Rhode Island, Donald Grebien, quien se encuentra en el departamento con el propósito de avanzar en un convenio que promueve la enseñanza bilingüe en la Institución Educativa Francisco de Paula Santander en Arjona. García resaltó el impacto positivo de esta iniciativa en el municipio.

La diputada Sofía Ricardo (ASI) elogió la presencia del Alcalde como muestra del compromiso de Pawtucket con Arjona. Destacó que el programa piloto de educación bilingüe ha brindado nuevas oportunidades a niños y jóvenes en Arjona. Además, expresó que todas las alianzas serán bienvenidas.

El Alcalde Grebien expresó su agradecimiento por la invitación de la Asamblea. Agregó que la inversión para el bilingüismo en Arjona es importante para la ciudad de Pawtucket. Hizo hincapié en la necesidad de mantener el compromiso y señaló la importancia de trabajar en una alianza entre el estado de Rhode Island y el departamento de Bolívar para expandir esta iniciativa a otros municipios de la región.

Siguiendo el orden del día, se procedió a la citación de la Secretaría de Educación y de los contratistas de las empresas DELTHAC 1 Seguridad Ltda y Don Aseo Ltda dentro del debate de control político sobre la prestación del servicio de aseo y vigilancia en las instituciones educativas del departamento. Sin embargo, en la sesión solo estuvo presente la Secretaria de Educación, Verónica Monterrosa.

El diputado citante, Víctor Mendoza (Cambio Radical) manifestó inconformismo con la ausencia de los representantes de las empresas pues su presencia era necesaria para el debate. Agregó que ciudadanos en algunos municipios han denunciado que la Secretaría no ha contratado el servicio de vigilancia Ante esta situación, preguntó cuál era el criterio utilizado para asignar vigilantes a algunas instituciones y no a otras.

En relación al servicio de aseo, mencionó que, según la información enviada, el contrato abarcó únicamente a 46 instituciones educativas. Mendoza manifestó inquietud con la fecha de finalización del contrato, la cual es el 31 de diciembre de 2023 siendo que el calendario académico acaba mucho antes. Indicó que no tiene sentido prestar ese servicio cuando los estudiantes no están en las instituciones. 

Además, señaló que algunos trabajadores contratados por la empresa alegaron que se les hizo firmar la terminación del contrato el mismo día que firmaron el contrato de inicio. Señaló que se debe solicitar a la empresa los contratos laborales con el fin de corroborar esta información. 

Para iniciar su informe, la Secretaria Monterrosa informó que existe una disminución en los recursos que están disponibles para la contratación de los servicios de vigilancia y aseo. A pesar de un incremento en la asignación de recursos para el sector, este aumento resultó ser menor al incremento en el salario mínimo y las prestaciones de los maestros, que representan el 98% del total de los recursos. Entre 2021 y 2022, las asignaciones aumentaron un 7%, mientras que el salario mínimo experimentó un aumento del 10.5%.

Detalló que, en 2020, se destinaron $9.213 millones para la vigilancia, cantidad que fue aumentando en 2021 y 2022. No obstante, para 2023, la asignación disminuyó a $6.759 millones. El servicio de aseo, en contraste, no fue contratado en 2020 y 2021 debido a la falta de uso de las instalaciones escolares. En 2022, se contrató el servicio con fondos de emergencia; y para 2023 la asignación fue de $4.168 millones. 

La Secretaria mencionó que los recursos son insuficientes para cubrir totalmente la vigilancia en todas las instituciones educativas, ya que se requerirían al menos $160.000 millones anuales de fondos propios. En el caso del servicio de aseo, se necesitarían al menos $9.000 millones para abarcar las instituciones principales. 

Informó que la cobertura en vigilancia para 2023 ha sido del 22% debido a que los recursos han disminuido. Además, detalló los criterios para asignar vigilantes incluyen si se trata de un megacolegio, si existe acuerdo sindical y si es una institución educativa principal y cuenta con sala de sistemas.

En cuanto al servicio de aseo, recalcó que el contrato de aseo se ajusta al calendario académico. Detalló que la cobertura fue del 37% en 2022 y del 20% en 2023. Se refirió a la falta de colaboración con las alcaldías, lo que ha complicado la prestación de ambos servicios.

Al concluir la intervención, el diputado Víctor Mendoza (Cambio Radical) cuestionó la falta de coherencia entre las cifras presentadas en los recursos asignados para las vigencias 2022 y 2023 y los contratos realizados con la empresa de aseo. Hizo hincapié en que la Procuraduría debería examinar detenidamente los contratos de estas empresas, ya que su gestión por parte de los contratistas no ha sido adecuada. Propuso realizar una audiencia pública para invitar a las personas que están prestando el servicio de aseo.  

Por su parte, el diputado Elkin Benavides (Liberal) señaló que el propósito original del contrato de vigilancia no se está cumpliendo, ya que se siguen registrando robos en instituciones que cuentan con el servicio. Mencionó que se carecía de los estudios previos necesarios. También expresó su descontento por la falta de información completa en el informe, como la ausencia de actas de seguimiento y supervisión del contrato, la cantidad de instituciones con salones de sistemas y las razones detrás de las numerosas adiciones realizadas al contrato.

En respuesta, la Secretaria explicó que las adiciones se realizan debido a la incertidumbre sobre el monto total que se destinará a los servicios complementarios al comienzo del año. Aclaró que la Secretaría no tiene acceso a los contratos de los trabajadores ya que la empresa contratada goza de autonomía financiera, técnica y jurídica. Informó que los 24 megacolegios del departamento, junto con al menos 35 instituciones rurales principales, cuentan con salas de informática. Además, subrayó que el objeto del contrato de vigilancia se está cumpliendo, considerando que se trata de un servicio sin armas. Agregó que los objetos robados han sido recuperados a través de la póliza de seguro.

El diputado Elkin Benavides (Liberal) solicitó que se hiciera llegar a los diputados el acuerdo sindical y un listado de las 35 instituciones que tienen salas de sistema para corroborar que tienen servicio de vigilancia. 

Finalmente, el diputado Víctor Mendoza (Cambio Radical) pidió que se envíe una solicitud a las empresas para obtener la información requerida por los diputados y propuso fijar una nueva fecha para el debate. El presidente indicó que se procederá a solicitar la información tanto a la empresa como a la Secretaría de Educación. 

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el martes 22 de agosto a las 9:00 am.

Escrito por Gabriela Carolina Bustillo Lora, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.

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