El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 27 de junio de 2023
Hora de Inicio: 9:31 a.m.
Hora de finalización: 12:01 p.m.
En esta sesión estaba programada la presentación del informe de gestión de la Secretaría de Participación, Familias en Acción y UMATA. Antes de aprobar el orden del día, fue modificado por proposición del concejal Javier Julio (Coalición Alternativa) para que el punto de documentos y proposiciones se diera antes que los informes. El concejal Sergio Mendoza (Alianza Verde) solicitó que del orden del día se excluyera la presentación de UMATA ya que no estaba presente el titular de la dependencia.
Se dio lectura a un documento de la Fundación Diálogo Social de Cartagena de Indias, en el que solicita al Concejo no estudiar ni aprobar el Proyecto de Acuerdo sobre el Plan de Ordenamiento Territorial argumentando que tendría fallas en su estructuración y socialización con la ciudadanía. A su vez, proponen que el nuevo POT sea prioritario en el empalme con la nueva administración.
Seguido, por proposición del concejal Javier Julio (Coalición Alternativa) se declaró sesión informal en la que se escuchó al ciudadano Germán De Vos quien expresó su inconformismo por la gestión del IPCC en el pago a las comparsas por su participación en las fiestas de independencia del 2022, explicó que la empresa Plaza Mayor entregó una factura general al Distrito por la realización de las fiestas y no desglosada, como lo requiere el IPCC, por lo anterior, no se han podido dar los pagos.
La ciudadana Dalia Meléndez expresó que en el corregimiento de Barú hay 150 niños con problemas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y otros problemas cognitivos, los cuales no han podido ser atendidos por la falta de recursos y profesionales. Esto también ha afectado la organización de una jornada de salud integral en el corregimiento. Por lo tanto, hizo un llamado a la Alcaldía y al Concejo para que se integren en el CAP de Barú profesionales que puedan hacer incidencia en la situación.
El concejal Javier Julio (Coalición Alternativa) recordó el seguimiento que ha hecho el Concejo a las Fiestas de la Independencia del 2022 y las múltiples denuncias públicas que se han dado durante la realización. Añadió que, a su consideración, el Director del IPCC sabe que no puede realizar los pagos porque no tiene forma de sustentar cómo se feriaron los recursos para las fiestas. Añadió que en un informe de auditoría de la Contraloría se evidenció que subcontrataron todas las actividades de la fiesta, por lo que se debería citar a un debate de control político al respecto.
El concejal Óscar Marín (Conservador) solicitó pronta respuesta a una proposición en la que se solicita a la Secretaría de Educación información de la población con necesidades educativas especiales que están siendo atendidas con los recursos del Gobierno Nacional y qué profesionales han sido contratados, pues sería un insumo para un futuro debate de control político.
Por otro lado, Marín manifestó que se debería convocar nuevamente a un debate de control político al IPCC por incumplimiento de pagos a gestores culturales por las Fiestas de la Independencia 2022, en el que participen los gestores y se proponga una moción de observación. A esto el concejal César Pión (La U) sugirió elevar las denuncias a los organismos de control respecto a ambos temas socializados por la ciudadanía. Para el segundo caso explicó que el Distrito podría verse involucrado en una investigación por homicidio culposo por su gestión frente a la salud mental de la ciudadanía.
El concejal Rodrigo Reyes (Conservador) se mostró inconforme con la falta de pago e indicó que con debates de control político no se van a lograr los pagos sino que tienen que ser acciones legales.
Durante sesión informal tomó la palabra un funcionario del Ministerio de Vivienda quien hizo saber que hace presencia en el Concejo para dar claridades sobre el proceso de titulación de viviendas en los barrios San José de los Campanos y Nelson Mandela. Recomendó a los concejales conceder las facultades para ceder a título gratuito y luego la caracterización para no crear falsas ilusiones en los habitantes, desde allí y con esas facultades se entregan las certificaciones individuales a los habitantes de dichos barrios.
El concejal Óscar Marín (Conservador) mencionó que en la Loma del Marión y otros 16 barrios de la ciudad hay problemas de titulación de tierra desde hace 40 años por lo que pidió a los funcionarios apropiarse de esta situación. El concejal Rodrigo Reyes (Conservador) recordó que hasta el momento en el Concejo no está presentado algún proyecto sobre titulación de predios. En ese sentido el concejal César Pión (La U) indicó que en Corvivienda está el presentar este proyecto al Concejo.
Por parte de la Personería Distrital, Marcos Llanes, se refirió a la comunidad de Nelson Mandela que ha insistido en la titulación de sus viviendas. Agregó que la legalización de estos barrios tiene que ir de la mano de la normalización urbanística reduciendo los riesgos propios del terreno y acceso a servicios públicos.
Finalizada la sesión informal y continuando con el orden del día, se llevó a cabo la presentación de los siguientes informes de gestión:
- Secretaría de Participación y Desarrollo social
Por su parte, la Secretaria Cielo Blanco recordó la misionalidad de la Secretaría. Seguido indicó que su presupuesto para el año 2023 correspondió a $1.561 millones en gastos de funcionamiento y $21.766 millones en inversión, para un total de $23 mil millones, el cual se ha ejecutado en un 49%. Sobre sus metas en el Plan de Desarrollo indicó que cuenta con 21 programas de los cuales 13 tienen un cumplimiento alto, 6 un cumplimiento medio y 2 en bajo cumplimiento.
En el programa “Centro para el emprendimiento y la empleabilidad” tiene un avance del 53% para el cuatrienio y un 5% en el 2023 con una ejecución del 28% de su presupuesto; “Mujeres con autonomía económica” con un 78% de avance al cuatrienio y 47% en el 2023 para una ejecución presupuestal del 30%. Del último programa, el concejal Luis Cassiani (Cambio Radical) denunció que la Secretaría de Participación está contratando con una ESAL que había denunciado el Alcalde en el libro blanco para su ejecución por un total de $3 mil millones. El contratista corresponde a la corporación YENSHA ONG con quien se suscribió el convenio 027.
El concejal Cassiani instó a realizar un debate de control político al respecto. Esta intervención fue apoyada por los concejales Hernando Piña (Liberal) y Rodrigo Reyes (Conservador) quienes expresaron la gravedad de lo sucedido.
Continuando con su presentación, la Secretaria Blanco explicó el avance de los programas justo a sus metas para el 2023: se han formado 116 de 194 jóvenes en emprendimiento; se tiene un 0% en la ubicación de 270 jóvenes en puestos laborales e igual en la de 60 iniciativas productivas creadas; se han capacitado a 44 de las 45 organizaciones comunales programadas y se han dotado a 69 de 330 programadas; formación a 95 de 136 mujeres en liderazgo con enfoque diferencial; y se han capacitado a 1.214 personas en acciones para prevenir la violencia contra la mujer.
A su vez, no se han creado nuevos comités para la lucha contra el delito de la trata de personas; se han atendido a 33 de la meta de 80 mujeres víctimas de violencia; 6 instituciones educativas de 27 desarrollando la estrategia Escuelas Libres de Sexismo; en el programa de protección a la infancia y adolescencia para la prevención y atención de la violencia 4 de sus 5 metas se encuentran en 0% de avance excepto la de vinculación de 6655 menores de edad en situación de alto riesgo social a acciones de prevención; destacó la realización de actividades lúdicas, espacios de formación sociopolítica, participación en espacios culturales, entre otras.
Durante su presentación, el concejal Luis Cassiani (Cambio Radical) solicitó a la Secretaria enviar información sobre el contrato de Yulieth Martínez Mallorca, funcionaria de la Secretaría de Participación. El concejal César Pión (La U) mencionó que la ejecución de políticas públicas debe ser tenida en cuenta en el Distrito, igual que los centros de atención a personas. Sugirió también realizar un debate de control político sobre la gestión de la Secretaría donde traiga copia de los convenios. El concejal Rodrigo Reyes (Conservador) respaldó la solicitud del concejal y propuso suspender el informe.
Por lo anterior, el informe fue suspendido. El presidente Lewis Montero se mostró inconforme por la ausencia de concejales e hizo un llamado a lista para comprobar el quórum constatando la presencia de 10 concejales (Barrios, Montero, Piña, Kattya Mendoza, Suárez, Arboleda, Cassiani, Reyes, Marín y Pión).
- Familias en Acción
El funcionario Edgar Arrieta, se refirió al programa Renta Ciudadana, el cual, hasta el corte del 15 de mayo, atendió a 32 mil personas en los 12 puntos de atención y programas de oferta institucional en todo el territorio de la ciudad. Del programa se pagaron incentivos por un total de $13.220 millones, distribuidos entre 56 mil familias. Al 31 de diciembre, se tenían inscritas 74.141 familias beneficiarias destinadas a recibir el incentivo correspondiente, de acuerdo con la composición de cada familia beneficiaria, según el corte del 15 de mayo.
El presupuesto asignado para el programa es de $2.037 millones y se ha ejecutado hasta un 75%, gracias a un convenio entre el Gobierno Nacional y el Distrito para brindar apoyo técnico y operativo al programa. Sin embargo, aún no se ha realizado el pago al total de las 74 mil familias debido a dificultades con el Sisbén, ya que este es un requisito obligatorio.
El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) indicó que el funcionario no fue completo en su informe pues no detalló la vinculación de contratación de OPS, impacto en el Plan de Desarrollo, entre otros temas. En respuesta en funcionario Arrieta indicó que en su correspondencia solo está la ejecución de los recursos enviados por la nación como apoyo a la operación del programa de renta solidaria.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el miércoles 28 de junio de 2023; a las 9:00 a.m.
Escrito por Jesús David Correa Turizo, investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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