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Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 3 de agosto del 2026
Hora de Inicio: 9:30 a.m.
Hora de finalización: 10:21 a.m.
Iniciada la sesión plenaria del Concejo de Cartagena, el secretario del Concejo dio lectura a una proposición de la bancada ASI para conformar una comisión accidental de seguimiento y promoción de una mesa técnica interinstitucional sobre vivienda turística, estancias de corta duración, el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena y la regulación del Registro Nacional de Turismo (RNT).
La proposición plantea conformar la comisión accidental para realizar análisis técnico, solicitar a la Secretaría de Planeación Distrital la instalación conjunta de una mesa técnica dentro de los 10 días hábiles siguientes, e invitar a participar a entidades como Corpoturismo, la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, el DADIS, la Dirección de Control Urbano, la Cámara de Comercio de Cartagena, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, representantes de plataformas, gremios y la Asociación Gremial de Vivienda Turística. Sometida a consideración, la plenaria aprobó la proposición presentada.
Continuando con el orden del día, por proposición de la concejal Laura Díaz (Alianza Verde) se aprobó sesión informal para escuchar a actores culturales quienes se referirían al estudio del proyecto de acuerdo 110 sobre la creación de una entidad para el manejo de las fiestas:
- La representante del Comité por la Revitalización de las Fiestas de Independencia, Gina Ruz, Expuso que el pasado 30 de julio radicaron nuevas observaciones y una petición ante la corporación al considerar que las decisiones contempladas en la iniciativa «constituirían un vicio de fondo por falsa motivación en el debate del Proyecto de Acuerdo 110 de 2026». Ruz recordó que el pasado 17 de julio las festividades fueron declaradas Patrimonio de la Nación y se aprobó su Plan Especial de Salvaguardia (PES) tras un proceso participativo de casi diez años con más de 2.000 personas. Asimismo, explicó que la normatividad contenida en las Leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008 establece al PES como el instrumento técnico de gestión obligatorio, precisando que «el Plan Especial de Salvaguardia en su línea de fortalecimiento organizativo establece expresamente el fortalecimiento institucional del IPCC como ente rector de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre». La gestora alertó que «la creación de un órgano rector independiente o paralelo al IPCC generaría una modificación sustancial del modelo de gobernanza evaluado y aprobado por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, lo que pone en riesgo la reciente declaratoria como Patrimonio de la Nación», por lo que solicitó formalmente convocar a una mesa de trabajo interinstitucional, pedir un concepto técnico y jurídico previo al Ministerio de Cultura y evaluar la compatibilidad de la propuesta con el régimen patrimonial.
- La gestora cultural Marisa Zúñiga expresó la profunda preocupación del sector artístico frente al avance de la propuesta, cuestionando la coherencia institucional e interrogando a los cabildantes: «¿por qué hoy están dando mérito a una propuesta que busca privatizar y comercializar precisamente aquello que ustedes protegieron?». Zúñiga sostuvo que privatizar las festividades impacta negativamente a las artes plásticas, disfraces, comparsas y carrozas, señalando que «Sin las artes plásticas las Fiestas se quedan sin alma y privatizarlas es condenar a esos creadores a ser proveedores de un negocio, no guardianes de un patrimonio». Aseveró además que «las Fiestas son de la gente, no de una empresa. Cada carroza es una obra de arte, cada disfraz son meses de trabajo de un artista plástico de barrio», por lo cual solicitó archivar la propuesta de privatización por ser incompatible con el PES y conformar de manera urgente una mesa de diálogo constructivo con la delegación que sustentó el documento en Bogotá, el Comité, Funcicar, el Concejo Distrital, el IPCC, el Fondo Mixto, la Alcaldía, los grandes lanceros y el Consejo Distrital de Cultura.
- El ciudadano Luis A. Salazar argumentó que las festividades no constituyen un servicio público sino un derecho fundamental, manifestando que «Las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre de Cartagena no son un servicio público, son un derecho constitucional». Salazar sostuvo que la administración incurrió en presuntas violaciones a la Ley 1551 de 2012 al no consultar al Consejo Distrital de Cultura ni garantizar una participación comunitaria real en las audiencias. Asimismo indicó que «En el constitucionalismo moderno, los derechos fundamentales poseen características jurídicas estrictas que lo sitúan fuera del mercado y del comercio humano» y recalcó que «Cualquier intento de un gobernante por vender, subastar o condicionar económicamente un derecho superior constituye una violación directa de la Carta Magna y un abuso de poder», expresando su rechazo a la creación de una oficina con participación de socios privados.
- El representante de la comunidad educativa en el consejo distrital de cultura, Alfonso Arce, destacó el trabajo continuo de la escuela pública en la revitalización festiva, informando que 84 de 87 instituciones oficiales participan en los preparativos del desfile estudiantil, el Festival Oreste García y los preludios de los maestros. Arce propuso incorporar maestrías en patrimonio y pedagogía en la formación docente, realizar un seminario nacional anual sobre pedagogía y cultura a través del SUTEP, y consolidar los fondos docentes que asignan 10 millones de pesos a cada colegio para garantizar la participación estudiantil.
- El abogado y poeta Martín Salas reivindicó la trascendencia histórica del 11 de noviembre frente a otras fechas patrias, expresando que «El 20 de julio no ocurrió nada en Colombia. El 11 de noviembre sí ocurrió algo histórico». Salas recordó que «El Cabildo, que soy uno de los fundadores, surge como una respuesta patriótica ciudadana frente al reinado de belleza» y concluyó que «si hay una declaración patrimonial de ustedes, y hay una declaración patrimonial de la nación, toda iniciativa debe tener ese soporte» para no desvirtuar el carácter patrimonial de la ciudad.
- El ciudadano Jordan Jiménez cuestionó las decisiones de la corporación por considerar que atienden a intereses particulares y han desatendido históricamente a las clases populares, expresando que «quienes acentúan en este recinto, según sus decisiones, representan a la élite criolla racista agrupada en el Club Cartagena». Jiménez recurrió a fuentes historiográficas y conceptuales para recalcar que «La fiesta instaura la acción en su sentido ritual, teatral, valorando la acción, el tiempo vivencia, el espacio integral como experiencia de participación», demostrando que las festividades son una vivencia colectiva no mercantilizable. Asimismo, alertó sobre los procesos de gentrificación que redujeron la población nativa de Getsemaní de 5.000 habitantes en 2005 a 448 en 2025, y criticó la ambigüedad en torno al 20% de participación privada propuesto en el P.A. 110. Concluyó advirtiendo que «Si hoy el distrito pretende trasladar esas funciones a una nueva entidad, debe mostrar que esa modificación es compatible con el PES y con el régimen nacional de protección de patrimonio cultural inmaterial», evitando poner en riesgo las medidas institucionales de salvaguardia vigentes.
Finalizada la sesión informal, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) señaló que existen posiciones encontradas entre la ciudadanía con relación al proyecto de acuerdo en discusión. Por lo anterior, Barrios solicitó al coordinador de la iniciativa convocar con celeridad una mesa de trabajo para escuchar a las distintas vertientes ciudadanas antes de tomar una decisión final, anunciando su participación en dicho espacio.
Por su parte, la vicepresidenta Mónica Villalobos (Movimiento Cartagena Mejor) informó que la concejal Laura Díaz (Alianza Verde) se encuentra organizando con las personas que intervinieron, una mesa técnica de trabajo para el día de mañana. A su turno, el concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) reconoció que, aunque el segundo debate de la iniciativa estaba programado para el día de hoy, pero se optó por brindar un espacio previo de escucha ante las inquietudes planteadas por la comunidad. Córdoba manifestó su respaldo a la realización de la mesa de trabajo y añadió que próximamente dará a conocer su postura personal frente al proyecto.
Agotado el orden del día, se levantó la sesión y convocó para el martes 4 de agosto de 2026 a las 9:00 a.m.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
Foto: El Universal
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