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Administración afronta 2.527 procesos judiciales con pretensiones por $2.448 millones

Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena de Indias, 8 de marzo de 2023

Hora de Inicio: 9:01 a.m.

Hora de finalización11:18 a.m.

En esta sesión plenaria del Concejo de Cartagena estaba programada la socialización del informe de la Secretaría de Planeación, Control Urbano y Oficina Jurídica Distrital.

Antes de iniciar el orden del día, fue modificado por proposición de la concejal Liliana Suárez (ASI) para que los documentos y proposiciones estuvieran primero en el orden del día. Iniciado el orden del día, el presidente Lewis Montero, dio unas palabras en conmemoración del día de la mujer y resaltó la labor de las mujeres que laboran en el Concejo.

Sumado a esto, la concejal Liliana Suárez (ASI) recordó porqué se conmemora el día de la mujer, teniendo como origen la masacre a mujeres que protestaban por sus derechos laborales. Por su parte, reconoció el incremento de los espacios de participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones como el Concejo. También instó a seguir trabajando para mejorar las condiciones que rodean a las mujeres y les permiten crecer personalmente.

Continuando con el orden del día, se dio lectura a una solicitud de información al EPA radicada por el concejal César Pión (La U) respecto a los permisos de construcción en zonas de cuidados ambientales especiales como la ronda hídrica, en las cuales, a día de hoy, se están realizando remociones de tierras al lado de mangles.

Seguido, el concejal Pión presentó proposición para aplazar la socialización del informe de gestión de la Secretaría de Planeación y control urbano, detallando que se había solicitado más detalles, los cuales fueron remitidos al Concejo el día de ayer en horas de la noche, agregando más de 200 páginas, por lo que no hubo tiempo para su estudio.

Al ser sometida a consideración, esta fue aplazada con los votos de 9 concejales (Barrios, Cassiani, Curi, Meza, Montero, Piña, Pión, Suárez, Toncel), 4 concejales negativamente (Arboleda, Julio, Kattya Mendoza, Reyes) y 5 concejales ausentes (Ariza, Caballero, Estrada, Lozano, Sergio Mendoza).

Seguido, por solicitud del concejal Hernando Piña (Liberal) se declaró sesión informal para escuchar a los propietarios de viviendas en el edificio El Conquistador, por lo que tomó la palabra la ciudadana Liz Padilla, quien hizo saber que 12 personas se reunieron en una asamblea extraordinaria de propietarios, violando lo establecido en la Ley 675 respecto al porcentaje de propietarios que deben hacer parte de estas reuniones.

En dicha reunión se eligió un nuevo administrador del edificio El Conquistador, documentación que fue remitida a la Oficina Jurídica para darle viabilidad, solicitud que habría sido acogida mediante Resolución por la Jefa de la Oficina Jurídica Myrna Martínez y la funcionaria Ketty Ruiz Campillo. Padilla Agregó que presuntamente habría un negocio en esta Oficina con la expedición de las resoluciones y añadió que otros conjuntos residenciales también se han visto afectados, a pesar de habérsele advertido a la Administración.

Los concejales Javier Julio (Coalición Alternativa) y Wilson Toncel (Cambio Radical) solicitaron que, aprovechando la presencia de la Jefa Jurídica, esta se pronuncie al respecto. El concejal César Pión (La U) mencionó que este caso debe ser tomado por el órgano judicial, para que los concejales no entren en extralimitación de sus funciones.

Para dar respuesta, la Jefa de la Oficina Jurídica, Myrna Martínez precisó que no puede pronunciarse en profundidad al respecto toda vez que se encuentra en curso la investigación judicial. Sin embargo, aclaró que en la Oficina Jurídica toda documentación que es remitida se presume su legalidad y buena fe, por ello se procedió con la solicitud remitida del edificio El Conquistador. Además, informó que le corresponde a los propietarios que sepan de irregularidades, enviarlas a los organismos judiciales.

Continuando, se llevó a cabo la socialización del informe de gestión de la oficina Jurídica del Distrito, por lo que, Myrna Martínez señaló que se tienen 2.527 procesos de defensa judicial, la mayoría corresponden a 1.053 de nulidad o restablecimiento de derechos, 503 de reparación directa y 447 de acción popular. También se encontró que en procesos de nulidad aumentaron las reclamaciones en sanción por mora de cesantías de docentes. En reparación directa corresponden a fallas en servicios de construcciones sin requisitos de ley y omisión en control de transporte ilegal.

Actualmente los 2.527 procesos corresponden a pretensión por $2.448 millones, algunos procesos con mayores pretensiones corresponden a $912 mil millones por reparación directa, $900 millones por arbitramento y $404 mil millones por nulidad y restablecimiento de derechos. De los fallos de sentencias judiciales, el 58% ha sido a favor de la Administración mientras que el 47% en contra. Por su parte, la defensa jurídica ha aumentado desde el 2020, ahorrando al Distrito más de $73 mil millones.

Por último, hizo saber que en sentencias, conciliaciones y fallos se pagaron un total de $34 mil millones; siendo $12 mil millones de saneamiento de 2021, $18 mil millones de saneamiento del 2022 y $3 mil millones de sentencias, arbitrajes y conciliaciones.

Al respecto, el concejal César Pión (La U) solicitó conocer el avance del fallo judicial de la Popa y Henequén los cuales tienen al Distrito en desacato, además de qué ocurrió con el contrato de vigilancia en el Distrito. La concejal Claudia Arboleda (MIRA) pidió conocer cómo se están manejando los servicios de arrendamiento para personas afectadas por el edificio Quiroz.

Para dar respuesta, la funcionaria Martínez indicó que en el caso de La Popa y Henequén, se está haciendo seguimiento con cada una de las dependencias que se encuentran involucradas en estos casos, a saber, el EPA, Oficina de gestión del Riesgo, Secretarias de Planeación, Interior, Infraestructura, entre otras. Respecto a subsidios de vivienda para damnificados del edificio Quiroz, la Administración no se hará cargo de estos a menos que un juez lo ordene, toda vez que el Distrito fue declarado como afectado dentro de este proceso.

Siguiendo con el orden del día, se dio lectura a un oficio mediante el cual, Asotelca se muestra inconforme por la realización de un evento tipo pick-up en playa Hollywood, la cual afectará la tranquilidad de los turistas que se encuentren hospedados en hoteles cercanos. El presidente Montero indicó que este documento será leído nuevamente en la próxima sesión.

Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el jueves 9 de marzo de 2023; a las 8:30 a.m.

Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.

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