El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena de Indias, 31 de enero de 2023
Hora de Inicio: 9:30 a.m.
Hora de finalización: 12:50 p.m.
Para esta sesión del Concejo de Cartagena estaba programada la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo 180 que modifica acuerdo que permite realizar operaciones de crédito público. Iniciado el orden del día, se dio lectura a los siguientes documentos:
- Oficio mediante el cual la Administración señala que el Concejo extralimita sus funciones, atentando contra la participación ciudadana en las audiencias públicas al aplazar estas alegando que es necesaria la presencia de los funcionarios. El documento aclara que, según el reglamento interno del Concejo, en las audiencias públicas no es necesaria la presencia de la Administración. También solicita que se continúe con el trámite de los proyectos.
- Excusa enviada por la Jefa de la Oficina Jurídica, Myrna Martínez, para no asistir a la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo 180 que despignora recursos para Corvivienda, lo anterior debido a compromisos con el comité de conciliación.
A ello, el concejal César Pión (La U) precisó que el Decreto que convocó a sesiones extraordinarias señala que los proyectos son enviados para su análisis y discusión, por lo que, teniendo en cuenta el artículo 122 del reglamento interno de la Corporación, se citó a los funcionarios para que hicieran presencia en las audiencias públicas.
Aclaró que quien solicitó el aplazamiento de la audiencia fue el Director de Transcaribe, alegando que Álvaro Rengifo, exgerente de Transmilenio, a quien invitó a participar, no se encontraba en la ciudad. También hizo énfasis en la forma en la que se entrega la información al Concejo, y en las labores del enlace de la Administración con el Concejo, ya que no ha sostenido reuniones previas para socializar los proyectos enviados.
El concejal David Caballero (Conservador) sostuvo que la presencia de representantes de la Alcaldía en audiencias públicas no es necesaria, pues la intención del ejercicio es escuchar a la ciudadanía. Los concejales Gloria Estrada (Liberal), Rodrigo Reyes (Conservador) y Carolina Lozano (ASI) sostuvieron que sí es necesario debido a que podrían resolver dudas de la ciudadanía y concejales. Argumentaron que según el reglamento interno sí se puede citar a funcionarios a estos espacios.
El concejal Sergio Mendoza (Alianza Verde) profundizó en la necesidad de que asistan los funcionarios a las audiencias públicas para justificar los proyectos. Seguido y por su solicitud, el Secretario General de la Corporación dio lectura a la trazabilidad que ha tenido el estudio de los proyectos radicados, teniendo en cuenta las excusas de los funcionarios.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el miércoles 1 de febrero de 2023; a las 8:30 a.m.
AUDIENCIA PÚBLICA
En sesión de Comisión Primera y Segunda se realizó la audiencia pública del proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 04 de 2019, a través del cual se autorizó al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias para realizar Operaciones de Crédito Público como fuente de financiación al Programa de Inversiones del Plan de Desarrollo «Primero la Gente 2016-2019: para una Cartagena Sostenible y Competitiva.”
Por parte de la ciudadanía, Ivania García Rodelo, mencionó que en varias oportunidades ha denunciado que Corvivienda no le ha hecho entrega de la vivienda que le fue prometida, mientras que a otras personas se las entregan “a dedo”. Antonio Salinas, denunció una situación similar, ya que en el año 2018 ganó un sorteo de vivienda que no se le ha entregado.
Jennifer Enríquez manifestó que sus derechos como madre le han sido vulnerados, pues Corvivienda no ha realizado la visita técnica y caracterización de su hogar, pero a su domicilio llegó una persona presentándose como abogado de Corvivienda, quien le habría hecho firmar un documento cuya finalidad desconoce. Luz Marina Contreras indicó que por las condiciones de salud de su hijo, este no pudo completar unos cursos en Corvivienda que le permitirían acceder a una vivienda de la que salió beneficiario en un sorteo.
Teresa Masa denunció que Corvivienda ha anunciado que ha finalizado la construcción de varias etapas del proyecto Ciudadela La Paz, lo cual no sería cierto, pues habría viviendas con proyectos estructurales. Además, detalló que se están entregando a terceros viviendas que ya tendrían dueño, como el caso de Antonio Salinas e Ivania García.
También se leyó una ponencia del ciudadano Arturo Blanco Coneo en la que expone que cualquier actividad inherente al crédito sería problemática pues violaría la Ley en cuanto a que en año de elecciones no se puede modificar el crédito público. También teniendo en cuenta una posible participación en política del Alcalde William Dau debido a que prometió mejoramientos de vivienda en año electoral y sugirió que la ciudadanía no elija nuevamente a los actuales concejales.
La ponencia de la ciudadana Luisa Mendivil indicó que los dineros pignorados son la garantía de la misma operación del crédito, por lo que cualquier disminución debe ser aprobada por la entidad financiera, siendo en este caso Bancolombia. Además de que los dineros que se pueden despignorar son de vigencias futuras, no los que se han dado y tienen una destinación específica, a su vez, solo es posible la despignoración en el año 2024, ya que en el año 2023 el impuesto predial fue causado.
Por parte de la Administración, la Secretaria de Hacienda, Diana Villalba, precisó que este Proyecto de Acuerdo pretende modificar el acuerdo 04 de 2019 en el que se autorizó un crédito público por $94 mil millones y que serían invertidos en 3 proyectos; $63 mil millones para proyectos de vivienda, $27 mil millones para mejoramientos de vivienda y $2.567 millones para el Plan Maestro de Vivienda. Sin embargo, los dos últimos no fueron aprobados por el Ministerio de Hacienda, por lo que los recursos no fueron solicitados al banco.
Por lo anterior, mencionó que la intención de este proyecto es que se ajuste el Acuerdo para que el valor del crédito sea el real usado, es decir $63 mil millones y precisó que no están pidiendo facultades para créditos. Seguido, explicó que los recursos que se están despignorando se encuentran en una fiducia, provenientes del Impuesto Predial Unificado (IPU) y destinados a Corvivienda.
El concejal Carlos Barrios (Cambio radical) solicitó que lo expuesto por la Secretaria Villalba sea entregado por escrito, toda vez que en el informe de empalme se les hizo saber una información distinta y que era a la actual Administración a quién le correspondía firmar las garantías del resto de proyectos para crédito.
Por otro lado, precisó que podría estar violando la normatividad al modificar un crédito en año electoral y mencionó que una opción que pudo tener la Administración era actualizar las facultades para retomar los tramites de los dos proyectos faltantes por los que se solicitó el crédito público.
Por su parte, Néstor Castro, Gerente de Corvivienda, expresó su solidaridad con las personas que expusieron sus necesidades y enfatizó que como servidores públicos deben cumplir con la norma y requisitos, por lo que desde que llegó al cargo se ha revisado la documentación y denuncias presentadas debido a asignaciones de viviendas a personas no beneficiarias. Como resultado se expidieron resoluciones que indican qué ciudadanos se hicieron beneficiarios de subsidios y cuales fueron excluidos por el incumplimiento de requisitos.
Detalló que el proyecto de vivienda Ciudadela La Paz, en sus etapas 3, 4 y 5 tienen 96% de avance y se espera que antes del primer trimestre tengan el cumplimiento completo y así entregar las viviendas a personas como las presentes en la audiencia.
La concejal Gloria Estrada (Liberal) solicitó que el Gerente haga llegar las normas en las que se indica que las ciudadanas presentes no pueden ser beneficiarias de los proyectos de vivienda. También pidió al Gerente tener mayor empatía con los afectados. El concejal Rodrigo Reyes (Conservador) le sugirió al Gerente que atienda las solicitudes de la ciudadanía. El concejal César Pión (La U) enfatizó en la necesidad de la presencia de los funcionarios en las audiencias públicas.
Continuando con su intervención, el Gerente Castro mencionó que el Acuerdo 04 de 2019 autorizó un crédito por $94 mil millones, de los cuales solo se utilizaron $63 mil millones para financiar el 60% del proyecto de vivienda Ciudadela la Paz. Sin embargo, al ser el monto usado menor que el autorizado, cada año se han retenido montos de la pignoración de Corvivienda provenientes del IPU siendo $8.906 millones en el año 2020 y $9.185 millones en el año 2021.
Agregó que los recursos que se pretenden descongelar se podrán utilizar en 730 subsidios complementarios de vivienda por $8.468 millones y contratar 600 mejoramientos de vivienda en sector rural por $9.624 millones.
Durante su explicación, las concejales Gloria Estrada (Liberal) y Carolina Lozano (ASI) expresaron su descontento, toda vez que en los mejoramientos de vivienda no se incluye el barrio Nelson Mandela, del cual el Alcalde Dau prometió realizar. Agregaron que los recursos fueron aprobados en el mes de Octubre del 2022 y aún no han sido adjudicados los contratos, lo cual se haría hasta marzo del 2023.
Seguido, la concejal Carolina Lozano (ASI) adicionó que el Concejo seguirá con el estudio del proyecto, sin embargo, no permitirán que sigan mintiendo a la Corporación.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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