Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 8 de junio de 2020.
Hora de inicio: 9:00 a.m.
Hora de finalización: 11:17 a.m.
Iniciado el orden del día, se llevó a cabo la presentación de informe de gestión de la jefa de la Oficina Asesora Jurídica, Myrna Martínez, quien explicó las funciones de esta oficina. Al respecto, el concejal Hernando Piña (Liberal) solicitó información sobre el convenio suscrito con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica pues los objetivos del convenio son similares a las funciones que ya cumple la Oficina.
Por lo anterior, la funcionaria manifestó que el 2 de junio se suscribió un convenio interadministrativo para aunar esfuerzos y brindar asesoría tendiente al fortalecimiento del ciclo de defensa jurídica y optimización de la gestión de la defensa.
Uno de los compromisos es identificar los procesos que requieran fortalecerse para establecer estrategias de prevención de daño antijurídico, para lo cual se entrenará a los defensores del Distrito con capacitaciones, cursos o diplomados.
De acuerdo con Martínez, este convenio no genera ninguna erogación y tiene vigencia de 2 años. Además, aclaró que la Agencia no suplirá al Distrito en la defensa de sus intereses, sino que fortalecerá la acción de los apoderados para identificar los asuntos en los que la ciudad viene siendo reiteradamente condenada.
Además, mencionó que es el primer convenio de este tipo suscrito por la Agencia, pues solo hasta finales del año pasado se modificó el reglamento para efectuar este apoyo a entidades territoriales.
Durante su presentación, la funcionaria expresó lo siguiente:
- Hay 1.958 procesos judiciales contra el Distrito, de los cuales 709 son de nulidad y restablecimiento, 398 acciones populares, 328 reparaciones directas, etc.
- Durante el 2020 se han notificado 103 procesos judiciales, que en su mayoría son reparaciones directas, nulidades y restablecimiento.
- Hasta marzo del 2020 se han presentado por conceptos de embargos la cuantía de $89 mil millones, de los cuales solo han sido aplicados $4 mil millones.
- De acuerdo al reporte histórico de embargos en el Distrito, se puede identificar que en el 2020 el porcentaje de aplicación de embargos es muy inferior a los años anteriores, así:
- De los 64 procesos judiciales que han sido fallados en primera instancia durante este año, el 62,5% han sido a favor del Distrito, y el 37,5% en contra.
- De los 33 procesos finalizados este año y con sentencia ejecutoriada el 54,5% fueron a favor y 45,5% en contra.
- Algunas de las pretensiones más recurrentes contra la Administración están relacionadas con pensiones del Fondo de Pensiones y Secretaría de Educación, nulidades de actos administrativos de tipo tributario, construcciones sin lleno de requisitos, no pago de sentencias judiciales e incumplimiento contractual.
- Se han recibido 401 tutelas, de las que 175 se han fallado a favor del Distrito, aún hay pendientes 136, y 74 se han fallado en contra.
- Por concepto de conciliaciones se adeudan $38.691 millones y la mayoría están en mora desde 2011.
- Hasta la fecha se han presentado 1.734 PQR, de las cuales 679 fueron remitidas por competencias, 253 respondidas, 407 ya fueron asignadas para trámite y 192 están sin tramitar.
- En cuanto a gestión de propiedad horizontal, se han registrado 176 propiedades, de las que 162 ya se tramitaron y hay 14 pendientes.
Durante la intervención de la funcionaria, el concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) solicitó conocer si ha habido procesos en esta vigencia que resulten en contra del Distrito por la no presentación de defensa judicial, es decir, que no se hayan asignado apoderados o que se haya hecho luego del vencimiento de términos. Frente a esto, la jefa jurídica aclaró que no ha habido casos de este tipo.
Sobre el convenio con la Agencia Nacional, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) señaló que no comprende el objetivo del mismo, ya que por mandato legal la Agencia puede participar en todos los procesos que involucren a autoridades públicas.
Además, expresó su preocupación ante una posible intervención de la Agencia en el proceso de APP Corredor Portuario, y sugirió que la Agencia no participe en este tipo de decisiones trascendentales para la ciudad.
En ese sentido, la jefa jurídica explicó que por una modificación en la ley, la Agencia solo interviene en los procesos que vinculen a entidades nacionales y no locales.
El concejal Sergio Mendoza (Alianza Verde) llamó la atención porque la mayoría de PQR deben ser remitidas a otras dependencias, lo que indica que la ciudadanía no tiene claro a dónde debe dirigirse para solicitar información, por lo que considera deben establecerse estrategias al respecto.
Por su lado, el concejal César Pión (La U) destacó la importancia de la defensa jurídica, pues es posible que en los próximos meses el Distrito presente problemas con Transcaribe, concesión Circulemos y de alumbrado público, damnificados de San Francisco, Decretos, POT, traslado de Bazurto y protección costera.
En cuanto a decretos, mencionó el proyecto para establecer áreas de estacionamiento, el cual está en proceso de revisión en la Oficina Jurídica y expresó que el documento podría ser irregular, toda vez que este tipo de reglamentaciones deben estar acordes al POT, lo cual indicaría que es necesario modificar el POT y tramitarlo a través del Concejo.
El concejal Lewis Montero (La U) señaló que se le había dado a entender a la ciudadanía que la Agencia de Defensa Jurídica asumiría los procesos jurídicos, ya que no se les estaba dando la defensa correcta, sin embargo, parece que se trata de una “asesoría para asesores”, por lo que debe informarse cuántas capacitaciones se harán y a quiénes se asesorará.
Por su parte, el concejal David Caballero (Conservador) pidió conocer por qué el Ministerio de Vivienda permitió el vencimiento de términos en el proceso relacionado con los damnificados de San Francisco.
Para atender a las inquietudes, la funcionaria explicó que el 3 de marzo del 2020 el Consejo de Estado falló sobre la solicitud de revisión de la acción de grupo del caso de San Francisco, y el Distrito fue diligente en la presentación de la solicitud pero el Ministerio no lo hizo a tiempo, por lo que el Consejo se pronuncia negativamente ante pretensiones del Ministerio.
Sin embargo, ante las pretensiones del Distrito se resuelve ordenar al Tribunal Administrativo de Bolívar que en el término de 40 días dicte una sentencia de reemplazo; además, explicó que el objetivo es revisar uno de los tipos de perjuicios morales condenados en el fallo.
En lo relacionado al Decreto de estacionamiento, anunció que la Oficina Jurídica está en desacuerdo con el proyecto por considerar que se desconoce el POT. Por otro lado, reiteró que el convenio con la Agencia no es para que se asuma la defensa sino fortalecerla.
Ante una inquietud del concejal Óscar Marín (Conservador), la funcionaria manifestó que el valor de deudas por procesos judiciales es de $980.276.688.395 pero el total de condenas que podría tener el Distrito alcanzan los $2 billones aproximadamente.
Continuando con el orden del día, se dio lectura a los siguientes documentos:
- Documento enviado por el concejal César Pión (La U) al EPA y Secretaría de Planeación resaltando la importancia de los recursos hídricos en la ciudad y de la aplicación de estrategias para su manejo, teniendo en cuenta la celebración del día de los océanos.
- Proposición del concejal Javier Julio (Coalición Alternativa) para citar a la concesión vial, Valorización, Edurbe, DATT, Contraloría y otros, para abordar lo referente a los peajes, estado del contrato, recaudo, tasa interna de retorno, si habrá prórroga por lo que se dejó de cobrar durante la pandemia, etc. Esta proposición fue aprobada con 17 votos a favor y 2 ausentes (Arboleda y Barrios).
- Proposición de la bancada Conservadora en la que solicita información a las entidades descentralizadas, DATT y DADIS sobre los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales, suscrito bajo la modalidad de contratación directa que superen $4 millones. Esta proposición fue aprobada con 18 votos a favor y 1 ausente (Barrios).
- Proposición de la bancada Conservadora en la que solicita información a Talento Humano y Secretaría de Hacienda sobre los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales, suscrito bajo la modalidad de contratación directa que superen $4 millones. Esta proposición fue aprobada con 18 votos a favor y 1 ausente (Barrios).
- Proposición de la bancada Conservadora en la que se cita a ETCAR para dar a conocer el presupuesto de la entidad, su ejecución, los procesos educativos que se adelantan, ingresos por el Castillo de San Felipe, etc. Esta proposición fue aprobada con 18 votos a favor y 1 ausente (Barrios).
Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el martes 9 de junio de 2020; a las 8:30 a.m. a través de videoconferencia.
Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.
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