Asamblea cuestiona Acuerdo que aprueba $2500 millones en el municipio de Barranco de Loba

Bitácora de la Asamblea Departamental de Bolívar, 16 de octubre de 2018.
Hora de inicio: 8:00 a.m.          
Hora de finalización: 11:15 a.m.

Esta sesión de la Asamblea Departamental correspondió a una comisión ampliada sobre la situación actual de las ESE en el departamento de Bolívar. Iniciado el orden del día, fue aprobado el acta 003 del 10 de octubre del 2018.

Posteriormente, el diputado José Bossio (Liberal), como presidente de la comisión de educación, asuntos sociales, medio ambiente y salud, señaló que el objetivo de esta sesión es determinar qué mecanismo será utilizado para realizar control político al tema de salud, teniendo en cuenta que las opciones son un debate o una audiencia pública.

Al respecto, el diputado Manuel Berrío (Cambio Radical) expresó que los debates son la herramienta que tiene la Corporación para abordar este tipo de temas que son de gran importancia para el departamento; además, agregó que este es un problema que surge de los recursos que la nación le gira directamente a las EPS para ser redistribuidos dentro de la red hospitalaria de Bolívar, y para referirse a cómo se ven afectadas las ESE, el diputado tomó como ejemplo el caso de la EPS Mutual Ser, puesto que compite con la ESE Giovanni Cristini.

Berrío sugirió efectuar un debate de control político, y señaló que la información debe requerirse con anticipación a las ESE y EPS, para que de forma posterior se designe una fecha para la realización del debate.

Luego, el diputado Carlos Fernández (La U) expresó estar de acuerdo con realizar un debate de control político y fijar una fecha cuando ya se cuente con toda la información requerida, para que así las EPS y ESE no tengan motivo para excusarse de la citación.

Sobre lo anterior, el diputado Víctor Mendoza (Cambio Radical) manifestó que a la hora de escoger el mecanismo para efectuar control político, es necesario tener en cuenta que al realizarse un debate, algunas de las ESE podrían no asistir a la sesión ya que no le compete a la Administración la redición de cuentas, puesto que el departamento no aporta recursos a todas las ESE.

En ese sentido, señaló que al convocar a una audiencia pública se realizaría un cuestionario específico el cual cumpliría con los requisitos de un derecho de petición y obliga a los funcionarios a responder. Además, sugirió que para abarcar a cabalidad los problemas de salud en el departamento, al momento de hacer control político este se divida por Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES).

Más adelante, el diputado Mario Del Castillo (Centro Democrático) sugirió que dentro de la información requerida se soliciten los balances generales de las vigencias 2016, 2017 y 2018, así como los estados de la actividad financiera, certificación de las cuentas bancarias, entre otros. De la misma manera, propuso llevar a cabo un debate de control político, ya que por este medio se podrá obtener toda la información pertinente.

Seguidamente, el diputado Víctor Mendoza (Cambio Radical) recordó que en sesiones anteriores se propuso citar al contralor departamental, e igualmente, solicitarle los resultados de las auditorías realizadas.

A su turno, el diputado Manuel Berrío (Cambio Radical) sugirió que además de enviar el cuestionario a las ESE, se deben realizar dos cuestionarios más dirigidos a la administración departamental y a las EPS.

Para definir el método de control político a aplicar, se sometió a votación de la plenaria, de manera que el resultado fue de 3 votos a favor del debate de control político y 2 diputados ausentes (Carlos Fernández y Jorge Rodríguez).

Por último, el presidente de la comisión José Bossio (Liberal) propuso que para el día jueves 18 de octubre se realice el cuestionario, de manera que pueda ser enviado a los funcionarios el día viernes. De esa forma se levantó la sesión y se convocó a comisión ampliada para el día jueves a las 7:00 a.m.

SESION PLENARIA

Iniciado el orden del día, se aprobó el acta 003 del 10 de octubre del 2018; luego se dio lectura a dos comunicaciones, así:

  • Oficio mediante el cual el Secretario General de la Asamblea, Manuel Fonseca, presenta su renuncia irrevocable a su cargo, a partir del día miércoles 24 de octubre.
  • Excusa presentada por la Secretaria de Planeación, Mery Luz Londoño, por su inasistencia a la sesión debido a una intervención quirúrgica.

Siguiendo con el orden del día, se realizó una socialización para abordar lo referente a un Acuerdo del municipio de Barranco de Loba, que corresponde a un empréstito de $2.500 millones. Para este fin hizo presencia en plenaria la Secretaría del Interior.

Como diputado citante, el diputado Frank Ricaurte (La U) pidió a los funcionarios explicar el estado del Acuerdo aprobado por el Concejo de Barranco de Loba y presentado por el alcalde de este municipio. Al respecto, el diputado Víctor Mendoza (Cambio Radical) solicitó conocer si se cuenta con un estudio de crédito que certifique si el municipio cumple con la capacidad de endeudamiento requerida.

Por otra parte, el diputado Manuel Berrío (Cambio Radical) manifestó su inconformidad por el retraso en la entrega de información de parte de los funcionarios, ya que la recibió el día de hoy, motivo por el cual se le imposibilita opinar sobre el tema. Además, señaló que el alcalde del municipio debería estar presente en la sesión.

En respuesta, el diputado Frank Ricaurte (La U) aclaró que en los debates de control político se cita a los funcionarios que actúan como organismos de control, que en este caso es la Secretaría del Interior.

Frente a lo anterior, el diputado Manuel Berrío (Cambio Radical) explicó que se debe seguir el debido proceso, y por esa razón se debe invitar al alcalde, ya que todas las partes involucradas deben estar presentes en plenaria. En consecuencia, Berrío realizó una proposición para que el debate fuera aplazado.

Sobre la proposición, el diputado Mario Del Castillo (Centro Democrático) informó que la sesión no corresponde a un debate de control político, sino que es una solicitud de información acerca de la parte legal del Acuerdo, por lo que propuso continuar con el debate. Esta proposición se votó nominalmente con 11 votos a favor, 1 en contra (Manuel Berrío) y 2 ausentes (Carlos Fernández y Jorge Rodríguez).

En representación de la Secretaría del Interior, hicieron presencia en plenaria Pedro Castillo y Sara Ricardo. A su turno, Pedro Castillo explicó que en primera instancia el Acuerdo no cumplió con el presupuesto necesario para ser realizado, y tampoco con los requisitos para un Acuerdo de vigencias futuras. También expresó que los soportes que el alcalde presentó al Concejo no contaban con los estudios pertinentes, sin embargo, manifestó que no es competencia de la Secretaría decidir acerca de la viabilidad del Acuerdo, ya que esto es responsabilidad del Tribunal Superior.

Por su parte, Sara Ricardo, señaló que no se realizó el debido proceso puesto que el alcalde debió enviar el Acuerdo a la Gobernación para que se llevaran a cabo los estudios pertinentes y así determinar el cumplimiento de requisitos legales. Así mismo, manifestó que el Acuerdo confunde empréstitos con vigencias futuras, y que dentro del mismo se le otorgan facultades al alcalde para contratar, para lo cual se necesita un Acuerdo de vigencias futuras y no un empréstito.

Posteriormente, el diputado Víctor Mendoza (Cambio Radical) resaltó que las obras a realizarse dentro este Acuerdo deben estar incluidas en el presupuesto del Plan de Desarrollo, de manera que de cumplirse con lo plasmado en dicho Plan, entonces debe realizarse.

Mendoza destacó que al no contar con información sobre la capacidad de endeudamiento del municipio, ni del fin del empréstito, será necesario citar al alcalde de Barranco de Loba.

Al respecto, el diputado Jorge Redondo (Cambio Radical) manifestó que, de acuerdo con la información presentada por la Secretaría del Interior, debe aclararse el objetivo del periodo de 7 años mencionados en el empréstito, puesto que se puede mal interpretar con la ejecución y el pago de este.

Asimismo, el diputado Mario Del Castillo (Centro Democrático) aclaró que la Secretaría del Interior no lanza ningún tipo de acusación, sino que explica la existencia de una omisión de requisitos legales, puesto que el municipio debió enviar este Acuerdo a la Administración Departamental para que se realicen las observaciones pertinentes, pero al no realizarse este proceso es la Gobernación quien deberá enviar las observaciones al Tribunal Superior para que este determine su viabilidad.

En consecuencia, los diputados Elkin Benavides (Liberal) y José Bossio (Liberal) reiteraron que debe citarse al alcalde de Barranco de Loba para que explique detalladamente el Acuerdo, y para que se determine en plenaria si este beneficia al municipio, en concordancia con el Plan de Desarrollo.

En ese sentido, el diputado Víctor Mendoza (Cambio Radical) realizó una proposición para citar a un debate de control político al alcalde de Barranco de Loba, a la Secretaría del Interior, a la Secretaría de Planeación, y al presidente del Concejo Municipal. Esta proposición fue aprobada.

Finalmente, el diputado Jorge Redondo (Cambio Radical) debido a la inasistencia de la Secretaria de Planeación, Mery Luz Londoño, realizó una proposición para que se aplace la citación para el jueves 18 ya que su presencia es importante para el estudio del proyecto de ordenanza del presupuesto. Esta proposición fue aprobada.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el miércoles 17 de octubre a las 9:00 a.m., en la sede ubicada en Manga, 3° avenida #24-79, Edificio Imán.

Escrito por Isabella Ordosgoitia, Asistente del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.

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