Hora de inicio: 9:08 a.m.
Hora de finalización: 12:07 p.m.
Hoy el Concejo Distrital realizó audiencia pública en la Institución Educativa Salim Bechara, para revisar con la comunidad y con el gerente y equipo de Corvivienda, el pleito juridico que existe entre los habitantes del barrio Ceballos y la señora Elsa Malo de Camacho, esposa del fallecido Víctor Camacho, por la propiedad de tres predios que constituyen un area de más de 6 mil metros cuadrados.
Las intervenciones de la comunidad iniciaron con la presidente de la Junta de Acción Comunal, Martha Angulo, quien aseguró que las casas que habitan existen hace más de 50 años y que cuentan con escrituras legalmente adquiridas.
Según la comunal, la señora Elsa Malo se ha valido de escrituras falsas para reclamar estos predios, y además de tráfico de influencia, toda vez que tiene un sobrino magistrado.
Agregó que los vecinos de este sector no han podido realizar transacciones con sus viviendas, debido a que los folios de sus escrituras les fueron bloqueados en la Oficina de Instrumentos Públicos, por orden del nuevo fiscal que está frente al proceso.
Según la señora María Bernarda Pérez, también habitante de este sector, el reclamo por parte de estos particulares podría obedecer a la intención que existe por parte de Contecar y Muelles El Bosque de unir sus puertos, intervención en la que serían necesarios los terrenos del barrio Ceballos. Esta ciudadana también aseguró que lo que tenía el señor Victor Camacho en este barrio eran tres cabarets y no toda el area que está reclamando su esposa. Concluyó solicitando apoyo al Concejo para que defienda los derechos de la comunidad afectada.
En el mismo sentido se pronunciaron los señores Jorge Batista, Julio Mendoza, Freddy Jouns y Juan Garcés, quienes manifestaron que se sienten angustiados por esta situación que pone en riesgo su patrimonio pero que no cederán ante las pretensiones de esta familia. Además insistieron en que el Distrito tampoco debe pagar la cuantiosa suma de dinero que exigen como indemnización.
Posteriormente intervino el gerente de Corvivienda, William García, quien realizó un recuento histórico del proceso, precisando que la entidad que dirige fue vinculada a la investigación por prestar, a finales de los 90, siendo gerente Ramiro Pereira, acompañamiento técnico y juridico a la Junta de vivienda comunitaria de Ceballos, para la legalización de sus viviendas, y fue en 2001 cuando un juez les entregó la titularidad de las mismas.
García indica que Corvivienda prestó dicho acompañamiento a través de la contratista Clara Lafont, quien también fue involucrada como responsable dentro de la demanda penal que fue presentada por la familia Camacho Malo, aduciendo que tanto Pereira como Lafont estuvieron detrás de las irregularidades de la prescripción que le permitió a más de 100 habitantes de Ceballos obtener su titulo de vivienda.
Asegura que la entidad se ha defendido juridicamente en todos los momentos del proceso, y han apelado las decisiones que van en contra del Distrito, no obstante se encuentra en pie la decisión adoptada por el actual fiscal a cargo del proceso que ordenó bloquear los folios de matriculas de Ceballos.
El funcionario le dio paso a la participación de su jefe juridica, Isabel Díaz, quien agregó que la demandante tiene unas pretensiones económicas que ascienden a los 17 mil millones de pesos como indemnización. Díaz además señaló las irregularidades en los folios de los tres predios reclamados por la familia Camacho Malo.
Respecto de la Escritura Pública: 1193 de 16-Julio de 1960 de la Notaria 1ª dijo que no está suscrita por los otorgantes y que existe otra E.P. 1193 en la Notaria 3ª con el mismo contenido y suscrita por sus otorgantes.
Sobre la Escritura Pública: 524 de 22 Agosto de 1961 de la Notaria 2ª, señaló que las investigaciones realizadas develaron que existe E. P. 524 de 22 de Agosto 1961 en la Notaria 3ª firmada por los mismos otorgantes, de acuerdo con la certificación del archivo histórico. Además en la cláusula de precio, se deja sin valor y ordena que se anule la Escritura 1193 por un error de linderos de las dos porciones.
A la escritura del tercer predio reclamado no le habrían encontrado irregularidades según la abogada.
Luego interviniero Clara Lafont y Ramiro Pereira, este último realizó una amplia disertación sobre las irregularidades de los argumentos juridicos utilizados por los demandantes.
Pereira asegura que sobre la Escritura Pública N° 524 del 22 de agosto de 1961 de la Notaría 2da, tiene pruebas de que es falsa, es duplicada, fue expedida realmente en la la Notaría tercera de Cartagena, y que fue mutilada en su contenido.
Agregó que “la fiel y primera copia de la Escritura Pública N° 1193 de julio 16 de 1960 Notaría Primera de Cartagena expedida en julio 26 de 1960 fue elaborada con el fin principal de hacer creer que fue registrada el 31 de agosto de 1960 en la oficina de registro de Cartagena, bajo diligencia n° 843 páginas 232 y 233 del tomo II del libro de registro n° I Impar, para argumentar en el proceso de Reivindicación n° 267 mayores derechos registrados que los que tenían los moradores del barrio ceballos de cartagena”.
Por último tomaron el uso de la palabra los concejales, quieres expresaron absoluto respaldo a los habitantes de Ceballos y concluyeron la audiencia con una proposición a través de la cual le solicitan a la Personería que se haga parte del proceso y que ejerza especial vigilancia sobre el caso de Ceballos, así como a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo.
Dado que algunos concejales sugerían que se oficiara también al Fiscal General de la Nación, el presidente anunció que se nombrará una comisión redactora para que realice las adiciones pertinentes.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el viernes 23 de junio, a partir de las 8:30 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital.
Escrito por Alejandra López, coordinadora de los Observatorios al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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