El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 10 de febrero del 2025
Hora de Inicio: 9:32 a.m.
Hora de finalización: 1:11 p.m.
Receso: 9:40 a.m. – 10:02 a.m.
Antes de iniciar la sesión plenaria del Concejo de Cartagena, se modificó el orden del día por proposición del concejal Emmanuel Vergara (Conservador) quien pidió incluir la audiencia pública del proyecto de Acuerdo N° 055 por el cual se declara de utilidad pública los macroproyectos del crédito público por $1.5 billones. Iniciada la sesión, el concejal Carlos Barrios (Cambio radical) solicitó un receso mientras se daban las 10:00 a.m. hora escogida para la audiencia pública, y también con la intención que asistan todos los funcionarios invitados. Por lo anterior se procedió con el receso.
Finalizado el receso, se dio lectura a un documento mediante el cual la Gerente de Transcaribe delega a la secretaria general de Transcaribe para que la supla en la audiencia pública. También se dio lectura a una solicitud de información del concejal Barrios a Aguas de Cartagena relacionadas a la gestión actual y anteriores a la del gerente John Montoya.
Seguido, se dio inicio a la audiencia pública del proyecto de Acuerdo N° 055 “Por el cual se declaran de utilidad pública unos macroproyectos contemplados en el Plan de Desarrollo 2024-2027: Cartagena ciudad de derechos y se dictan otras disposiciones.”. Por solicitud de los concejales Johan Correa (Nuevo Liberalismo) y Armando Córdoba (Alianza Verde) se hizo un llamado a lista de secretarios y funcionarios invitados a la audiencia pública, siendo estos: Secretarías de Infraestructura, General y Planeación, el DATT, Transcaribe, Alcaldes Locales y la Oficina jurídica del Distrito, quien delegó a un funcionario.
Dando paso a las intervenciones de la ciudadanía, Juan Carlos Trespalacios, presidente de ASOTRANCAR, quien hizo un llamado a la sensatez en el estudio del proyecto, recordando los sobrecostos y la falta de implementación total de Transcaribe. Advirtió que declarar bienes de utilidad pública sin un análisis detallado puede generar litigios y preguntó si se ha realizado un censo de las personas afectadas.
Gregson Martínez solicitó a funcionarios de la administración encargados del área de comunicaciones que se le desbloqueé de las redes sociales instituciones de la Alcaldía. Sobre el proyecto enfatizó que las obras de gran magnitud deben garantizar previamente la titulación y disponibilidad de los predios, y así evitar casos como el de proyecto de vivienda Torre Flor de la esperanza, el cual fue ocupado sin tener la titulación del predio.
Yahir Colón, comerciante en Ceballos, reconoció que las obras contribuirán al descongestionamiento de la ciudad, pero pidió a los concejales considerar las afectaciones a los comerciantes. Preguntó qué lotes serán declarados de utilidad pública y qué compensaciones económicas recibirán por la afectación de sus negocios. Abelardo Meza, representante de FUNCICARIBE, señaló que no hay claridad sobre qué lotes se verán afectados, si existen avalúos ni cuánto costará la expropiación para el Distrito. Destacó la necesidad de contar con un censo detallado de las personas y comercios impactados. Nancy Gil, comerciante de La Carolina, expresó dudas sobre las garantías económicas para continuar con su actividad comercial.
En respuesta a estas inquietudes, Wilmer Iriarte, secretario de Infraestructura, explicó que la declaratoria de utilidad pública es necesaria para la gestión predial en zonas de crecimiento urbano. Indicó que el proceso requiere la realización de un censo predial, caracterización de predios y estudios de títulos antes de proceder con la adquisición. Mencionó que los intercambiadores de La Carolina, Ceballos y Ternera son puntos críticos donde se debe llevar a cabo este proceso, aclarando que no todas las áreas señaladas necesariamente serán adquiridas.
El concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) planteó inquietudes sobre la «mancha amarilla» que señala los predios a intervenir, cuestionando si el valor reflejado en el proyecto corresponde a las obras o a las transacciones comerciales para la adquisición de predios. Johan Correa (Nuevo Liberalismo) destacó los beneficios del proyecto, pero señaló dudas técnico-jurídicas. Advirtió que, dado que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no está actualizado, los valores basados en la plataforma MIDAS podrían ser inexactos y subestimados.
El concejal Pedro Aponte (Cambio Radical) solicitó información detallada sobre el censo de personas afectadas, la socialización con los dueños de los predios y el costo total de adquisición de inmuebles, considerando el impacto en el comercio. Armando Córdoba (Alianza Verde) insistió en la necesidad de una gestión ambiental y social antes de aprobar el proyecto, señalando la ausencia de este tema en la presentación. Luz Marina Paria (ASI) enfatizó que debe existir un componente social para evitar la vulneración de derechos ciudadanos. Gloria Estrada (Liberal) pidió aclaraciones sobre si el presupuesto de los proyectos incluye la compra de predios, aunque reconoció la importancia del proyecto para la movilidad.
El concejal Javier Julio (Pacto Histórico) cuestionó si las megaobras están alineadas con el POT y exigió herramientas para tomar una decisión informada. Criticó la ausencia recurrente del secretario jurídico en la socialización de proyectos y advirtió que esta falta de sustentación lo llevó a apartarse de discusiones previas, como el presupuesto 2025. Carlos Barrios (Cambio Radical) preguntó a qué cartografía hacía referencia el Secretario de Infraestructura y solicitó precisar los tiempos de ejecución de las obras. Correa señaló que la Ruta del Sol atraviesa el sector del SAO y pidió claridad sobre las intervenciones allí, considerando que se trata de una concesión.
En respuesta, el secretario Iriarte explicó que la Ruta del Sol llega hasta el SAO y que, una vez consolidado el proyecto, el Distrito debe solicitar permisos de intervención a la concesión, que decidirá si autoriza la ejecución de las obras. También mencionó que ya se han solicitado las desacreditaciones para La Carolina y el intercambiador de Ternera, las cuales requieren modificaciones contractuales.
Sobre la cartografía, explicó que el sistema MIDAS se basa en planos en AutoCAD y que la última actualización de Planeación se realizó recientemente. En cuanto a los tiempos de ejecución, indicó que La Carolina tardará 24 meses, al igual que el intercambiador de Ceballos. El de Ternera, de diseño tipo trébol, tendrá una fase de planificación y construcción de 24 meses. La obra más compleja será la de la Bomba del Amparo, con un tiempo estimado de tres años y medio.
El concejal Barrios recordó que la última declaratoria de utilidad pública en la ciudad fue entre 2004 y 2005 para Transcaribe y advirtió que el proyecto deja más dudas que certezas. Insistió en que, si el Distrito contrató recientemente una nueva oficina de catastro, debe prever cuánto valen las áreas de intervención. Sostuvo que todas las obras planteadas requerirán vigencias futuras excepcionales y que la nueva empresa de catastro debe certificar los valores de los predios para evitar que el costo de adquisición supere el de las obras.
Seguido, se dio paso a una intervención de Aldo Lora, quien preguntó sobre la instalación de torres de energía de Afinia en zonas de intervención y la posible habilitación de una vía detrás del Coliseo Rocky Valdés mientras se construye la megaobra en La Carolina. Iriarte respondió que las intervenciones en suelo concesionado fueron autorizadas por la ANI y que, en el caso de las torres, se han realizado cuatro mesas de trabajo para suspender su instalación, ya que interfieren con el proyecto. También mencionó la posibilidad de subterranizar los cables y precisó que el diseño definirá la solución vial. Sobre los recursos para compra de terrenos, explicó que el valor incluido en el proyecto es referencial, según lo permite la ley y que sí se habilitarán vías alternas
El director del DATT, Frank Ricaurte, enfatizó la importancia del proyecto, señalando que el crecimiento del parque automotor ha superado la capacidad de las vías existentes. Explicó que la congestión vial actual afecta negativamente el desarrollo económico y la calidad de vida de los cartageneros. Indicó que la ejecución de estas obras requerirá un plan de gestión predial, de tránsito y social para mitigar el impacto en la comunidad. Además, insistió en la importancia de la comunicación con la ciudadanía y el Concejo durante todas las etapas del proyecto, a fin de aclarar dudas y garantizar una ejecución transparente y efectiva.
El Secretario de Planeación, Camilo Rey, destacó que los cambios demográficos han generado una densificación en las zonas donde se construirán los intercambiadores viales, beneficiando la movilidad de la población que reside en estos sectores. Resaltó que uno de los principales problemas identificados en la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial – POT es el difícil acceso a servicios básicos, especialmente salud, donde los traslados pueden tomar hasta una hora.
También aclaró que la plataforma MIDAS contiene información actualizada sobre cartografía predial, con datos de GoCatastral hasta noviembre de 2024. Sobre el POT, señaló que el documento vigente ya contemplaba la construcción de intersecciones en los principales ejes viales, aunque sin especificar su diseño. Con la revisión actual, estas obras se incluirán con mayor precisión, considerando la evolución demográfica y urbanística de la ciudad.
El concejal Johan Correa (Nuevo Liberalismo) detalló la necesidad de tener documentos catastrales actualizados. El concejal William Pérez (Centro Democrático) detalló dudas que deben ser resultas como la existencia de un inventario de comerciantes estacionarios, tipo de afectaciones en viviendas y negocios, avalúo de los mismos, relación de los predios y costos para viabilizar obras, si hay recursos para pagar predios declarados en utilidad pública y su rubro. El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) sugirió continuar la audiencia con todos los funcionarios, especialmente los responsables de Catastro, la Gerencia de Espacio Público y la oficina jurídica del Distrito.
Seguido se dio lectura y aprobación a una proposición del concejal Pedro Aponte (Cambio Radical) en la que solicita información relacionada al estudio del proyecto de acuerdo relacionado a la prorroga del contrato de concesión del relleno sanitario.
Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el martes 11 de febrero a las 9:30 a.m. en la que se realizará la audiencia pública del proyecto de Acuerdo 056 sobre legalización de predios.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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