El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 15 de julio del 2026
Hora de Inicio: 9:00 a.m.
Hora de finalización: 10:07 a.m.
Iniciada la sesión, el secretario general dio lectura a una invitación de Confenacol para el 16 Congreso Nacional de concejales en Santa Marta, a realizarse los días 23 y 24 de julio. Posteriormente, se leyó una comunicación de la ciudadana Miriam Barrios de Castellano, lideresa del barrio Los Caracoles, quien solicitó la intervención de la corporación para recuperar y embellecer los parques del sector, haciendo especial énfasis en el deterioro del parque Orlando Cabrera, un espacio tradicional de integración comunitaria.
Continuando con el orden del día, la concejal Mónica Villalobos (Movimiento Cartagena Mejor) expresó su preocupación por la desinformación promovida en redes sociales sobre la falta de acceso universitario en los barrios. Para desvirtuar esto, recordó la aprobación del proyecto de acuerdo de su autoría en 2024, el cual beneficia actualmente a 800 estudiantes al permitirles recibir educación superior nocturna en la infraestructura de los colegios oficiales. Además, anunció que a partir del 16 de julio los estudiantes de secundaria y media técnica caracterizados comenzarán a recibir el subsidio de transporte de la tarifa diferencial.
Por su parte, el concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) se refirió a la crisis de los servicios públicos en la ciudad, abordando el proyecto de acuerdo presentado por la administración distrital que propone la creación de una empresa con capital 100% distrital para asumir el acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y otros servicios conexos. Córdoba destacó la envergadura y urgencia de la iniciativa, pero advirtió sobre la necesidad de un estudio riguroso para evitar los errores del pasado, como la burocratización y la interferencia política que llevaron a la quiebra a las antiguas empresas públicas.
Señaló serias preocupaciones frente a la sostenibilidad fiscal, los requisitos gerenciales, la conformación de la junta directiva y los riesgos jurídicos al ceder la posición contractual del Distrito dentro del contrato con Aguas de Cartagena y el manejo de la infraestructura, alertando que un aporte inicial de 10.000 millones de pesos resulta insuficiente si no existe un plan de negocios claro a largo plazo. Al respecto, el presidente Hernando Piña aclaró que la audiencia pública de este proyecto fue aplazada por reglamento para permitir un mayor análisis técnico por parte de los cabildantes.
En respuesta, Villalobos coincidió en la necesidad de un estudio minucioso, pero defendió la conveniencia de la iniciativa ante la ineficacia operativa de Aguas de Cartagena, argumentando que posee una tubería de 785 kilómetros cuya vida útil de más de 60 años ya caducó, y cuestionó duramente el monopolio ineficiente de Veolia en el servicio de aseo. A su turno, el concejal Carlos Guerra (ASI) respaldó estas intervenciones y presentó una proposición aditiva para citar que en el debate de control político a Aguas de Cartagena se brinde explicaciones sobre el estado del emisario submarino.
Seguidamente, el secretario dio lectura formal a la proposición aditiva de Guerra, en la cual se solicita a la Personería Distrital investigar a Aguas de Cartagena sobre el mantenimiento preventivo y correctivo del emisario submarino, tras las advertencias de la comunidad de Punta Canoa por riesgos de corrosión y taponamiento. El documento cuestiona el cobro tarifario por tratamiento de aguas residuales y el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la licencia ambiental concedida mediante la resolución 0345 de 2001, recordando además la ruptura de la tubería en diciembre de 2024 que obligó a reubicar a 13 familias en Tierra Baja. La proposición fue aprobada por la plenaria.
Posteriormente, se leyó una proposición presentada por el sindicato de extrabajadores de las empresas de servicios públicos distritales en liquidación, liderado por Humberto Gutiérrez, en la cual solicitan un debate de control político para resolver la situación jurídica de más de 350 bienes inmuebles ocupados por terceros. El documento denuncia que estos activos constituyen la garantía de pago para los trabajadores y cuestiona la falta de actualización de avalúos y la omisión en la protocolización de la cuenta final de liquidación (Resolución 300 de 2008). La iniciativa exige citar a las secretarías General, de Hacienda, de Apoyo Logístico, Jurídica, la dirección del Fondo de Pensiones, la Contraloría y la Personería.
Sobre este punto, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) propuso que la plenaria en pleno asumiera la autoría de la proposición para respaldar formalmente a los extrabajadores, lo cual fue aprobado de manera unánime. La proposición fue aprobada por la plenaria.
Agotado el orden del día, se citó la próxima sesión para el jueves 16 de julio a las 8:30 a.m.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
Fotografía: Aguas de Cartagena
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