Bitácora del Concejo de Cartagena de Indias, 21 de abril de 2022
Hora de inicio: 9:01 a.m.
Hora de finalización: 11:51 a.m.
En esta sesión del Concejo Distrital se dio el debate de control político programado, sobre el no reintegro a sus puestos de trabajo a 3 inspectores de Policía. Estaba citada la Oficina Jurídica y la Dirección de Talento Humano.
Iniciado el orden del día, María Eugenia García, Directora de Talento Humano, contextualizó el caso así:
- En julio de 2021, Liry Luz Múnera, presentó tutela contra la Alcaldía Mayor y la Comisión Nacional del Servicio Civil para garantizar el derecho a la igualdad, trabajo y al acceso al empleo público a través del mérito; buscando beneficiar a Rafael Jiménez, Marina Villamil, Renzo Orozco y Paola Serna, quienes ocupaban el puesto de inspectores de Policía con carácter provisional.
- En julio del 2021 la tutela fue aprobada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena, ordenando a la Comisión Nacional del Servicio Civil autorizar la provisión de las 4 vacantes, ordenando hacer uso de la lista de elegibles.
- Lo anterior fue declarado nulo el 13 de septiembre por la Sala Penal del Tribunal Superior De Cartagena, resolviendo una impugnación que reclamaba que no se tuvo en cuenta que ya otras personas ocupaban los cargos en cuestión. A su vez, solicitó que dichas personas se vincularan al proceso.
- El 16 de noviembre del 2021, el Tribunal resolvió revocar la sentencia del Juzgado que favorecía el recurso presentado por Liry Luz Múnera.
- El 30 de noviembre el Tribunal resolvió dudas de Liry Luz Munera, Margarita Pastrana, Diana Sumosa, Marina Villamil y la Alcaldía, y negó las pretensiones de Rafael Jiménez, Marina Villamil, Renzo Orozco y Paola Serna, toda vez que la Alcaldía es autónoma en determinar la forma en que maneja su planta de personal. La decisión menciona que los derechos que fueron objetos de estudio correspondieron a los de Liry Luz Munera, Richard Herazo y Diana Sumosa, no los de Rafael Jiménez, Marina Villamil, Renzo Orozco y Paola Serna.
La funcionaria argumentó que en su momento no se reintegró a Paola Serna, Marina Villamil y Rafael Jiménez acatando las decisiones de las autoridades judiciales y la normatividad vigente, la cual señala que los empleados que se encuentren en carrera administrativa tienen prioridad para ocupar cargos con vacancia definitiva o temporal y cumplan ciertos requisitos; los cuales cumplían las personas que ocuparon el cargo después de que los anteriores inspectores de policía fueran removidos del cargo.
Resaltó que cuando hay una vacante disponible, esta debe suplirse con un trabajador de la carrera administrativa y no con alguien provisional, y que el mecanismo de la provisionalidad es de carácter excepcional y transitorio. Por otro lado, mencionó que actualmente 70 de 81 plazas vacantes definitivas de la planta de cargos de la Alcaldía se encuentran en provisionalidad y se encuentran reportadas ante la Comisión Nacional del Servicio Civil de las cuales 53 son para concurso abierto y 22 cargos por ascenso interno.
Seguido, tomó la palabra Myrna Martínez, jefa de la Oficina Jurídica, quien aclaró que la sentencia del 9 de febrero del 2022 del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena ordenó reintegrar a Rafael Jiménez, Marina Villamil y Paola Serna, a su vez, dictaminó el pago de salarios y prestaciones sociales a los nombrado, dejados de percibir desde la fecha en quedó ejecutoriada la tutela dada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 16 de noviembre de 2021.
Sobre lo primero, Martínez argumentó que se cumplió en febrero de este año, en cuanto al pago, este se encuentra condicionado a la ejecutoria de la decisión del 16 de noviembre del 2021 por el tribunal superior del Distrito judicial de Cartagena, del cual se le consultó si ya estaba ejecutoriada, teniendo como respuesta que no, toda vez que se encuentra en opción de revisión por la Corte Constitucional. Mientras esto ocurre, los actuantes Jiménez, Villamil y Serna instauraron un incidente de desacato por el no cumplimiento del pago, el cual se encuentra en espera de la decisión de un juez constitucional.
A continuación, debido a una proposición aprobada de la concejal citante, Carolina Lozano (ASI), le plenaria se declaró en sesión informal para escuchar a varios ciudadanos. Inicialmente Paola Cerpa Tobía, mencionó que la desvinculación laboral de ella y sus colegas se debió a una orden judicial, la cual fue revocada, y que ordenaba llenar los cargos con una lista de elegibles.
Explicó que la Corte Constitucional establece que la remoción del cargo a personas que estén en provisionalidad debe hacerse si se cumple alguna de 3 condiciones como la provisión del cargo por haberse realizado un concurso de mérito, la imposición de sanciones disciplinarias o calificación insuficiente en el cargo. Agregó que ninguna de estas 3 condiciones fue argumentada para sus despidos. También aclaró que desde el 18 de febrero del 2022 se les reintegró en el cargo que ocupaban anteriormente.
Eduin Marsiglia, expresó que la Oficina de Talento Humano no respeta los principios de favorabilidad, lo que ha permitido que haya abusos de poder por parte de la dependencia, como el vivido por los inspectores, el manejo de cesantías parciales retroactivas a personas que están por encargos, y las 4 vacantes definitivas en el cuerpo de bomberos que llevan más de un año sin ser ocupadas.
Renzo Orozco, inspector de policía de la comuna 2, indicó que se les separó de manera injusta del empleo, sin tener en cuenta ninguna de las 3 causas de remoción. También mencionó que la Alcaldía informó un plan de cargo en provisionalidad a la Comisión Nacional Del Servicio Civil con propósito de ser ofertado para concurso de mérito, pero no señala a quienes están en lista de pre-pensionados como es su caso, por lo que solicita información sobre esto.
Antonio Cantillo, de la Unión de Trabajadores Democráticos de Bolívar, mencionó que la figura de la provisionalidad en el cargo también debe ser respetada en cuanto a la continuidad en el trabajo al igual que la carrera administrativa. Agregó que funcionarios por OPS con más de 10 años de servicio también fueron despedidos por la Administración.
Erik Urueta, recordó que en el Concejo Distrital ya se ha tocado el tema de las organizaciones sindicales y su respeto a la estabilidad laboral. Por otro lado, mencionó que en la Dirección de Talento Humano siempre acomodan la Ley a su interpretación lo cual hace que tomen decisiones lesivas contra el trabajador y mencionó que hay sentencias de la Corte Constitucional que no son acatadas por esta dependencia, la cual está vulnerando derechos laborales, fundamentales y sindicales.
También se dio lectura a una pregunta de la ciudadanía la cual solicita información de qué cargos van a ser sometidos al concurso de ascenso teniendo en cuenta a que deben ser el 30% de la planta global de todo el Distrito de Cartagena y se tiene información de que todos los 15 cargos de inspectores rurales serán ofertados, lo cual no cumple con esta cuota del 30%.
Seguido, ante una solicitud del concejal Carlos Barrios (Cambio Radical), la Directora de Talento Humano informó que los salarios y prestaciones sociales no han sido pagados debido a que no se cuenta con la sentencia ejecutoriada. A lo anterior, Barrios sugirió que se cumpla con el fallo de segunda instancia realizando el pago y no se espere a una revisión de la Corte Constitucional la cual se podría tardar mucho o incluso no revisarse. También mencionó que esta es la administración que mas ha tenido roces con los trabajadores.
La concejal Carolina Lozano (ASI) mostró su preocupación por la no cancelación del pago de salarios y sobre la desvinculación de Renzo Orozco sin haberse tenido en cuenta su situación de pre-pensionado. También pidió que se aclare si los cargos estaban o no ofertados y si se les pagó salario a los funcionarios de carrera administrativa mientras ocuparon el cargo de inspectores.
El concejal Rodrigo Reyes (Conservador) indicó que a pesar de las mesas de trabajo con policías de tránsito para que tuvieran permanencia en el cargo, estos fueron escogidos por balotas, dejando a varios sin empleos. Sugirió que el debate se suspenda para posteriormente invitar a sindicatos y exempleados para que se pronuncien sobre sus condiciones de despido en la Administración.
Para dar respuesta, María Eugenia García, Directora de Talento Humano, indicó que en el 2018 se ofertaron 408 cargos de la planta de personal ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, los cuales se sometieron a un concurso de méritos. Agregó que este es un sistema justo para los que vienen en provisionalidad y quienes nunca han estado en carrera administrativa. Sobre los cargos ofertados, en el 2020 se recibieron las listas de elegibles que determinan el mérito y quiénes serán las personas, pero esto no es escogido por la Administración
Sobre los agentes de tránsito, aclaró que quedaban 32 cargos, los cuales se tuvieron que escoger a través de balotas, ya que todos cumplían con los requisitos para ser escogidos. Agregó que a parte de los 32, se escogieron 17 personas más por tener condiciones como fuero sindical, pre-pensionados, cabezas de familia y condiciones de salud.
Sobre pre-pensionados, afirmó que estos gozan de protección, sin embargo, en la convocatoria de 2018 y 2019 no se reportaron porque la Comisión Nacional del Servicio Civil no los pedía, y que al llegar la lista de elegibles en el 2020 no podía aplicar la cualidad de pre-pensionados. Por otro lado, sugirió a la ciudadanía que se prepare para las convocatorias que hace la Administración sobre cargos provisionales.
En cuanto a cesantías retroactivas, comunicó que estas sí tienen un régimen legal, y que este sistema no se había aplicado con estricto rigor en personas que se encontraban en encargo por mucho tiempo y fueron liquidadas de una manera distinta.
Seguido, por solicitud de la concejal citante, Carolina Lozano (ASI) el debate fue suspendido bajo los argumentos expuestos por el concejal Reyes y que en su otra parte se invite a más ciudadanos.
Continuando con el orden del día, se aprobó una proposición del concejal Javier Julio (Coalición Alternativa) en las que sustituye unas preguntas del cuestionario realizado a la Secretaría de Participación para el debate que se le hará.
También se aprobó una proposición del concejal César Pión (La U) para realizar audiencia pública virtual con propuestas concretas para la generación de empleos. En este se invitará a la ANDI, Comfenalco, centrales obreras, representantes de vendedores ambulantes, del mercado de Bazurto, mototaxistas, entre otros.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el viernes 22 de abril de 2022; a las 8:30 a.m.
Escrito por Jesús David Correa Turizo asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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