El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 15 de abril del 2026
Hora de Inicio: 9:00 a.m.
Hora de finalización: 10:30 a.m.
En la sesión plenaria de hoy se realizó la presentación del informe de gestión de la Secretaría del Interior y sus dependencias adscritas. Iniciado el orden del día, El secretario del Interior, Bruno Hernández, señaló que en la vigencia 2025 el presupuesto definitivo correspondió a $139.817 millones, con una ejecución total del 63,70 %, de los cuales $80.051 millones correspondieron a inversión y $9.008 millones a funcionamiento. En el componente de inversión, precisó altos niveles de ejecución en proyectos como “Atención a víctimas del conflicto” con un 99%., “Asistencia y atención integral a jóvenes y adolescentes en riesgo” con un 99% y “Mejoramiento de la atención a población privada de la libertad” con un 92%. También mencionó otros programas con buen desempeño como el fortalecimiento de comisarías de familia y estrategias de convivencia ciudadana con ejecuciones superiores al 80 %. No obstante, indicó rezagos en proyectos como el “Fortalecimiento de la estrategia de atención distrital a jóvenes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes”, con un 36%, 0% en «Fortalecimiento integral del servicio de policía judicial del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía».
En cuanto al avance de las metas del Plan de Desarrollo, el secretario indicó que en 2025 se evidencian metas con cumplimiento total, como la conformación de un equipo interdisciplinario para la implementación de estrategias de seguridad (100 %), la consolidación del equipo de gestores de convivencia (100%), la implementación de acciones de prevención en convivencia y seguridad (100%) y el desarrollo de jornadas de atención institucional a comunidades (100 %). Asimismo, destacó avances importantes en metas relacionadas con atención a víctimas, fortalecimiento de comisarías de familia y estrategias de prevención de violencia, con niveles cercanos al 100 %. Sin embargo, enfatizó que persisten metas con bajo o nulo avance, como la construcción de la Casa de Justicia del barrio 20 de Julio y la del corregimiento de Bayunca, ambas con 0 %, así como rezagos en metas de fortalecimiento de infraestructura para la justicia, implementación de nuevas sedes institucionales y algunos componentes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Indicó que, aunque se registran avances en varias metas operativas y de atención, existen brechas en metas estructurales que requieren mayor gestión para su cumplimiento.
En materia de contratación, el secretario del Interior, Bruno Hernández, señaló que durante la vigencia 2025 se suscribieron un total de 1.054 contratos por un valor de $52.433 millones. Indicó que la mayor concentración se dio en la modalidad de contratación directa, con 1.020 contratos de prestación de servicios por $16.852 millones, seguido de 12 contratos directos para funcionamiento, inversión y arrendamiento por $4.733 millones. en mínima cuantía hubo 8 contratos por $1.099 millones, 1o contratos por selección abreviada de menor cuantía por $15.641 millones, selección abreviada por subasta inversa 2 contratos por $5.563 millones, 1 licitación pública $7.804 millones y 1 concurso de mérito $737 millones.
Terminada la presentación, el concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) solicitó que se dé claridad sobre la compra del predio de Caizem e instó a que se realice la capacitación de los 500 funcionarios en enfoque diferencial y atención a población vulnerable, señalando que los enfoques diferenciales expuestos por varios funcionarios están en 0 % de cumplimiento, pues hasta ahora solo se han capacitado 150 personas de las 500 proyectadas. Indagó sobre la posibilidad de mejorar la cifra del delito de extorsión y pidió que este tema se toque en el Concejo para encontrar respuestas contundentes. Agregó que, según el informe, las localidades 2 y 3, que requieren más atención por temas de seguridad, solo recibieron el 8 % de la atención en operativos, mientras que la mayoría se concentró en la localidad 1 con un 92 % (1.284 operativos).
Mencionó que la ciudadanía sigue solicitando medios tecnológicos como cámaras de seguridad y, sobre las pandillas, indicó que existe una ausencia de programas sociales lo que ha permitido que sigan proliferando. Córdoba propuso implementar y expandir programas de policía comunitaria, crear y reactivar frentes de seguridad ciudadana, dotar comités de convivencia barrial, modernizar la red de vigilancia en manos de la comunidad y fortalecer con más presupuesto programas integrales que ofrezcan alternativas frente a la delincuencia.
Seguidamente, el concejal Javier Julio (Pacto Histórico) solicitó que se ponga fecha al debate de control político sobre seguridad ya aprobado por la plenaria. Se refirió a que la encuesta de percepción de inseguridad aumentó 13 puntos en el último año, que el 68 % de las víctimas en la ciudad no denuncian por desconfianza en el sistema y que 9 de cada 10 ciudadanos identifican inseguridad en sus barrios. Resaltó que el informe detalla que el 92 % de las acciones de seguridad se hacen en el sector turístico (localidad 1), lo cual explicaría por qué los ciudadanos se sienten inseguros. Mencionó que de lo destinado para casas de justicia solo se ha ejecutado el 2 % y el convenio con el CTI está en 0 %, por lo que el acceso a la justicia no se está fortaleciendo. Señaló que la tasa de homicidios se fijó en 28 por cada 100 mil habitantes y hoy está en 37 %, y que no se han cumplido metas de reducción de homicidios en general ni contra mujeres, ni en hurtos a residencias, además del 0 % en entornos urbanos recuperados.
En respuesta, el secretario se refirió a Caizem mencionando que han encontrado obstáculos ya superados, como un nuevo avalúo catastral que aumentó el valor del predio, por lo que se gestionan los recursos con Hacienda. Sobre la diferencia de operatividad, explicó que obedece a un plan de choque decretado por el alcalde en el centro de la ciudad, pero que no han dejado descuidado ningún sitio. Agregó que ayer se entregaron 70 becas a jóvenes en riesgo y hay alianzas con el SENA para promover actividades, como lo hecho el sábado pasado en Barrios Unidos. Mencionó que han fortalecido la policía comunitaria como primeros respondientes e indicó que el tema de extorsión lo atiende el Gaula, a quienes se les han dado herramientas. Sobre las casas de justicia, aclaró que los recursos fueron desembolsados en octubre pasado, lo que no dio tiempo para el proceso precontractual, pero que la licitación ya está publicada y este año se construirán las dos nuevas casas junto a los centros de conciliación.
Finalmente, María del Carmen Torres, asesora para Asuntos de Comunidades Negras, Raizales y Palenqueras, explicó los avances del programa de asuntos étnicos en 2025. Mencionó la realización del AfrocaribeFest con un impacto en 3.200 personas y el fortalecimiento de emprendimientos locales. Indicó que, aunque la meta era formar 150 servidores públicos, se capacitaron 282 en enfoque diferencial. Destacó el evento Expoindígena 2025 con más de 1.300 participantes, el fortalecimiento de 2 guardias indígenas ancestrales y el avance en los planes de vida de los cabildos Caizeba y Chanuchandero de Bayunca. Concluyó señalando que aún falta mucho por hacer y siguen trabajando desde el programa de asuntos étnicos.
La sesión se cerró sin completar el debate y se citó para el jueves 16 de abril a las 8:30 a.m.Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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