Funcionarios de la Personería piden archivar proyecto que modifica la estructura del ente de control

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 16 de septiembre de 2021.

Hora de inicio: 9:10 a.m. 

Hora de finalización: 1:55 p.m. 

En esta sesión del Concejo se dio inicio a las socializaciones del Proyecto de Acuerdo 095 de vigencias futuras. Además, se realizó la audiencia pública al Proyecto 092 que modifica la estructura de la Personería. Una vez aprobado el orden del día, la Secretaría General de la Alcaldía efectuó la socialización de las peticiones de vigencias futuras que hicieron en el Proyecto 095.  

El Secretario General, Luis Roa, explicó que realizaron solicitudes de vigencias futuras para 8 contratos: 7 por recursos y tiempo, y 1 por tiempo. Roa indicó que el contrato para el que solicitan tiempo es un convenio que sería suscrito con PNUD para la actualización del sistema SIGOB, pero se piden vigencias futuras porque no sería suficiente el tiempo que le resta a la vigencia actual para culminar las actividades. 

El concejal César Pión (La U) hizo énfasis en la importancia de contar con la ficha técnica de cada contrato, de manera que se obtengan detalles sobre el contrato y su ejecución. Por una pregunta del concejal Rodrigo Reyes (Conservador), el Secretario manifestó que el convenio solo se firmará si reciben la autorización del Concejo para la vigencia futura. 

La jefe de la Oficina Asesora de Informática, Ingrid Solano, explicó que el PNUD requiere de un mínimo de 7 meses para la actualización, motivo por el que se solicitan vigencias futuras durante 8 meses. La funcionaria indicó que la versión de SIGOB que se está utilizando es de 2015 y mencionó que el aporte de la Alcaldía sería de $731 millones, mientras que el PNUD aportaría $931 millones. 

Para el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) hubo falta de planeación de la Oficina de Informática, pues ya se tenía conocimiento de la necesidad de actualizar SIGOB, pero se esperó hasta el mes de septiembre para ejecutar el convenio. 

La concejal Kattya Mendoza (Liberal) se sumó a la preocupación del concejal Barrios, y pidió conocer las fechas en que se expidieron los certificados (CDP) donde consta que se tenía la disponibilidad presupuestal para efectuar el convenio. Al respecto, Solano informó que los CDP son del 15, 16 y 18 de junio de este año. 

La funcionaria señaló que en el 2020 no tuvieron la disponibilidad de recursos y en 2021 tampoco se le asignaron gastos para funcionamiento, motivo por el que debieron esperar a que se incorporaran recursos en mayo de este año para posteriormente solicitar los CDP. Por lo anterior, la concejal Mendoza pidió conocer la trazabilidad del proceso desde junio hasta la fecha. 

A su turno, el concejal Barrios expresó que lo que ha ocurrido es que la mayor parte de los recursos con los que ha contado la Oficina de Informática se han destinado a contratación de OPS de valores cuantiosos. 

Solano explicó que luego de los CDP, el PNUD requirió mesas de trabajo con cada dependencia para definir los requerimientos específicos, y este proceso les tomó un mes y medio, posteriormente se pausó la firma del convenio para pedir las vigencias futuras porque la ejecución sobrepasaba el año 2021. 

Continuando con los 7 contratos que requieren vigencias futuras en valor y tiempo, se dieron las siguientes intervenciones: 

  • El asesor encargado de mercados públicos, Alejandro Madero, se refirió a la solicitud de vigencias futuras por $137 millones para garantizar el servicio especial de aseo en el mercado de Bazurto durante el mes de enero de 2022. 
  • El Secretario General, Luis Roa, sustentó la petición de vigencias futuras por $346 millones para asegurar la contratación del cuerpo de salvavidas durante los 2 primeros meses del 2022. 
  • El director de Apoyo Logístico, Didier Torres, se refirió a los contratos de vigilancia y aseo para las instituciones educativas y sedes administrativas del Distrito. Sobre vigilancia, indicó que el contrato termina en el mes de noviembre y se está dando una licitación para cubrir diciembre, por lo que se piden vigencias futuras para los 3 meses siguientes por $11.810 millones. Sobre aseo, manifestó que la solicitud es de $931 millones por 3 meses. 

Por una pregunta del concejal Fernando Niño (Conservador), el director de Apoyo Logístico explicó que el contrato de aseo se daría a través de la Tienda Virtual, mientras que para vigilancia se está adelantando una licitación y el contrato sería por $17 mil millones: $5.500 millones para garantizar el servicio en diciembre y los $11 mil millones requeridos por vigencia futura. 

Para referirse a las solicitudes relacionadas con alumbrado público, el Secretario General explicó que para la operación y mantenimiento del alumbrado se piden vigencias futuras por $13.630 millones, para el suministro de energía se solicitan vigencias futuras por $6.172 millones, y para la interventoría por $824 millones.  

Los 3 contratos mencionados finalizan el 31 de diciembre y se extenderían durante 5.5 meses una vez se autoricen las vigencias futuras, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de alumbrado. Roa hizo mención de algunos avances en el proceso de cambio de luminarias de sodio a luces LED, las proyecciones para expandir el servicio, etc. Sin embargo, a petición de los concejales, se determinó que se programará una mesa de trabajo para conocer los detalles de la ejecución del contrato de alumbrado que está en curso.  

El concejal Rodrigo Reyes (Conservador) llamó la atención porque el alcalde Dau había asegurado que se daría una licitación pública amplia para escoger a un operador de alumbrado público, pero hasta ahora solo se han efectuado convenios interadministrativos, por lo que pidió conocer si se continuará con esta modalidad.  

El Secretario General indicó que para la vigencia actual se tomó la decisión de prestar el servicio de alumbrado mediante convenio, sin embargo, cuando se den los cambios al Plan de Desarrollo para dejar explícito el tema de alumbrado público será posible optar por una licitación pública.  

Al respecto, el concejal César Pión (La U) manifestó que a la Administración le faltó planificación sobre este aspecto, ya que el Concejo solicitó con anterioridad que se modificara el Plan de Desarrollo.  

La sesión también contó con la participación de William Murra, interventor del contrato de alumbrado, quien resaltó las mejoras en el servicio, indicó que con la modernización del sistema se han reemplazado 6 mil luminarias de sodio por 4.200 luminarias LED, se han iluminado zonas como vía del mar y vía de la Cordialidad, las quejas ciudadanas se han atendido con mayor rapidez, etc. Murra expresó que hasta la fecha la experiencia con EPM ha sido positiva para el Distrito.  

Finalmente, los concejales David Caballero y Óscar Marín (Conservadores) instaron a la Administración a llevar a cabo un proceso de licitación abierto, transparente y con pluralidad de oferentes.  

Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el viernes 17 de septiembre de 2021; a las 8:30 a.m.   

AUDIENCIA PÚBLICA 

  • Proyecto de Acuerdo 092 “por medio del cual se modifica la estructura administrativa de la personería distrital de Cartagena de indias y se determinan las funciones de sus dependencias” 

Para esta audiencia se inscribieron más de 40 ciudadanos, sin embargo, solo se contó con la participación de 10 personas, entre las que hubo ciudadanos, veedores, funcionarios de la Personería, entre otros. Inicialmente, se dio lectura a la Resolución 175 donde la personera Carmen de Caro delega al personero auxiliar, Carlos Torres, para que la represente en la audiencia. 

En representación de los sindicatos de la Personería, el abogado Edgar Serrano hizo referencia a la inconveniencia del proyecto, destacó que no fue socializado con los funcionarios y que no se conocen los estudios técnicos que sustentan el proyecto, los cuales resultaron del convenio interadministrativo suscrito con la ESAP.  

Serrano cuestionó que se quiera suprimir los cargos de 8 personeros delegados y crear 20 cargos para profesionales universitarios, también indicó que genera suspicacia que se dé este proceso en una época preelectoral. 

Para Antonio Cantillo es contradictorio que se reduzcan las Personerías Delegadas, puesto que la población ha aumentado. Además, Fernando Batista expresó que no es claro el costo que tendrán las indemnizaciones de quienes pierdan sus empleos. 

Luego, Antonio Aponte indicó que la iniciativa debió ser socializada y Teresa Maza resaltó que los personeros delegados son quienes dan la cara a la comunidad, también expresó que ha habido casos de maltrato de la personera hacia trabajadores y líderes comunitarios. 

La personera delegada, Rita López, manifestó que son estas dependencias las que han sacado adelante a la Personería y considera que al suprimir 8 de los personeros delegados se afecta la legitimidad del ente de control y a la ciudadanía que acude a la Personería para la defensa de sus derechos. 

López pidió mesas de trabajo y señaló que, en lugar de suprimir, es necesario contar con más personeros delegados. Así mismo, indicó que no se conocen los costos económicos y el proyecto podría ser inconveniente desde el punto de vista administrativo. 

Hasta este punto de la sesión, todos los y las participantes de la audiencia pública solicitaron a la Corporación que el Proyecto de Acuerdo 092 fuera archivado. 

A su turno, Juana Franzual Matute se mostró en desacuerdo con la ausencia de socialización y expresó que los grupos étnicos de la zona norte de Cartagena han contado con el apoyo de personeros delegados como Rita López. 

En ese sentido, Diana Marrugo hizo énfasis en que la Personería ha sido un apoyo para los grupos étnicos y por eso son necesarios más personeros delegados. Además, Ronald Valiente pidió que el proyecto no sea archivado, sino que se revise y ajuste la propuesta de la personera, quien sí ha hecho presencia en las comunidades. Valiente expresó que este proyecto es favorable para los grupos étnicos, ya que se crea una Personería Delegada para estos temas. 

En representación de la ESAP, Luis Riaño expresó que la mayoría de las intervenciones dadas durante la audiencia pública se refirieron a temas no relacionados con el proyecto, ya que el mismo se trata de la estructura administrativa de la Personería y no de la planta de personal. 

Riaño indicó que la iniciativa corrige las denominaciones de las dependencias de la Personería, crea 2 nuevos personeros delegados, formaliza las oficinas de control interno y jurídica, se fijan las funciones de cada dependencia, entre otros. 

Más adelante, el personero auxiliar, Carlos Torres, dio a conocer que la modernización de la estructura de la Personería es uno de los puntos que conforma el plan estratégico formulado por la Personera. 

Finalmente, la concejal Kattya Mendoza (Liberal) manifestó que esta audiencia dio claridad sobre la realidad del Proyecto de Acuerdo y anunció que la Comisión Tercera (que se encarga del primer debate) solicitará documentos para estudiarlo más a fondo, pero aseguró que lo que no sea legal o atente contra los funcionarios, no será aprobado. 

Para Mendoza esta no es la manera correcta de suprimir cargos para crear otros y, aunque debe aumentarse la planta de personal, no puede sacrificarse la labor social de quienes han trabajado en la Personería durante años.

Escrito por Diana Infante Del Río, investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.

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