IPS y Entes de Control presentan inquietudes sobre atención al COVID-19 en Cartagena

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 2 de junio de 2020.

Hora de inicio: 2:31 p.m.

Hora de finalización: 8:50 p.m.

Esta sesión virtual del Concejo correspondió a la tercera convocatoria de la Comisión Tercera para realizar seguimiento a la atención brindada por el Distrito al COVID-19; por lo tanto, se contó con la presencia de la directora (e) del DADIS, asesor nacional designado en Cartagena, directora de Funcicar, personera, contralor, representantes de IPS y EPS.

Iniciado el orden del día, Johana Bueno, directora (e) del DADIS se refirió a declaraciones de semanas anteriores en las que se dio a entender que 700 mil personas se contagiarán en Cartagena; frente a esto, aclaró que podría estar en riesgo el 70% de la población y el 15% requerirían hospitalización. Bueno informó que el 87% de los casos reportados son manejados desde las viviendas, 7% son hospitalizados y 4% fallecen.

La directora señaló que se está aplicando un Plan de Expansión donde se priorizaron 5 clínicas para la atención de COVID-19: Hospital Universitario del Caribe (HUC), Gestión Salud San Fernando, Estrios IPS, Clínica General del Caribe, y Clínica La Nuestra. Además, hacen parte del Plan 25 IPS que cedieron el 50% de su capacidad instalada para la atención de contagiados.

Algunos de los datos brindados por la funcionaria sobre la última semana del mes de mayo fueron los siguientes: el promedio de hospitalizados por contagio fue de 289 en sala general, 114 en UCI y 51 en cuidado intermedio; en UCI hubo 24 casos confirmados y 85 sospechosos; el porcentaje de ocupación en hospitalización era de 74%, en intermedios de 83% y en UCI 80%.

En atención al cuestionario que le fue enviado y a inquietudes de varios concejales, la funcionaria expresó lo siguiente:

• El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, CRUE se encarga de recibir las solicitudes de servicios por parte de la comunidad y remitir a las IPS que cuentan con disponibilidad. 
• Si se identifican pacientes que no cuentan con las condiciones de habitabilidad necesarias se determina si deben trasladarse a centros de atención para evitar nuevos contagios.
• IPS Salud y Bienestar abrió espacio de 70 camas en el Hotel Océano para aislamiento inteligente de personas que no cuenten con condiciones en sus viviendas. 
• A la fecha no hay un contrato para toma de muestras a población pobre no asegurada. El contrato está en proceso. 
• Las pruebas rápidas adquiridas mediante el contrato 008 no han sido entregadas por parte del contratista, por lo que se inició el proceso sancionatorio por incumplimiento.
• En los barrios priorizados por mayor índice de contagio hay equipos básicos de atención en campo para aplicar cercos epidemiológicos, tomar muestras, y definir traslados a centros hospitalarios. 
• En los últimos días hubo acumulación de cadáveres, motivo por el que se creó un plan de choque en el que se identificó que uno de los inconvenientes era por retraso en entrega de pruebas.
• En los próximos días se definirá un contrato por $500 millones para disposición final de cadáveres. 
• Para personas no afiliadas al sistema subsidiado que cumplan con el puntaje de SISBEN puede aplicarse la figura de afiliación de oficio para que sean vinculados. Hay 29.910 personas bajo esta figura.
• La población en riesgo priorizada por enfermedades como hipertensión y diabetes es de 121.423 personas, mientras que la población mayor de 70 años es de 46.574 personas.
• Se firmó un convenio con FONTUR para financiar el 80% del alojamiento de personal sanitario en los hoteles de la ciudad. 

El concejal César Pión (La U) llamó la atención por la importancia de fortalecer la red de salud, pues antes del COVID-19, la ciudad contaba con 1.272 camas, de las que 992 eran privadas y solo 280 públicas. También resaltó que debe analizarse el papel de la Superintendencia de Salud. 

La concejal Kattya Mendoza (Liberal) solicitó que se dé seguimiento a los procesos de personas con hipertensión, pues la mayoría de fallecidos padecen esta patología; además pidió información sobre ambulancias medicalizadas.

Por su lado, los concejales Luder Ariza (Alianza Verde) y Rodrigo Reyes (Conservador) señalaron que la ciudadanía presenta quejas constantemente por la calidad del servicio, por lo que debe revisarse la eficacia de la atención. Así mismo, el concejal Luis Cassiani (Cambio Radical) insistió en la necesidad de contar con albergues para asintomáticos que viven en hacinamiento.

A su turno, el asesor nacional para COVID-19, Juan Manuel Benedetti, informó que su misión es coordinar el sistema de salud, pues encontró desarticulación entre los actores del sistema y pocas tomas de cercos epidemiológicos, sumado a las debilidades de la infraestructura hospitalaria y pocas camas públicas. 

En cuanto a red hospitalaria, indicó que una vez el HUC alcance el 75% de su capacidad, la clínica de San Fernando y Estrios serían las designadas para atención exclusiva de contagiados. En ese sentido, indicó que para la Fase 4 que se cumpliría en agosto se contaría con 1.500 camas, de las que 1.170 serían de hospitalización general, 216 de UCI y 139 para cuidados intermedios. 

Benedetti manifestó que, si se quisiera aislar a los asintomáticos del Distrito, se necesitaría espacio para 180 mil personas aproximadamente, además, señaló que en experiencias de otras ciudades la comunidad no quiere asistir a centros para asintomáticos. También dio a conocer que la ciudad cuenta con 150 ventiladores, pero 2.500 personas podrían necesitarlos. 

Sobre las EPS indicó que venían trabajando desarticuladamente pero se viene corrigiendo la situación; por otro lado, señaló que hay un retraso de 6 días en entrega de información de contagio, lo que dificulta un mejor manejo de las camas disponibles. 

Más adelante, la directora de Funcicar, Carolina Calderón, presentó un informe del seguimiento realizado a las inversiones del Distrito para atender la emergencia sanitaria, a corte 28 de mayo; algunos de los puntos que presentó fueron:

• Se han invertido $27.813 millones en 61 contratos, de los cuales 74.79% se invirtieron en entrega de alimentos y utensilios de aseo; 12.39% en elementos y/o servicio de limpieza, desinfección y protección; 5.08% en alojamiento y atención a población vulnerable; etc. 
• El 67,6% del total de recursos se han contratado con dos empresas: Invercomer del Caribe S.A.S (con 5 contratos por $11.387.399.428) y Veneplast Ltda. (con 4 contratos por $7.416.350.000).
• En el contrato de 10 mil pruebas rápidas por valor de $725 millones se identificó que en procesos similares de otras entidades el precio de cotizaciones era menor; además, el plazo del contrato está vencido y aún no se entregan las pruebas.
• En el proceso 001 suscrito entre la Alcaldía Local 2 y la ESAL Cooperativa Multiactiva de la Renovación por $1.997 millones para compra de ayudas humanitarias se identificó que se desconocen los criterios para la escogencia del contratista; además, los paquetes pasaron de 12 mil a 21 mil y luego a 23 mil, sin afectar los costos, lo que genera suspicacia sobre la ejecución. 
• El Plan de Acción Específico para atención al COVID-19 se desarrollaría entre marzo y agosto con una inversión de $56.753.773.760 millones.
• El Plan tiene 20 líneas de acción, pero solo 4 representan el 81% de toda la inversión planeada, y hay 9 líneas sin ejecución, algunas relacionadas con nuevas camas hospitalarias, reactivación económica, etc. 
• Para el mes de mayo, la Alcaldía preveía una ejecución del 34.6% del total de recursos asignados al Plan de Acción; de acuerdo a lo observado, este porcentaje registra un cumplimiento del 46%.

Por otro lado, el contralor Freddy Quintero indicó que no se emitió concepto favorable a la Alcaldía sobre la contratación de la urgencia manifiesta y la emergencia no puede ser una excusa para la falta de planeación. El contralor resaltó que solo 7 de 12 contratos revisados por el Ente de Control corresponden a la atención de la emergencia, mientras que otros 5 se relacionan con habitantes de calle y publicidad. Sobre estos últimos mencionó que no era pertinente usar $95 millones para publicidad. 

Quintero llamó la atención porque el Plan de Acción Específico no cuenta con un cronograma, porque al ente de control no se le reportaron otros contratos, porque se desatendieron algunas medidas nacionales, etc.

La personera Carmen de Caro manifestó que no se está realizando seguimiento a las personas con atención domiciliaria, ni se les aplican pruebas posteriores, además, la información que se entrega a las familias de personas hospitalizadas no llega a tiempo y hay quejas diarias. 

De Caro indicó que la Personería ha trabajado con el DADIS y se acordó dar claridad sobre procesos de cremaciones, pues es necesario el permiso de las familias para llevar a cabo el proceso. También expresó su preocupación porque las EPS se habían comprometido a atender sin importar la afiliación de los pacientes y esto no se está dando. 

Así mismo, señaló que los hospitales de campaña no deberían estar al aire libre en tiempos de invierno y denunció que no se están recibiendo las pruebas durante los fines de semana. 

En representación de varias IPS como Medihelp, La Nuestra, Gestión Salud, Clínica Crecer, y otras, Roberto Galván, estuvo en desacuerdo con entregar un parte de tranquilidad a la comunidad pues no hay control de la situación y la atención está principalmente en manos de la red privada. Galván expresó su preocupación por el tiempo que se ha desperdiciado, por los retrasos en entrega de pruebas, por la no dotación a la red hospitalaria, y por el poco apoyo del gobierno.

Al respecto, el asesor nacional para tema COVID, destacó que los entes privados tienen el mayor peso por tener el mayor número de camas, pero aseguró que se están realizando las gestiones necesarias para superar la situación; además, mencionó que estas acciones debieron tomarse desde hace 3 meses. 

Durante la sesión, también intervinieron otros representantes de prestadores de salud, así: 

• Diana Trujillo de la clínica Nuestra Señora de la Candelaria, manifestó su preocupación porque no se está garantizando la bioseguridad del personal de salud. 
• Julio Borelli resaltó que es necesario recobrar la confianza ciudadana en el sector médico y aseguró que no es cierto que exista un cartel del COVID-19, pues las clínicas están teniendo un 30% menos de ingresos operacionales y hay pérdidas operativas.  
• Angélica González de Mutual Ser indicó que han realizado 3 mil tamizajes y tomado 2.890 pruebas. Además, hacen parte de los equipos de campo en los barrios priorizados. Como operador del centro de aislamiento en el Hotel Océano dio a conocer que están financiando 70 camas, pero solo hay 14 ocupadas, pues la comunidad no quiere ingresar al centro.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el martes 30 de junio de 2020; a las 2:00 p.m. a través de videoconferencia.

Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.

Ver sesión: https://www.facebook.com/212716019112186/videos/899262987166533