La ciudadanía tiene los ojos sobre la contratación pública por crisis de COVID-19

• En Colombia, organizaciones de la sociedad civil se unen para seguir promoviendo la transparencia y la lucha contra la corrupción en la ejecución de recursos públicos de la emergencia por COVID-19.

• Se han identificado más de 9 mil contratos relacionados con la crisis del Covid-19 por un valor de 1,6 billones de pesos. Este gran universo requiere un importante esfuerzo de seguimiento de todos los actores que cuidan lo público.

Bogotá D.C., mayo 20 de 2020. Durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 se han denunciado presuntos hechos de corrupción en los recursos destinados a atender la crisis, un gran reto para autoridades, entidades públicas, organismos de control, y en especial para la ciudadanía, que ha observado la situación con gran indignación.

Por esta razón, y pensando en pasar a la acción conjunta, siete  organizaciones de sociedad civil –Transparencia por Colombia, -Comité por Transparencia por Santander, Cordupaz, Corporación Cívica de Caldas, Funcicar, Alianza por una Cali + Transparente y participativa y Corporación VIGÍA Cívica, Pereira – han sumado esfuerzos en la iniciativa ‘Ciudadanía activa: con los ojos puestos en los recursos COVID-19’, para hacer un seguimiento a los procesos de contratación de bienes y servicios destinados a la atención de la crisis en 7 regiones del país: Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá D.C.. Se espera trabajar de manera conjunta con otras organizaciones e iniciativas para lo cual se hace un llamado a que nos fortalezcamos como sociedad civil.

Para la alianza, es fundamental que la ciudadanía siga asumiendo un rol activo, articulado y propositivo que contribuya a generar mayor transparencia en el uso de los recursos. Por eso, como un ejercicio de Control Ciudadano estas organizaciones se articularon para identificar patrones en la contratación, utilizando fuentes oficiales de información: SECOP I, SECOP II, la Tienda Virtual del Estado, SISBEN, Procuraduría General de la Nación y Cuentas Claras. Se profundizará en el análisis identificando riesgos de corrupción en los procesos, objetos de los contratos, valores e idoneidad de los contratistas, entre otros aspectos. Los resultados y alertas de su trabajo se divulgarán en boletines periódicos.

Aunque la emergencia llegue a su fin, la rendición de cuentas no culmina con ella. El panorama al que nos vemos enfrentados implica que la lucha contra la corrupción mantenga un lugar central en la atención de la emergencia COVID-19 con el fin de prevenir riesgos que, de materializarse, pueden fomentar hechos de corrupción, que incrementarán las situaciones de vulnerabilidad para amplios sectores de la población, la inequidad en el acceso a salud y la profundización de la pobreza, entre otros efectos. 

¿Qué se ha encontrado?

Desde el 16 de marzo hasta el 14 de mayo, la contratación que se ha hecho en el país para atender la emergencia del COVID-19 presenta las siguientes características generales:

• Se identificaron 9.206 contratos en todo el país relacionados con la crisis del COVID-19 por un valor cercano a los 1,6 billones de pesos[1].

• Bajo la causal de urgencia manifiesta se encontraron 4655 contratos, asignados por modalidad directa y que se encuentran estimados en 1,1 billones de pesos[2].

• El 71% de la contratación, para la atención de la emergencia, se ha realizado en el nivel territorial, y equivale a 1,1 billones de pesos[3].

• En Bogotá se concentra el 44% del valor total de la contratación de la emergencia, que incluye la contratación de las entidades nacionales, seguido de Antioquia (8,2%), Valle del Cauca (7,1%) y Atlántico (5,4%).

• Las entidades que más han contratado son: Fondo Financiero Distrital de Salud (209 contratos), Sucre- Gobernación (94 contratos), Instituto Nacional de Salud (91 contratos), Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla (82 contratos) y Caldas – Alcaldía Municipio de La Dorada (82 contratos).

• A la fecha, se registran 7.613 contratistas, entre los cuales vamos a identificar cuántos fueron financiadores de campaña de las elecciones territoriales de 2019.

Asimismo, se han encontrado irregularidades dentro de los procesos de contratación. Uno de los casos analizados fue la existencia de dos contratos adjudicados a personas que se encontraban inhabilitadas para contratar con el Estado por los delitos de concierto para delinquir y fabricación y porte de armas de fuego. Toda presunta irregularidad se estará presentando debidamente ante los órganos de control.

Para las organizaciones, la acción propositiva de la ciudadanía haciendo uso responsable de datos públicos debe complementar la acción de las autoridades nacionales, departamentales y municipales, y de los órganos de control.

“Nunca antes había sido tan claro todo lo que nos ha quitado la corrupción. Por eso desde la ciudadanía estamos poniendo a disposición nuestra experiencia para pasar de la indignación a la acción, queremos fortalecer nuestras instituciones, nuestra democracia y que le demos un valor a lo que es público, a lo que es nuestro” Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia.

“Vivimos un momento fuera de lo común, por eso necesitamos una transparencia excepcional y una ciudadanía extraordinaria. Esta sumatoria de esfuerzos es una apuesta para eso. Unir nuestras experiencias regionales para exigir el cuidado de recursos públicos más ambicioso y para construir una ciudadanía más fuerte con los datos como argumento”, Afirma Camilo Vallejo, Director de Corporación Cívica de Caldas.

Funcicar validó la relación entre la destinación presupuestal que hizo la Gobernación de Bolívar con el censo de habitantes reportados por el DANE para cada municipio. Se estableció hubo una correlación del 92% entre los recursos asignados vs población.

Recomendaciones

• El 12% de los contratos celebrados por la Gobernación de Bolívar durante la emergencia sanitaria han sido publicados sin fecha de firma y el 3,5% de los procesos por fuera de los 3 días hábiles que establece el decreto 1082 de 2015 para la publicidad de los contratos. Funcicar recomienda a la administración, publicar los procesos a tiempo y con toda la documentación técnica, a fin de que la ciudadanía cuente con los insumos necesarios para hacerle seguimiento a los recursos públicos.

• En los contratos celebrados con empresas, no se dieron a conocer con claridad las invitaciones a participar que hizo la gobernación en cada proceso. Solo un contrato publicó cotizaciones. Por tal motivo se recomienda que se hagan públicos estos documentos para dar mayores garantías de transparencia en la selección objetiva de los contratistas.

• Dado que la Gobernación de Bolívar puso los recursos a disposición de 45 municipios para que estos los ejecutaran; hacemos un llamado a que la Administración Departamental haga un proceso de rendición de cuentas de los recursos COVID-19, en el que incluya la ejecución de esos entes territoriales.

Casos especiales

1.    Dentro de los procesos observados, llama la atención el contrato celebrado entre la Secretaría de Salud Departamental con la empresa SALUD SEGURA R Y L S.A.S. por un valor de $435.301.024.

Este proceso fue liquidado el 30 de abril, luego que el representante legal de la empresa, Carlos Andrés Rodriguez Arana, manifestara “hallarse incurso en la prohibición para celebrar contratos establecida en el articuo 1º de la ley 1296 de 2009”, tal como estableció textualmente el acta de liquidación publicada en SECOP.

Pese a su liquidación, la empresa contratista alcanzó a ejecutar el 79,96% de los recursos contratados, que corresponde a $348.049.668.

2.    De igual forma se identificó el caso de la empresa HEALTH CAR S.A.S, la cual en SECOP reporta que recibió tres contratos por un valor total de $2.567.488.000: El primer proceso fue para “Suministro de elementos de protección individual en bioseguridad para el personal de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional), otros organismos de seguridad y personal de la Gobernación de Bolívar que adelanta acciones de prevención, contención y mitigación con ocasión a la declaratoria de Calamidad Pública como consecuencia de la crisis sanitaria acaecida por la pandemia Coronavirus COVID 19″. Este proceso tuvo un valor de $389.500.000 y fue celebrado con la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres.

Posteriormente, la Secretaría de Salud Departamental contrató con esta misma empresa el Proceso COVID19-693-2020 para “Suministro de reactivos e insumos necesarios para la lectura de muestras como apoyo a la vigilancia por Laboratorio del evento de interés en Salud Publica COVID 19 en el Departamento de Bolívar, con ocasión de la declaratoria de Calamidad Pública ocasionada por la pandemia Coronavirus COVID 19” por un valor de $1.088.994.000.

Este mismo objeto contractual, con el mismo valor y los mismos estudios previos fue publicado con otro número de proceso «COVID19-695-2020». Consideramos que este proceso fue subido dos veces de forma errónea, teniendo en cuenta que el certificado de disponibilidad presupuestal «520-522-549» que amparan ambos procesos suman $1.900.000.000, por lo que no podrían asegurar dos veces la misma cantidad de recursos

Es importante señalar que estos dos procesos fueron publicados sin fecha de firma, ni con las cotizaciones que hicieron las entidades.

Carolina Calderón Guillot, directora de Funcicar, señaló que «sabemos que en urgencia manifiesta se puede contratar directamente, sin embargo ‘a contratación extraordinaria, medidas extraordinarias’, por eso nos parece importante que la Gobernación de Bolivar disponga más visibilidad de los documentos que justifican la selección objetiva de los contratistas para el control social».

Funcicar a través de Vigila Cartagena ha hecho seguimiento a la contratación de los recursos COVID-19 desde la declaratoria de Calamidad Pública hecha por el Distrito y la Gobernación el pasado 17 de marzo. 

En los próximos días, se dará a conocer el informe de seguimiento a la contratación que ha hecho la Alcaldía de Cartagena durante la emergencia sanitaria.