Oficinas jurídicas de la ESE, IPCC y Distriseguridad rinden informes de gestión

El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.

Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 4 de junio del 2026

Hora de Inicio: 9:00 a.m.

Hora de finalización: 9:59 a.m.

Receso: 9:04 a.m. – 9:06 a.m.

En esta sesión plenaria del concejo de Cartagena se llevó a cabo la presentación del informe de gestión de las oficinas jurídicas de la ESE Hospital Local, IPCC, y Distriseguridad. Antes de iniciar la sesión, se realizó un receso debido a que no contaban con quorum para aprobar el orden del día. Tras finalizar, se dio paso a las presentaciones:

  • El funcionario de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias presentó el informe de gestión jurídica y contractual con corte al 15 de mayo de 2026. En materia jurídica, informó que la entidad avanzó en la formalización jurídica de predios, la activación de mecanismos de conciliación a través del Comité de Conciliación, la atención de derechos de petición y el seguimiento técnico y financiero de las contingencias judiciales. Indicó que la ESE registra 94 procesos judiciales vigentes, principalmente de nulidad y restablecimiento del derecho y de reparación directa. Asimismo, reportó la gestión de 99 derechos de petición, la expedición de 53 actos administrativos, la atención de 57 acciones de tutela, la realización de 7 comités de conciliación, el trámite de 10 procesos administrativos sancionatorios y 30 denuncias.

En cuanto a la gestión contractual, señaló que la entidad ha mantenido los procesos necesarios para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, teniendo en cuenta las excepciones permitidas por la Ley de Garantías. Detalló que se suscribieron 443 órdenes de prestación de servicios para equipos básicos en salud por $11.250 millones; 28 órdenes de prestación de servicios adicionales por $46 millones; 4 contratos de adquisición por $3.202 millones; 7 contratos de arrendamiento por $6.357 millones; 7 contratos de mantenimiento por $6.716 millones; 15 contratos de prestación de servicios por $29.868 millones; 11 contratos de suministro por $7.363 millones; y 11 contratos de transporte por $4.466 millones.

El concejal David Caballero (Conservador) consultó sobre la tercerización laboral en la ESE. Frente a esta inquietud, el funcionario manifestó que existen trabajadores vinculados mediante este mecanismo y se comprometió a remitir la información detallada. Caballero expresó su preocupación por esta modalidad de contratación e instó a la entidad a avanzar hacia formas de vinculación más estables para más de 300 trabajadores, incluidos profesionales de la salud, argumentando que las empresas intermediarias retienen un porcentaje de los ingresos de los contratados.

  • El jefe jurídico del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Walter Navarro, presentó el informe de gestión contractual correspondiente al periodo comprendido entre enero y mayo de 2026. Informó que la entidad suscribió 199 contratos por un valor total de $7.914 millones. De estos, 192 contratos se realizaron mediante contratación directa con recursos de funcionamiento e inversión por $5.337 millones; dos procesos por mínima cuantía por $27 millones; una orden de compra a través de la tienda virtual por $9,9 millones; dos procesos de selección abreviada por $514 millones; y dos convenios de asociación y otros mecanismos contemplados en el Decreto 092 de 2017 por $2.024 millones.

En cuanto a la distribución por modalidades de contratación, indicó que la contratación directa representó el 67% del valor total contratado, seguida por los convenios de asociación y otros mecanismos con el 25%, la selección abreviada con el 6%, la mínima cuantía con el 0,35% y la tienda virtual con el 0,13%. Precisó además que, dentro de la contratación directa, se celebraron 191 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por $5.277 millones y un contrato de arrendamiento por $60 millones.

Respecto a la contratación de prestación de servicios, señaló que con recursos de funcionamiento se suscribieron 14 contratos de apoyo a la gestión por $408 millones y 14 contratos de profesionales por $786 millones. Con recursos de inversión se celebraron 97 contratos de apoyo a la gestión por $1.861 millones y 66 contratos de profesionales por $2.220 millones, para un total de 191 contratos y $5.277 millones comprometidos.

Finalmente, presentó un comparativo histórico de la contratación de la entidad, señalando que en 2026 se reportaron 191 contratos frente a los 214 registrados en el mismo periodo de 2025. Indicó que el comportamiento contractual se mantiene dentro de una tendencia estable y que, entre 2020 y 2026, el Instituto ha suscrito un total de 1.807 contratos, cuya sumatoria alcanza aproximadamente los $32.000 millones.

  • El profesional especializado jurídico de Distriseguridad, Edgar Martínez, presentó el informe de gestión con corte al 15 de mayo de 2026, recordando que la entidad ejecuta sus acciones a través de tres programas contemplados en el Plan de Desarrollo. Explicó que actualmente se trabaja en el cumplimiento de metas relacionadas con infraestructura para organismos de seguridad, incluyendo la proyección de nuevos Centros de Atención Inmediata (CAI) en sectores priorizados por la Policía Metropolitana y la ampliación de centros de inteligencia para el monitoreo y análisis de información. Asimismo, informó que se adelantan mesas de trabajo con las secretarías de Planeación e Interior para la creación de un Centro de Procesamiento y Análisis Situacional del Delito, concebido como un observatorio que permita consolidar información para la toma de decisiones en materia de seguridad.

En materia contractual, señaló que continúan en ejecución varios proyectos financiados mediante vigencias futuras aprobadas por el Concejo Distrital. Entre ellos destacó la implementación de sistemas de videovigilancia móvil y portátil para eventos masivos y espacios de alta concentración de personas, así como la puesta en marcha del sistema de reconocimiento de placas (LPR) y reconocimiento facial, que será instalado en puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, plazas del Centro Histórico, la Terminal de Transportes y algunos centros comerciales. Este proyecto también contempla la modernización de la plataforma tecnológica de gestión de video y analítica utilizada por la entidad.

El funcionario también informó sobre la ejecución de proyectos relacionados con la seguridad en playas, incluyendo la fase cuatro de infraestructura y señalización para zonas costeras, así como la instalación de nuevos sistemas de videovigilancia en la ciudad. Precisó que se instalarán nueve nuevos puntos de monitoreo en el barrio El Pozón y ocho en el Centro Histórico, permitiendo ampliar la cobertura del sistema CCTV y fortalecer el monitoreo desde la sala inteligente ubicada en el edificio Chambacú. De igual manera, reportó avances en los contratos de mantenimiento de cámaras de vigilancia y alarmas comunitarias, estos últimos con niveles de ejecución cercanos al 70% y 80%, respectivamente.

Martínez indicó además que se encuentra en ejecución la tercera fase del programa de alarmas comunitarias inteligentes, inicialmente diseñada para instalar 50 sistemas y posteriormente ampliada mediante una adición contractual que permitirá llegar a 75 nuevas alarmas. También destacó la ejecución del convenio con la Fiscalía General de la Nación para la renovación integral del sistema de aire acondicionado de la sede regional ubicada en Crespo, así como contratos derivados de convenios con el Ministerio del Interior destinados al fortalecimiento de las capacidades operativas de los organismos de seguridad.

Finalmente, presentó la planeación contractual prevista para los próximos meses y explicó la destinación preliminar de los recursos incorporados mediante los acuerdos distritales aprobados en 2026. Entre las iniciativas contempladas se encuentran el pago de vigencias expiradas, la cuarta fase de alarmas inteligentes enfocada en corredores universitarios y frentes de seguridad, la estructuración del sistema de videovigilancia para el Malecón del Mar, el desarrollo del proyecto Plan Ancla en articulación con la Armada Nacional, la formulación de proyectos para cofinanciación con entidades nacionales y el fortalecimiento del mantenimiento de las cámaras de vigilancia y alarmas comunitarias ya instaladas en la ciudad.

Siguiendo con el orden del día, el concejal David Caballero (Conservador) reiteró su preocupación por la calidad del servicio de aseo y anunció que continúa la construcción de un debate de control político desde la comisión accidental creada para analizar esta situación. Señaló que, tras los cuestionamientos formulados recientemente en el Concejo, algunas empresas prestadoras del servicio intensificaron la divulgación de actividades de limpieza y recuperación de puntos críticos. Asimismo, hizo referencia a actuaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos en otras ciudades y planteó la necesidad de que dicho organismo participe en futuras discusiones relacionadas con los servicios públicos en Cartagena. Finalmente, propuso analizar la posibilidad de que el Distrito participe directamente en la prestación del servicio de aseo, considerando el volumen de recursos que se generan por este concepto y el potencial impacto que ello tendría en la administración local.

El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) planteó la conveniencia de avanzar hacia la creación de una empresa distrital de servicios públicos que integre componentes como alumbrado público, aseo, acueducto y alcantarillado. Sostuvo que esta figura permitiría al Distrito administrar directamente recursos que actualmente son gestionados por operadores externos y destinarlos a proyectos de interés para la ciudad. También hizo referencia a aspectos relacionados con la prestación de los servicios de aseo y acueducto, incluyendo la inversión en infraestructura, la expansión de coberturas y la situación financiera de los operadores. Asimismo, mencionó experiencias de otras ciudades del país en materia de gestión de servicios públicos y señaló que el tema debe formar parte de la discusión sobre el futuro modelo de prestación de estos servicios en Cartagena.

Agotado el orden del día, se citó la proxima sesión para el viernes 5 de mayo a las 9:00 a.m.

Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.



Fotografía: Concejo de Cartagena

2560 1706 Funcicar
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