Tal como lo manifestamos en comunicado del 15 de marzo de 2018, uno de los efectos que tendría la declaratoria de calamidad pública para el proyecto de protección costera podría ser la del no uso de las modalidades de selección objetiva como la licitación pública. Hoy, tras la rueda de prensa adelantada por la Alcaldía de Cartagena y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se conoció que las obras efectivamente serán contratadas mediante invitaciones cerradas.
De acuerdo a la información suministrada por el director de la UNGRD, Eduardo González, el macroproyecto se ejecutaría en 34 meses a partir de abril de 2019 y mediante siete contratos para la ejecución de: Plan de Manejo Arqueológico ($300 millones), Apoyo Técnico de la Universidad de Cartagena($1 mil millones), Plan de Gestión Social ($2 mil millones), Contrato de Obra ($142 mil millones), Contrato de Interventoría ($6.392 millones), Visitas ANLA ($480 millones), Perito DIMAR ($178 millones), Cesión Licencia Ambiental al Contratista ($50 millones), Gastos Fiduciarios y Administrativos ($7.619 millones).
El macroproyecto contempla la intervención de 7.7 kilómetros del borde costero y una inversión de $160 mil millones, de los cuales $60 mil millones fueron aportados por la Alcaldía y $100 mil millones por la nación.
¿Qué implicaciones tiene contratar mediante “invitación cerrada”?
Funcicar a través de su programa Vigila Cartagena identificó las implicaciones que tiene el uso de un régimen especial para la contratación de las obras de protección costera por parte de la UNGRD:
- La UNGRD no está obligada a publicar los documentos técnicos, financieros y jurídicos de la etapa precontractual en SECOP ni en su página web, lo cual limita el acceso a la información.
- La ciudadanía, veedurías y/o empresas no podrán presentar observaciones al proceso contractual, en aras de mejorar las condiciones de selección del contratista, condiciones técnicas de la obra, entre otros.
- No habrá espacios de interlocución en la etapa precontractual con la administración ni con la UNGRD para aclaración y modificación de pliegos, asignación de riesgos, aclaración de inquietudes, tal como se da en las audiencias propias de una licitación pública.
- La invitación cerrada excluye a contratistas que no estén en el banco de oferentes de la UNGRD pudiendo estos contar con un perfil más idóneo para ejecutar las obras.
- El manual de contratación de la UNGRD(Resolución 0637 de 2016) no tiene definido el procedimiento para la contratación mediante régimen especial, lo cual genera incertidumbre respecto a cómo se surtirá la selección del contratista.
- El no uso de un proceso de selección abierta en medio de un año con elecciones regionales, podría generar riesgos de direccionamiento de recursos con fines electorales.
Nueva posición preocupa
Contrario a lo anunciado en la rueda de prensa del día de hoy, se tienen registros que durante el 2018 la administración distrital sostuvo que contrataría este macroproyecto mediante licitación pública.
En sesión del Concejo Distrital de fecha 10 de abril de 2018, el entonces director de la Oficina de Valorización Distrital Carlos Carmona, manifestó que posterior “al trámite de cofinanciación de la nación se daría inicio a la etapa de licitación, la cual tardaría cerca de 2 meses”.
De igual forma en comunicado de prensa del 1 de noviembre de 2018, la Administración del alcalde (e) Pedrito Pereira anunció a la ciudad que tras la autorización de la Dimar, “se abre el paso para que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre (UNGRD), entidad que ejecutará el proyecto, pueda surtir el proceso licitatorio del mismo”.
La administración bajo los diferentes gobiernos de 2018 anunció que este proyecto se contrataría mediante un proceso licitatorio. Preocupa el cambio en la modalidad de contratación anunciada debido a que la licitación pública da mayores garantías de cumplimiento a los principios de contratación estatal y de participación por parte de los interesados en el proceso.
Seguimiento a las obras
Los recursos del proyecto serán ejecutados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con sede en la ciudad de Bogotá, que desde el 28 de diciembre de 2018 recibió los $60 mil millones de pesos que aportó el distrito para iniciar la contratación de las obras.
Pese a que el alcalde (e) manifestó que en el convenio suscrito con la UNGRD se designó a la Oficina de Valorización Distrital para hacer seguimiento a las obras, hay incertidumbre frente a los mecanismos que dispondrá la ciudadanía para hacer una vigilancia activa a la ejecución del proyecto.
Funcicar celebra los avances en la ejecución de este necesario proyecto que busca mitigar los efectos del cambio climático, no obstante invita a la UNGRD y al Distrito a considerar una modalidad abierta de contratación y unos mecanismos efectivos de acceso a la información y seguimiento a la ejecución de los contratos que se derivan del macroproyecto.
Comunicado 01-19
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