El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena de Indias, 3 de marzo de 2023
Hora de Inicio: 9:01 a.m.
Hora de finalización: 11:54 a.m.
Receso: 9:03 a.m. – 9:11 a.m.
En esta sesión plenaria del Concejo Distrital de Cartagena se realizó la continuación de socialización del informe de gestión por parte de la Secretaría de Hacienda. Antes de iniciar el orden del día se dio un receso de 8 minutos mientras en la sede del Concejo se reestablecía el servicio de internet.
Finalizado el receso, el orden del día fue modificado por proposición del concejal César Pión (La U) para que los documentos y proposiciones se dieran antes que el informe de gestión, por lo que se dio lectura a los siguientes documentos:
- Documento mediante el cual, Nohemí Pacheco, del barrio Republica del Caribe, solicita que el Concejo Distrital realice audiencia pública sobre la construcción del alcantarillado en este barrio, toda vez que, a pesar de estar aprobada su construcción, se ha dilatado el proceso.
- Solicitud de revocatoria directa de resolución 141 del 18 de julio de 2022 que dio apertura al concurso de elección de Contralor/a Distrital 2022- 2025, presentada por el ciudadano Pedro Manuel Muñoz, lo anterior acogiéndose al fallo de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Bolívar presentada por Angie Paola Ortiz, en este se decretó la nulidad de la elección de la mesa directiva del 2022. El documento también solicita que se inicie un nuevo proceso de elección de Contralor o que se suspenda el concurso y la Jurisdicción Contenciosa Administrativa defina esta situación jurídica.
- Solicitud de revocatoria de las resoluciones 141 del 18 de julio de 2022 y la 032 del 22 de febrero de 2023 junto a las demás posteriores referentes al proceso de elección de Contralor/a Distrital, esta fue presentada por el ciudadano Alberto Jesús Chávez. Lo anterior justificando: 1. decaimiento del acto administrativo y pérdida de fuerza ejecutoria, por haberse decretado la nulidad de la mesa directiva del año 2022. 2. No cumplimiento del plazo de 3 meses de antelación informando sobre la convocatoria para el cargo. 3. No se cumplieron los 10 días de divulgación de la convocatoria pública. 4. La comisión accidental para conformación de la terna debía conformarse desde el momento de la revisión de hojas de vida, de la mano de la universidad contratada para el proceso. El documento detalla que no se debió continuar con un cronograma basado en la resolución 141, sino que se debió comenzar un nuevo proceso de convocatoria.
Sobre los documentos referentes al proceso de elección de Contralor/a Distrital, el presidente Lewis Montero informó que continuará con los trámites establecidos en el cronograma a menos que un juez le ordene detenerlo. El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) agregó que el presidente Montero tiene hasta dos meses para contestar la solicitud de revocatoria, sin embargo, esto no detiene el trámite de elección.
Continuando con el orden del día, el concejal Rodrigo Reyes (Conservador) mencionó que la Ley 30 de 1943 restituyó a la Sociedad de Mejoras Públicas el Fuerte San Sebastián de Pastelillo, entregándolo al Club de Pesca, establecimiento del que afirma no estaría haciendo buen uso del Fuerte, en el cual se está armando una estructura para un evento. Cuestionó si la facilidad para conseguir permiso para esto es igual para el resto de las zonas de la ciudad.
El concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) se refirió a Transcaribe, recordando que se han buscado alternativas para gestionarle recursos, como las aprobadas por el Concejo en el año 2022. Detallo que Álvaro Rengifo, quien asumiría la Gerencia de Transcaribe no lo ha hecho. A su vez, este se encuentra trabajando con Arturo Villareal, quien también trabajó con Rengifo en la empresa de recaudo en el SITM MIO de Cali.
Toncel agregó que Villareal y su empresa fueron los que donaron los tiquetes de Transcaribe que sirven como contingencia mientras no se cuenta con el servicio de tarjetas recargables y es quien pretende implementar un nuevo sistema de cobro el cual no permitiría cuantificar el número de pasajeros. En el mismo sentido, la concejal Gloria Estrada (Liberal) indicó que Cartagena está al borde de un estallido social y cuestionó que la Administración no ha ejecutado los $20 mil millones aprobados por el Concejo para chatarrizar buses.
El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) agregó que la cobertura de Transcaribe no puede seguir creciendo si no se avanza en la chatarrización, recursos que a pesar de estar aprobados no se han ejecutado. Otros recursos que tampoco habrían sido entregados son los del 50% de la sobretasa a la gasolina del mes de enero.
Barrios mostró su descontento por la ausencia de un Gerente de Transcaribe en propiedad y que “en las sombras” Álvaro Rengifo es quien maneja este sistema a pesar de traer la mala reputación que obtuvo en Cali. El concejal solicitó al Contralor (e) que, si se decreta la urgencia manifiesta, se vigile el recaudo de los pasajes de Transcaribe.
Por otro lado, el concejal César Pión (La U) señaló que parte de las soluciones a los problemas que presenta Cartagena se encuentra en Hacienda ya que es esta quien da los recursos a las secretarías, quienes los gestionan para cumplir con el Plan de Desarrollo. Indicó que todo esto debe ser vigilado por Planeación en cifras y porcentajes.
Por otro lado, afirmó que, entre el mototaxismo, la informalidad y los vehículos registrados de servicio público se manejan alrededor de $8.100 millones de pesos diarios, recursos que no están siendo manejados por ninguna empresa. Además, señaló que el hecho de que Transcaribe no llegue a su punto de equilibrio no es culpa del mototaxismo o la competencia ilegal. Por último, indicó que el problema de la ciudad es integral y que el problema de Transcaribe necesita mucho más que los recursos de Hacienda para poderse solucionar.
Continuando con el orden del día, la Secretaria de Hacienda, Diana Villalba, retomó la presentación del informe de gestión que inició la anterior sesión. Se refirió a la gestión de la tesorería indicando que se tiene una deuda con los bancos por $127 mil millones, siendo una disminución del 33% respecto al año 2021. Agregó que los indicadores de endeudamiento viabilizan se encuentran bajo lo establecido por las leyes.
De los embargos contra el Distrito, estos corresponden a $46.818.479.867, los cuales se pagaron en un 65%. Sobre deudas por pagar, corresponden a $76.701 millones. Del estado de la situación financiera mostró lo siguiente:
Sobre recaudos de fiscalización, mencionó que Inexactos de ICA y Rete ICA alcanzó los $3.450 millones, ICA Y RETEICA $398 millones, contraprestación portuaria por $6 mil millones, contraprestación aeroportuaria $21.846 millones, delineación urbana $12 mil millones, Sobretasa a la Gasolina Motor $48 mil millones.
También se refirió al cumplimiento en las metas del Plan de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda, para el 2022 contando con 12 programas y 33 metas; algunas de estas corresponden al cumplimiento en más del 100% en recaudos, exceptuando la Sobretasa a la gasolina que llegó a 82%. Se cumplió en un 19% el Plan de saneamiento fiscal; 97% en empleo inclusivo para los jóvenes; 100% en metas de encadenamiento productivo, entre otros.
Algunas metas con 0% de cumplimiento son: capital semilla a 5.000 micro y pequeñas empresas, formulación y puesta en marcha de una incubadora de empresas de alto impacto con recursos publico privados y vincular a 40 empresas de base tecnológica a la incubadora. Ante una duda de la concejal Claudia Arboleda (MIRA), la Secretaria hizo saber que el avance en 0% se debe a que durante el 2022 se acompañó a los emprendedores para desarrollar sus ideas, mientras que en el 2023 se harán los desembolsos.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el sábado 4 de marzo de 2023; a las 9:00 a.m.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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