Audiencia pública al Plan de Desarrollo. Temas: seguridad, convivencia y víctimas, 19 de mayo de 2016

Hora de inicio: 9:10 a.m.
Hora de finalización: 1:40 p.m.
 
Al inicio de la sesión el concejal César Pión (La U), da lectura a una proposición mediante la cual solicita a la Administración Distrital que designe un funcionario que se encargue en exclusivo de la intimidad y moralidad pública en Cartagena. Esto con fundamento en la serie de conductas exhibicionistas que se han venido presentando, que vulneran la dignidad de las personas. Además públicamente solicita a la Secretaría del Interior que emprenda controles hacia el edificio El Poseidón ubicado en el barrio El Laguito, debido a que en su interior se han venido presentando varios problemas, que afectan la convivencia del sector (parejas teniendo relaciones sexuales en los balcones, intentos de suicidios y muerte en el sistema de ascensores).

Aprobada la anterior proposición, prosigue la audiencia pública del proyecto de acuerdo mediante el cual se adopta el Plan de Desarrollo “Primero la Gente”. En este espacio la ciudadanía realiza varias intervenciones.

  • Aldo Lora. Muestra secuencia fotográfica que refleja la situación en materia de seguridad de la unidad comunera 6. Manifiesta que si bien se colocaron soportes para cámaras de seguridad, no se ha terminado la instalación. Solicita que la tecnología de drones de seguridad se extienda a los barrios populares. De igual manera considera importante que se extienda el tiempo de operación de Transcaribe para que las personas puedan contar con transporte seguro en muchas zonas de riesgo de la Ciudad. La falta de iluminación también ha sido un facilitador de la inseguridad, por lo que pide, que en el sector de la vía de la Cordialidad se restablezca la infraestructura que permita iluminar las zonas públicas.
  • Liliana Urrego, representante de Cartagena al 100. Respecto de los enfoques que orientan el Plan de Desarrollo, considera importante enfatizar esfuerzos alrededor de la construcción de identidad. Un instrumento importante para este fin, es la inversión sobre el sistema de monumentos, dada su relación con la materialización de la identidad colectiva.  De igual manera cuestiona las intervenciones sobre la arquitectura del Centro Histórico, que se realizan sin control. En ese sentido solicita mayor autoridad sobre la protección del patrimonio.
  • Hilario Oviedo, delegado de la JAC del barrio San Francisco. Relata un esquema de seguridad que considera importante implementar. Este sistema implica, entre otras cosas, establecer una red de cámaras que funcionen permanentemente en las zonas donde se presentan problemáticas asociadas al atraco y al expendio y consumo de drogas.
  • Luis Galindo, periodista. Recuerda el ejercicio de autoridad de la Policía Metropolitana frente al expendio de drogas en el barrio Getsemaní hace varios años, con lo que se logró el desmantelamiento de varios microtraficantes. Cuestiona que en la actualidad, teniendo mayores recursos tecnológicos, estén permitiendo que la delincuencia crezca. Por ello exige un mayor ejercicio de autoridad.
  • Ramón Morales. Se refiere a la problemática de inseguridad que padece toda Cartagena, a la que asocia el aumento del desempleo. Por ello considera que lo fundamental para combatir la inseguridad es la generación de empleo. Pide que se desarrollen los macro proyectos que requiere el territorio, que seguramente serán fuente de empleo para los ciudadanos. De igual manera pone en evidencia la necesidad de ampliar la cárcel de Ternera o crear otra cárcel.
  • Yarsley Berdugo, representante de los jóvenes del proyecto “Ciudadanía y Liderazgo Juvenil –Convenio FUNCICAR-REFICAR”. Realiza una ponencia en la que propone se considere la inclusión diferenciada de los jóvenes. Algunas de las peticiones que realizan al Concejo Distrital incluyen la formación para la exigibilidad de derechos y el cumplimiento de deberes ciudadanos. Así mismo solicitan capacitación en mecanismos de justicia y procesos de movilización de los jóvenes. Consideran igualmente importante establecer mecanismos que incrementen la oportunidades de educación y trabajo para lo cual es importante tener en cuenta la ley del primer empleo. Es fundamental en todo ese proceso  dar cumplimiento a la política distrital de juventud. Para el tema de jóvenes en riesgo, consideran vital que se planteen estrategias para la resocialización.
  • Jorge Pérez. Indica que en Cartagena las pandillas llevan 35 años de existencia. Por este motivo no se puede simplemente creer que los pandilleros involucran a jóvenes exclusivamente. También hay una gran porción de pandilleros que son adultos y otros que son niños. Manifiesta su preocupación frente al posconflicto, en el sentido de que los desmovilizados apoyen la profesionalización de los pandilleros. Critica que el presupuesto participativo ha disminuido demasiado en relación al designado en la Administración de Judith Pinedo.
  • Derlis Villalba, representante del Colectivo de Mujeres para el Reestablecimiento de Derechos. Solicita aumentar el presupuesto destinado para la restitución de derechos de las víctimas del conflicto armado. Pide que se caractericen las víctimas en el territorio de Cartagena, así como también una mayor corresponsabilidad institucional con este grupo poblacional.
  • Henry Guizamano, representante ASOCOC. Considera importante que las propuestas contenidas en el documento “Apuesta de etnodesarrollo y diálogo  de consejos comunitarios afrodescendientes”, deben quedar instauradas en el Plan de Desarrollo, para que de esta manera la Administración Distrital pueda acceder a los recursos de fortalecimiento étnico que se disponen desde el Plan de Desarrollo Nacional.
  • María del Carmen Casoy, representante de las comunidades Ingas del Alto Putumayo. Evidencia que su grupo indígena lleva más de 30 años en Cartagena y pese a ello no han sido reconocidos como comunidad étnica. Solicita acceso a tierras de los corregimientos de Cartagena para su asentamiento diferenciado. Indica que hay 20 familias que aún hablan el Quechuá. Partiendo de este reconocimiento como cabildo Inga, se posibilitaría a las comunidades formalizar sus planes de vida y el acceso a recursos del Estado.
  • Wilfrido Pérez, representante de ATINAZ Bolívar. Pide que el etnodesarrollo en Cartagena tenga en cuenta políticas diferenciales para el otorgamiento de capital semilla, la formalización de tierras colectivas, y la inversión en la protección de la memoria cultural.
  • Ana María Gonzales, Directora Ejecutiva de la Fundación FEM. Valora el espacio de las audiencias públicas donde las comunidades también realizan pedagogía hacia los funcionarios de la Administración Distrital, toda vez que a veces desconocen algunos aspectos de sus competencias. Expone que los grupos étnicos en Cartagena son: a) Comunidades Negras; b) Indígenas Zenú Urbanos; c) Indígenas Zenú Rurales; d) Indígenas Ingas. De ellos destacan los niveles organizacionales de las comunidades negras, que han tenido participación en todas las audiencias públicas. Sugiere a la Administración Distrital, ayudar a las comunidades étnicas a conseguir sus titulaciones colectivas para que se pueda acceder a recursos del Plan de Desarrollo Nacional. Igualmente afirma que si no se tiene claro cuánto se prevé gestionar en el orden nacional, y no disponen del 20% de contrapartida en proyectos específicos desde el Plan de Desarrollo Distrital, no se podrán gestionar esos recursos.
  • Soledad Bermúdez, representante de FUNSAREP. Propone acciones afirmativas de equidad de género. Propone la creación de la Secretaría de la Mujer, para erradicar todo tipo de violencia y permitir la movilización de las mujeres en entornos seguros.
  • Jimmy Rivera. Solicita a la Policía Metropolitana mayor hermetismo en el tratamiento de  la información que los líderes de las Juntas de Acción Comunal remiten a las autoridades para facilitar la intervención de la inseguridad de los barrios. Para ello considera vital que las reuniones para este fin, se hagan directamente con el comandante de la Policía.
  • Nubia Fajardo, Coordinadora del Regional Bolívar de la Ruta Nacional Pacífica. Solicita que se construya la hoja de ruta para la atención a víctimas. Además pide que los planteamientos para la intervención a víctimas estén centrados en el enfoque subdiferencial. Es indispensable que para estar preparados adecuadamente para el posconflicto, se implementen procesos de pedagogía para la paz.
  • Heralio Peralta. Evidencia la necesidad de realizar un censo a los mototaxistas, y emprender una serie de actividades de control al ejercicio del mototaxismo que implica la identificación y rastreo de las motos mediante el uso de microchips, y la supeditación de la actividad de transporte a la organización laboral.
  • Carlos de Jesús Lemus, representante del Sindicato de Mototaxistas. Propone que se haga un censo a los mototaxistas pero dirigido por este mismo gremio. Partiendo de ello, indica que la Policía Metropolitana de Cartagena podrá establecer una red de apoyo en los mototaxistas. Pero para este proceso, el del censo y la organización laboral, manifiesta la necesidad de que el Gobierno Distrital apoye con recursos. Pide, además, que se tenga en cuenta el conocimiento de los mototaxistas para la ubicación estratégica de las cámaras de seguridad.
  • Christi Salgado, representante de la Fundación Nuestro Tiempo. Propone premiar a los barrios que más llamadas hagan para la denuncia de actos delictivos, con el fin de incentivar la participación de las comunidades en el ejercicio de la seguridad. De igual manera pide enfatizar en los procesos educativos en niños que tengan por objetivo mejorar la convivencia.

Concluidas las intervenciones ciudadanas, prosiguen algunos aportes de los concejales.

  • César Pión (La U), reconoce que la Ciudad atraviesa por problemas enormes de seguridad. Sin embargo evidencia que el Plan de Desarrollo, tal como está diseñado, aborda esta problemática desde muchos frentes, por lo que prevé un impacto positivo en esta materia.
  • David Dáger (Liberal), considera que no sólo los mototaxista deben ser el primer cordón de seguridad de la Ciudad, sino además la red de vigilantes que disponen las empresas de seguridad privada en diferentes espacios de la ciudad. Pide que una comisión de concejales visite la cárcel de mujeres para evaluar las condiciones de reclusión. El concejal Dáger considera que en el POT se debe dejar establecida la zona donde se podrá construir las infraestructuras carcelarias que requiera la Ciudad para dar respuesta a los fallos judiciales de traslado que se han decidido
  • Édgar Mendoza (Conservador), indica que la figura de los jueces de paz no está contemplada en el Plan de Desarrollo. Fortalecer los jueces de paz contribuiría a la descongestión de los centros de reconciliación. De igual manera señala que el Plan de Desarrollo no identifica zonas de tratamiento especial, pese a que existen ciertos barrios que tienen estadísticas particularmente altas en materia de inseguridad. Adiciona, además, la necesidad de construir un centro de rehabilitación para farmacodependientes y enfermos mentales.
  • Duvinia Torres (La U), solicita aumentar la inversión para la atención de jóvenes en riesgo. De igual manera considera que se debe fortalecer el rubro destinado a la atención  de víctimas, enfatizando en aspectos como el fomento de la productividad y el otorgamiento de viviendas. Solicita, además, que en el proceso de ampliación del cuerpo de Bomberos, se contemple la inclusión de la mujer dentro del personal.
  • Angélica Hodeg (Verde) manifiesta que la policía ha perdido su credibilidad dentro de las comunidades. Por ello en las intervenciones de seguridad debe invitarse a la policía para que emprenda un acercamiento social. Así mismo es importante priorizar la inversión en materia de igualdad de género.
  • Luis Cassiani (Cambio Radical) solicita que se efectúe una mayor inversión en la generación de competencias en funcionarios de las comisarías de familia. De igual manera considera importante garantizar la implementación de casas de justicia móviles. De otro lado el concejal Cassiani pide que se establezcan metas más altas en lo concerniente a la reducción del pandillismo.
  • Rafael Meza (Conservador), pide enfatizar en los esfuerzos por cerrar las brechas de desigualdad en  el nivel de la inseguridad entre las zonas urbanas y rurales. De otro lado solicita que se implemente la tecnología de bloqueo de llamadas en la cárcel de Ternera para ponerle freno a los índices de extorsión.
  • Américo Mendoza (ASI), exhorta a la Administración Distrital a trabajar sobre la calidad humana de los cartageneros de tal forma que se mejore la convivencia  y el buen trato. Considera importante establecer metas más altas en materia de reducción de homicidios y extorsiones. Así mismo sugiere que se fomente la creación de espacios sociales para mejorar la interacción entre ciudadanos.Respecto del mototaxismo, evidencia que las medidas a tomar deben ser de fondo. Una de las alternativas para este caso es la prohibición del parrillero masculino.
  • Javier Curi (Liberal), indica la importancia de establecer en el Plan de Desarrollo la creación de las unidades de prevención y justicia, que implica la administración de los conflictos ciudadanos, partiendo de sanciones consistentes en la enseñanza de mecanismos de resolución de conflictos por la vía pacífica.
  • William Pérez (La U), propone organizar la estructura de prestación de los servicios de la seguridad. Considera que Distriseguridad no debería existir, en tanto sus atributos administrativos tranquilamente pudiera asumirlos la Secretaría del Interior. Por último opina que se le debe dar operatividad al programa de unificación de planeación zonal.

La audiencia pública concluye con la intervención de algunos funcionarios de la Administración Distrital.

Finaliza la sesión y se convoca para el viernes 20 de mayo de 2016, a las 8:30 a.m. en las instalaciones del Concejo Distrital de Cartagena de Indias.


Escrito por Walter Arturo Mejía Rivera, Coordinador (e) del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias.

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