Hora de inicio: 9:06 a.m.
Hora de finalización: 9:38 a.m.
En la sesión de hoy, el concejal Lewis Montero (Opción ciudadana) se refirió al plan becario implementado en el gobierno del exalcalde Gabriel García, mediante el cual haciendo uso de la información del Sisben se beneficiaba a algunos estudiantes ampliando la cobertura en los colegios privados. Este programa, alude el concejal, se convirtió en un gran negocio debido a que dichos colegios privados se extendían a diferentes barrios de la ciudad.
La mención al plan becario, fue usada como ejemplo por el cabildante para denunciar que muchos de los almacenes comerciales que tienen su sede central en el mercado de Bazurto, como es el caso de Gómez y Gómez, se están extendiendo a otras zonas de la ciudad como Nelson Mandela y el Pozón, probablemente, sin pagar los impuestos correspondientes.
Al respecto, Montero anunció que mediante un derecho de petición le solicitará al Secretario de Hacienda y a los alcaldes locales información sobre dicha situación y sugerirá medidas de control.
Por otro lado, el concejal Américo Mendoza (ASI) tomó el uso de la palabra para manifestar que presentará una proposición encaminada a hacerle seguimiento a la construcción de la central de abastos mayorista y los avances de la Administración en torno al tema. Mendoza recordó que existe un fallo que obliga al distrito a realizar el traslado de la central pero aún no se le ha dado cumplimiento, por lo que considera que el gobierno debe agilizar las acciones administrativas, financieras y operativas a las que haya lugar para la construcción del nuevo mercado.
Más adelante, el concejal Ronald Fortich (Cartagena Confirma) manifestó su preocupación por la situación de los habitantes de la calle. Fortich indica que si bien existe un subprograma en el Plan de Desarrollo Distrital relacionado con la atención a esta población, no hay claridad en cuanto a las políticas públicas que se implementarán para evitar que estas personas sigan falleciendo por falta de atención. En ese sentido insta al gobierno a dar cumplimiento a la ley 1641 de julio de 2013, por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones.
Sobre el particular, el concejal David Caballero (Conservador) cuestionó el uso frecuente de la palabra “política pública” cuando en la Administración solo se dan acciones de gobierno del día a día.
En ese sentido, el concejal David Dager (Liberal), anunció que su bancada presentará un proyecto de acuerdo por medio del cual se crea en el concejo distrital de Cartagena de Indias, el programa del observatorio de políticas públicas, como instrumento que se encargará de hacer seguimiento a las políticas públicas del distrito, además de verificar su implementación y efectividad.
Para el concejal Cesar Pión (La U), la bancada liberal debe adicionar al proyecto de acuerdo la creación de un centro de pensamiento que se encargue de elaborar dichas políticas públicas.
Su colega de bancada, la concejala Duvinia Torres, respalda la iniciativa puesto que el plan de desarrollo distrital contempla la formulación de más de 12 políticas públicas, las cuales son: POT, estatuto tributario, PEMP, plan estratégico distrital de recreación y deporte, política pública de infancia y adolescencia, plan maestro de drenaje de aguas pluviales, plan integral para el sistema de caños, lagos y lagunas, política pública plan educativo, política pública protección y conservación de animales, plan de renovación urbana, plan de movilidad, política pública integral de seguridad ciudadana y política pública de reglamentación de playas.
Estas políticas, según la concejala, son las que van a evitar que se sigan dilapidando los recursos del distrito, porque se constituyen como una ruta de planeación para la ciudad.
Finalmente, el concejal Edgar Mendoza (Conservador) se refirió a la expedición de la ley 1796 del 13 de julio de 2016, también conocida como la ley de vivienda segura, mediante la cual se dispone el concurso para elegir a los curadores en las entidades territoriales.
Mendoza señaló que es la Superintendencia de Notariado y Registro la que debe dar las pautas para que el Departamento administrativo de la función pública comience a adelantar los trámites para la elección y designación de los curadores urbanos en la ciudad de Cartagena. Agregó que hay tres competencias que deben ser tenidas en cuenta: primero, que la Superintendencia de Notariado y Registro tiene la labor de investigar a los curadores urbanos, segundo, el Alcalde debe determinar el número a elegir, y tercero, el concurso para la elección de los curadores lo adelanta el Departamento administrativo de la función pública.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el día lunes 25 de julio, a partir de las 8:30 a.m., en las instalaciones de la Corporación.
Escrito por Alejandra López, coordinadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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