Hora de inicio: 9:04 a.m.
Hora de finalización: 2:10 p.m.
Hoy en el Concejo distrital se tenía programado un debate de control político con el que se pretendía abordar a través de dos proposiciones la situación del sistema de salud en el distrito de Cartagena y, por otra parte, conocer la nueva Ley Estatutaria 1751 de 2015, mediante la cual se implementa un nuevo modelo de salud en el país. La primera proposición fue presentada por el concejal Cesar Pión (La U) y la segunda, por la bancada Liberal.
No obstante, el concejal Pión ante la ausencia de las EPS, del representante del Ministerio Público, y del Defensor del Paciente, manifestó su inconformismo y solicitó aplazar el debate. Por su lado, la bancada liberal, en cabeza del concejal David Dáger, sugirió continuar con la siguiente proposición en la que se buscaba conocer al detalle la política nacional de salud.
Así las cosas, Julio Alberto Sáenz, asesor del Viceministerio de salud, inició su exposición presentando un diagnóstico de salud en Colombia y en Cartagena, del cual se destacaron los siguientes aspectos:
- En Colombia hay un alto porcentaje de enfermedades trasmisibles asociadas al subdesarrollo, y el departamento de Bolívar es uno de los territorios de mayor incidencia.
- Es evidente en diferentes regiones del país la diferencia existente entre el derecho nominal de afiliación a la salud y el derecho efectivo a un servicio de calidad.
- Los resultados en salud en una entidad territorial solo dependen en un 15% del sistema de salud, por lo que el Dadis solo es responsable en esa medida de que haya irregularidades en la prestación del servicio.
- Colombia gasta cerca del 7% de su PIB en salud, el doble de lo que gastan países con condiciones similares.
- La autosostenibilidad del sector salud no depende de que se le hagan nuevas inyecciones de recursos financieros, sino de generar sinergia entre los distintos actores del sistema.
- Los principales problemas del sistema radican en que está más enfocado a la enfermedad que a la salud, hay una alta carga de la enfermedad, las inequidades en salud, fragmentación en la atención, poca resolutividad en los niveles primarios, la presencia de incentivos negativos entre los agentes, riesgos de sostenibilidad financiera, y la desconfianza y deshonestidad entre los agentes.
Posteriormente, Sáenz explicó en qué consistía el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), asegurando que se sostiene en la articulación del trinomio conformado por las entidades territoriales, la red de IPS y las EPS.
Según el funcionario, los beneficios de este modelo para los usuarios consisten en que tendrán acceso a integralidad en el proceso de atención, resolutividad en el primer nivel, con IPS asignada y adscripción a un equipo de APS; red garantizada de servicios de alta complejidad, estable y con procesos unificados y ubicados en su entorno territorial; autorización integral para la atención dentro de un grupo de riesgo o enfermedad; integración entre las acciones colectivas e individuales del riesgo con búsqueda y seguimiento activo, por parte del asegurador.
Para los departamentos y municipios el beneficio radica en que tendrán mayor rectoría sobre el sistema de salud. Para el Asegurador, las condiciones serán uniformes y racionales de competencia en el territorio; para el prestador, estabilidad en condiciones de la prestación, reducción de trámites administrativos, modulación de la demanda y mayor conocimiento de su grupo objetivo. Y para los profesionales de la salud, la mejora de condiciones para obtener satisfacción laboral.
Concluyó asegurando que el Dadis ha solicitado que se tome a Cartagena como ciudad piloto para implementar este modelo, y en ese sentido ya se han realizado varias mesas de trabajo con los diferentes agentes, a fin de empezar a coordinar la estrategia de apropiación de la política. Además, anunció que el 28 de julio el Viceministro vendrá a Cartagena a protocolizar un compromiso que suscribirá el Distrito, el departamento y el Ministerio en torno a la aplicación de la Ley.
Posteriormente, Sonia Guzmán, profesional especializada del Viceministerio socializó un análisis de la situación de salud en Cartagena.
Al momento de intervenir los concejales, el cabildante Cesar Pión expresó que esta Ley Estatutaria solo busca ponerle pañitos de agua tibia a la gran problemática de salud que hay en el país. Pión aseguró que el gobierno nacional ha permitido que senadores se apropien de las EPS e IPS y creen monopolios a expensas de la vida de los colombianos.
Para el Concejal, si el Ministerio planea tomar a Cartagena como ciudad piloto para implementar el MIAS, debe ayudarle al Dadis a sanear la deuda por más de 100 mil millones de pesos que tiene por población pobre no asegurada y recobro, de lo contario no será posible obtener resultados positivos.
Por su parte, el concejal Ronald Fortich (Cartagena Confirma) realizó algunas sugerencias para mejorar la prestación del servicio, tales como la construcción de un hospital público y el incremento de la financiación de la nación, puesto que el presupuesto del Dadis se compone en un 90% de recursos del gobierno nacional.
Para el concejal David Dáger (Liberal) el problema de salud en el país se debe a que los operadores del servicio ven a los usuarios como clientes y no como pacientes e implementan políticas mercantilistas en las que no le dan prioridad a la vida humana.
Según el vocero liberal se debe crear un ente sólido de vigilancia y control que fiscalice la efectiva inversión de los recursos que se destinan al sistema.
El concejal Edgar Mendoza (Conservador) se refirió a la suspensión que se le realizó a los contratos para construir e intervenir los centros de salud del Distrito, con recursos del crédito público que suscribió el exalcalde Dionisio Vélez. Al respecto, Mendoza le pidió a la directora del Dadis que explique qué acciones viene adelantando para recuperar esos recursos y sancionar a los contratistas, puesto que él, tiene pruebas y ha realizado las denuncias pertinentes por las irregularidades detrás de la ejecución de dichas obras.
La directora del Dadis, Adriana Meza, respondió que a su llegada a la administración encontró 2 contratos de obras para 39 instituciones de salud, con dos contratistas: Coinses, con 14 obras a su cargo, por un valor de 68 mil millones de pesos; y Salud heroica, con 25 obras a su cargo, por un valor de 24 mil millones de pesos.
Meza indicó que estas obras se iniciaron con serios problemas de planeación, puesto que se usaron unos diseños tipo, que no están acorde a la infraestructura de los centros de atención de Cartagena, lo cual según acta de la anterior administración llevó a que se priorizaran 25 de las 39 obras contratadas. De las 25 obras, asegura que solo encontró 15 en ejecución, 6 en previas y 4 sin iniciar.
Las 10 obras priorizadas dentro del paquete contratado con Coinses son: las de Bayunca, Canapote, Barú, Pozón, Nelson Mandela, Tierra Bomba, Boquilla, Candelaria, Nuevo Bosque y Esperanza. Las 4 restantes que no fueron priorizadas fueron las de Olaya, Blas de Lezo, Arroz Barato y Nuevo nodo.
Añade la funcionaria que solo 5 obras cuentan con titularidad del Distrito, 3 aún no cuentan con titularidad y las 3 restantes se encuentran en trámite de baldíos, esto generó que las obras iniciaran sin licencias de construcción y que los proyectos fueran devueltos por el Ministerio.
Ratificó que los contratos se encuentran suspendidos y que hacienda distrital validó la existencia de un saldo de 29 mil millones de pesos de los recursos apropiados del crédito para el sector salud, pero esa dependencia debe incorporar esta suma para poder reactivar los contratos.
La titular de la cartera de salud reveló que la suma de dinero que queda en las arcas del distrito no es suficiente para culminar las obras que fueron planeadas cuando se aprobó el empréstito.
El concejal Mendoza instó a la funcionaria a denunciar las irregularidades que reveló en plenaria a efectos de evitar caer en omisiones frente al presunto detrimento patrimonial que se podría configurar tras dichas irregularidades.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el martes 26 de julio, a partir de las 8:30 a.m., en las instalaciones de la Corporación.
Escrito por Alejandra López, coordinadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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