Cabildo Abierto sobre mal servicio de Electricaribe, 24 de abril de 2015

Hora de inicio: 9:55 a.m                       Hora de finalización: 1:45 p.m.

Antes de aprobar el orden del día se establece una modificación, sugerida por el concejal David Múnera (Polo), en el sentido de dar lectura a los documentos para dar cuenta antes de dar inicio al Cabildo Abierto. Aprobado esto, se lee un proyecto de acuerdo, por el cual se crea una política pública para la prevención de la violencia sexual  para niños y niñas en el Distrito de Cartagena de Indias, de iniciativa de todas las bancadas, y con asignación de los concejales David Múnera (Polo), Rafael Meza(Conservador), y Saray Aguas (Verde), al comité ponente.
Posterior a ello la Secretaria General del Concejo Distrital da lectura a la Resolución 048 de 2015, mediante la cual la Mesa Directiva reglamenta el procedimiento mediante el cual se desarrollará el Cabildo Abierto del 24 de abril de 2015, cuya problemática está circunscrita en el tema de la energía eléctrica. Así se define la naturaleza del Cabildo Abierto, como mecanismo participativo de la sociedad civil, se declara la proposición convocante, y se establece la metodología de intervenciones (previa inscripción ante la Secretaría General del Concejo Distrital, y con discursos con duración máxima de 7 minutos).
Posteriormente, se dio la palabra a los ciudadanos, algunas de las intervenciones realizadas fueron:

  1. Nausícrates Pérez: Identificado como el promotor de la iniciativa ciudadana del Cabildo Abierto, y siendo el representante del Colegio Nacional de Abogados, explica cómo un grupo de ciudadanos analizaron la problemática derivada de la prestación del servicio de energía eléctrica, y, a partir de la realización de varios foros en la Ciudad, respecto al tema, se dedujo la necesidad de realizar un Cabildo Abierto. Sobre la problemática en debate señala:
  • Que la superintendencia le tiene temor a Electricaribe, pues no adelanta las medidas necesarias contra esta empresa para dar solución a la multitud de quejas y reclamos que imponen los usuarios del servicio.
  • Que los problemas alrededor de Electricaribe tiene un impacto directo sobre la competitividad de la región, puesto que la inestabilidad del servicio provoca interrupciones constantes e imprevistas de los procesos productivos de las empresas de Cartagena.
  • Que el riesgo por daño eléctrico en perjuicio de los bienes de los ciudadanos, así como de sus propias vidas, es creciente, y sin embargo no hay una vigilancia para el quehacer de esta empresa, ni siquiera desde el orden Nacional.
  • Que no hay modernización de las redes eléctricas, por lo que el servicio ofrecido es de muy baja calidad.
  • Que la asistencia o subvención económica por parte del Gobierno, para esta empresa, es muy elevada, y sin embargo no se evidencia una mejoría en la calidad del servicio.
  • Que el personero debe impartir las sanciones y desarrollar los procedimientos de control a que está obligado, en el caso de que los funcionarios de la Administración Distrital desatiendan las citaciones que la Corporación realice para tratar esta problemática.
  • Que se debe dar a conocer el contrato suscrito entre Electricaribe y el Distrito, para que los cartageneros conozcan en detalle las raíces legales de los diferentes problemas que se están presentando, y se pueda analizar con mayor conocimiento las posibilidades legales y jurídicas que existen desde lo contractual, para dar solución a estos problemas.

  1. Norman Alarcón: Identificado como el representante del movimiento Indignados con Electricaribe, sobre la problemática en debate señala:
  • Que la problemática relacionada con la energía eléctrica es una de las más graves para Cartagena, puesto que se relaciona directamente con las fuerzas productivas que dinamizan la economía.
  • Que la deficiente calidad del servicio, ha provocado la muerte por electrocución de más de 500 cartageneros en los últimos 10 años.
  • Que el injusto sistema tarifario y de cobro de Electricaribe, provoca para los usuarios deudas impagables, infladas, que alimentan una cartera que sobrepasa los 1.6 billones de pesos, siendo una de las principales causas el sistema de cálculo tarifario por consumo estimado.
  • El debido proceso para la suspensión del servicio de energía eléctrica, tal como se establece en la sentencia T 793 de 2012, no se cumple. Para su efecto se debe, primero, notificar el acto de suspensión del servicio, y, segundo, observar el estado de vulnerabilidad de los residentes, puesto que a aquellos que gocen de estatus de protección constitucional (niños, discapacitados, etc.), no se les puede proceder con el corte del servicio.
  • Que los pagos adicionales al consumo de los kilowatios de subsistencia, para los estratos 1, 2, y 3, resultan ser excesivos.
  • Que se debe establecer un plan de mejoramiento a la red de energía eléctrica en la Ciudad, con recursos del orden nacional, sin que estos sean operados o ejecutados por Electricaribe.
  • Que se debe respetar el derecho de los ciudadanos a tener sus contadores o por lo menos un sistema de medición justo.
  • Que el si es veraz la pérdida financiera que reporta Electricaribe en sus balances, que el gobierno asuma el control de la prestación del servicio de energía Eléctrica.

  1. Jaime Rendón: Identificado como Ingeniero, con experiencia en Redes y Sistemas Eléctricos, sobre la problemática en debate señala:
  • Que las redes eléctricas aéreas suponen un daño grave tanto a la estética de la Ciudad, como al panorama de riesgo en la calidad de la vida de los cartageneros.
  • Que la permisividad de Electricaribe para con las empresas de Servicios de Telecomunicaciones (UNE, Movistar, etc.), en el sentido que posibilita el uso de sus postes para la instalación de redes para la transmisión de información, cobrando impuesto por ello, supone un deterioro notable en la seguridad de la infraestructura que surte la energía eléctrica, con implicaciones comprobadas en materia de daño ambiental.
  • Que se instalan transformadores monofásicos (que habían sido prohibidos por la antigua electrificadora), con evidentes características técnicas que afectan enormemente la calidad del servicio de energía eléctrica, y suponen alta peligrosidad para los ciudadanos que estén en sus inmediaciones, por lo que se deben sustituir.
  • Que se debe intervenir Electricaribe y aplicar con prontitud las sanciones a que hayan lugar.
  1. Jimmy Rivera: Identificado como el representante de la Confederación de Juntas Comunales, sobre la problemática en debate señala:
  • Que a los órganos de control y entes reguladores de las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica, les supone una gran responsabilidad, frente a todos los problemas que se han manifestado, tanto, e incluso más que a la institución operadora.
  • Que Electricaribe atenta contra la organización comunal. Para ello expone el caso concreto de irregularidades que se viene presentado con la forma de cobro del servicio de energía eléctrica al inmueble en que se desarrollan las actividades comunales del barrio El Conquistador.
  • Que los debates políticos que se lleven a cabo para tratar estos problemas, deben orientarse de manera más concreta a la gestión de soluciones definitivas y ágiles.

  1. Ubaldo Ugarriza: Identificado como representante comunal, sobre la problemática en debate señala:
  • Que la comisión que se defina en el Concejo para el seguimiento a la problemática, articule acciones reales y eficientes para solucionar paulatinamente los aspectos mencionados.
  • Que las tarifas promediadas que se cobran de manera indiscriminada a los usuarios del servicio de energía eléctrica son una ilegalidad, en tanto las sentencias al respecto, definen como tope máximo de cobro para esta modalidad el plazo de un mes.
  • Que la decisión sobre los mecanismos para promediar (comparativo con tarifa del vecino, promedio de los últimos seis meses, tarifas asignadas por estándar de utilidades), se tomen en referencia al mejor beneficio del usuario, y no al mayor lucro de la empresa.
  • Que no se ofrece una correcta cadena de custodia en el tratamiento técnico que se le da a los contadores cuando estos se reportan como averiados por el usuario.
  • Que los contadores de energía eléctrica no tienen certificación ICONTEC, para garantía de su calidad técnica.
  • Que se debe revisar los mecanismos de cobro solidario, pues se evidencian tarifas sobreestimadas para el consumo real de las comunidades, en relación a su estratificación.
  • Que la Personería debe gestionar la vinculación de profesionales de derecho, para adelantar procesos jurídicos de manera sistemática contra Electricaribe, que busquen el respeto de los derechos de los usuarios. En este punto el señor Nausícrates Pérez, se comprometió a gestionar la participación de abogados desde el Colegio Nacional de Abogados, para cubrir la petición del señor Ugarriza.

Concluidas las intervenciones de los ciudadanos, el Ingeniero Ernesto Merlano, en representación de Electricaribe, da respuesta a las preguntas consagradas en el cuestionario que establecieron los concejales, para atender a las quejas ciudadanas. Algunos aspectos destacados de su intervención son:

  • Que el endeudamiento de la empresa sobrepasa los 1.4 billones de pesos, generados por créditos para las inversiones que requiere Electricaribe, puesto que las utilidades generadas no corresponden con los gastos.
  • Que el rendimiento financiero de Electricaribe está limitado por el gasto que debe realizar en el pago de la generación y transporte de la energía eléctrica.
  • Que no persigue a las organizaciones comunales ni a ningún particular.
  • Que el proceso de custodia de los contadores cuando van a ser revisados técnicamente, se respeta conforme se establece en protocolos técnicos, y sólo hay cobro de los mismos cuando se evidencia un daño que amerite reparación.
  • Que Electricaribe dispone de canales eficientes para la atención al usuario.
  • Que no hace cobro nocturno por vía telefónica.
  • Que hay 52 sectores subnormales a los que se le ha hecho una inversión que sobre pasa los 24 mil millones de pesos.
  • Que la razón por la cual la frecuencia de redes aéreas es mayor que las redes subterráneas, es por su costo, que es ocho veces superior a las primeras, sin posibilidades tarifarias para el retorno de la inversión.
  • Que Electricaribe no tiene las tarifas más altas del mercado.
  • Que los medidores externos al inmueble se instalan por las limitaciones que supone a las cuadrillas de medición, el encerramiento de las terrazas de las viviendas.
  • Que las precarias condiciones económicas de los usuarios, es una de las causas fundamentales a la poca inversión de Electricaribe, pues sus ingresos están muy limitados.

Entre tanto el Personero Distrital, expone que:

  • Se debe hacer una revisión al proceso de cadena de custodia en el retiro y revisión de los contadores.
  • Se debe revisar los estándares de atención a la variación tarifaria, en relación al indicador límite de desviación (370%).
  • Se debe atender los mecanismos legales que protegen al usuario por la vía de la indemnización, frente a los daños provocados en sus bienes por las oscilaciones del voltaje eléctrico.
  • Se debe revisar y corregir los cobros indebidos de tarifas por causales de otros servicios que no han sido autorizados por el usuario.

Luego el representante de la Superintendencia de Servicios Públicos, señala que:

  • Que del 31 de marzo de 2011 al 31 de marzo de 2015, se han reportado 5051 reclamos en su despacho, siendo el 70% de ellos referidos a asuntos relacionados con Electricaribe.
  • Que se han impartido sanciones con 2910 multas, hasta diciembre de 2014, mientras que en 2015, ya van 200 multas, con valor de más de 1300 millones de pesos.
  • Que las direcciones territoriales solo operan en la relación entre usuario y empresa, y por lo tanto no actúa de oficio. Por lo que su dependencia tiene funciones limitadas para resolver determinados asuntos.
  • Que el parámetro de desviación en la cantidad irrazonable del 370%, fue dictado de manera unilateral por Electricaribe, sin que fuera regulado por la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), que debió asegurarse de la revisión técnica de dicha determinación. Este parámetro resulta exagerado si se compara con el del servicio de agua que es del 65%.
  • Que la CREG es la responsable de la mayoría de abusos no sancionados que se le atribuyen a Electricaribe, y de hecho para el presente año, ha autorizado un incremento del 7.5% al precio de la energía, lo que representa más gastos para los cartageneros.
  • Que se compromete a colocar unos funcionarios para la atención de los reclamos de los usuarios frente a la Superintendencia en Cartagena, si el Personero le gestiona el espacio en oficina para el ejercicio de labores.

Para concluir los concejales intervienen, aludiendo a las múltiples consideraciones que se expusieron por los diferentes actores de la problemática:

  • El concejal David Múnera (Polo), felicita a la ciudadanía por gestionar la realización de un Cabildo Abierto para tratar la problemática relacionada con Electricaribe. Sugiere que el modelo económico neoliberal que otorgó a los entes privados la operación de la empresa pública, argumentando corrupción e ineficiencia organizacional de la misma, y que en la Ciudad lleva más de 17 años determinando el servicio de energía eléctrica, no ha generado buenos resultados en el desarrollo y la calidad de vida de los cartageneros. De hecho pareciera que se acrecentaran y acentuaran cada vez más los problemas que históricamente se observan en la Ciudad. De ahí que señale a Electricaribe como la peor empresa prestadora de servicios públicos, hecho que se respalda con la abrumadora cantidad de reclamos. Así mismo denuncia que el SMAD, por orden de la Administración Distrital, atropella la integridad física de los ciudadanos, que se ven en la penosa necesidad de manifestar mediante vías de hecho, por la falta de atención de los entes gubernamentales, tal como ocurrió en el barrio de San Isidro, en donde el servicio de energía eléctrica presentó fallas por casi 3 días. De otro lado expuso que la Superintendencia no puede lavarse las manos impartiendo multas que no solucionan en lo más mínimo la problemática sentida por los ciudadanos, y ante la conciencia de que esto es así, cuestiona la negligencia de esta entidad para impulsar soluciones reales ante las instituciones que corresponda. Además indica que el Estado debe responder algún día ante los ciudadanos, por patrocinar con recursos las inversiones para los servicios de los que se lucran operadores privados extranjeros, facilitando, por cuestionables motivaciones, su enriquecimiento, sin que esto suponga beneficios mínimos a las comunidades. Por ello concluye que Electricaribe ha demostrado notoria incapacidad para la prestación del servicio de energía eléctrica, y pide a la Presidencia de la República que asuma su responsabilidad en toda la problemática, interviniendo con medidas profundas.
  • Por su parte Luis Gutiérrez (Conservador), indica que el agua, la energía, y las vías, constituyen el eje central del desarrollo de un territorio, y en vista de la relevancia del problema el partido Conservador, estaría recogiendo 500 mil firmas para que el Gobierno Nacional intervenga por mandato jurídico a Electricaribe. Sobre la problemática señala que la deficiencia de la calidad es notoria, por ejemplo cuando se transita por la Ciudad y las calles de los barrios parecen estar iluminadas por velas. De otro lado se registran aumentos en el cobro tarifario para algunos usuarios de más del 1200%, y que a pesar, de superar esto el parámetro de desviación, no se atiende el reclamo. En cambio para proceder a acciones de suspensión del servicio, Electricaribe sí actúa con celeridad. Indica que se propondrá realizar una segunda sesión por parte del Concejo Distrital en plenaria ordinaria, donde se garantice la asistencia de las comisiones 5ta del Senado y la Cámara de Representantes, de tal modo que se de continuidad y seguimiento al tema.
  • Por su parte el concejal Pastor Jaramillo (Cambio Radical), considera que Electricaribe debe priorizar la resolución del problema de los transformadores monofásicos, y establecer el censo de consumo para cada sector de la Ciudad, de tal manera que se pueda saber si un transformador está sobrecargado en su rendimiento, y así evitar muchos de los problemas que se han mencionado (daño de redes, oscilaciones de voltaje, ausencia del servicio).
  • El concejal César Pión (Cambio Radical), indica que la gente no vino al Cabildo porque no cree en que se pueda solucionar el problema, ante tanta queja y reclamo y tan poca atención y solución. Tildó de demagógico el discurso de la Superintendencia en tanto se exime de responsabilidad en la problemática, cuando la misma naturaleza de su institución es el control a las empresas que prestan estos servicios públicos. Por ello comprende las motivaciones de los ciudadanos cuando hacen manifestaciones de hecho, e incluso las apoya si no se les atiende oportunamente. Le recuerda a la superintendencia el compromiso que sumió para crear la oficina de atención en Cartagena.
  • Por último el concejal William López (Conservador), a nombre de todas las bancadas propone un proyecto de acuerdo para la creación del Observatorio de Servicios Públicos en Cartagena de Indias, que velará por la defensa de los derechos de los usuarios, y hará seguimiento técnico a cada una de las irregularidades reportadas por los mismos.

Agotado el orden del día se convocó para el sábado 25 de abril de 2015, a las 9:00 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital de Cartagena de Indias.
Escrito por Alejandra López, Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.

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