Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 25 de octubre de 2021
Hora de inicio: 8:31 a.m.
Hora de finalización: 1:08 p.m.
En esta sesión del Concejo de Cartagena se realizó una citación sobre el proyecto para instalar una subestación eléctrica en el barrio Bocagrande; también se continuó con las citaciones para que 5 dependencias de la Alcaldía socialicen la ejecución presupuestal 2021 y el presupuesto 2022.
Iniciado el orden del día, se procedió con las citaciones sobre la subestación eléctrica, para lo cual se contó con la presencia de Secretaría de Planeación, Gerencia de Espacio Público, EPA, Unidad de Desarrollo Económico de Secretaría de Hacienda, DIMAR, procuradora ambiental de Cartagena, JAC y vecinos de Bocagrande. También se había citado a Corpoturismo, asesora de despacho para reactivación económica, alcalde local 1, y Cardique.
Al respecto, el Secretario General del Concejo informó que la presidenta de Corpoturismo se encontraba en la instalación de un congreso nacional.
El concejal citante, César Pión (La U) expresó desde 2019 la UPME adjudicó la construcción de una nueva subestación eléctrica denominada “La Marina” para mejorar la calidad del servicio de energía. Pión explicó que se ha generado una controversia por la ubicación de la subestación, pues es zona residencial, turística y comercial, por lo que debe tenerse en cuenta que la exposición a campos electromagnéticos afecta la salud, hay riesgo de incendios, y existe riesgo ambiental.
Pión indicó que inicialmente las obras serían en Chambacú, luego se pensó ubicarla en la Base Naval pero no se aceptó, motivo por el que se optó por el barrio Bocagrande. También llamó la atención porque Secretaría de Planeación había emitido concepto negativo de uso de suelo, pero ahora se dio uno positivo. Para el concejal este proyecto presenta debilidades y es necesario revisar la situación.
A continuación, fue leído un oficio del alcalde local 1, Luis Negrete, quien señaló que no podría asistir por encontrarse en una diligencia de recuperación de bienes de uso público en zonas de bajamar; sin embargo, precisó que por no contar con funciones de control urbano, no adelanta ningún proceso sobre la subestación.
Al respecto, Pión manifestó que estas situaciones deben analizarse, pues los diálogos no llegan a nada si hay evasiones y las entidades señalan no tener competencia. Sobre la excusa, la primera vicepresidente Liliana Suárez propuso someterla a votación de manera nominal, pero el concejal Óscar Marín (Conservador) presentó una proposición para que la votación se diera en bloque, sin embargo, la vicepresidente insistió, lo que llevó a una discusión entre algunos cabildantes.
La excusa se sometió a votación de manera nominal, por lo que fue aceptada con 17 votos a favor y 2 ausentes (Laureano Curi y Sergio Mendoza).
El concejal Rodrigo Reyes (Conservador) manifestó que estos casos no deben repetirse, ya que es facultad de los concejales solicitar el tipo de votación y se pidió que fuera en bloque, pero no se tomó en cuenta la proposición.
Continuando con la citación, denominada “diálogo social” por parte del concejal citante, se dio la intervención del Secretario de Planeación, Juan Franco, quien explicó que en marzo de este año se emitió un documento donde se negó la viabilidad del proyecto por 2 motivos: I) la infraestructura que se desarrollará no se encuentra dentro de los establecimientos de servicios públicos definidos en el POT. II) no puede considerarse factible sin haber agotado la socialización con los residentes del sector.
Pese a lo anterior, el peticionario ofició de nuevo a la Secretaría pidiendo reconsiderar, pues la petición de socialización no existe dentro de la Ley, además, señala que debe revisarse el argumento relacionado al POT. En ese sentido, se le concede la razón al peticionario en cuanto a la socialización y se verifica que el Art. 251 del POT establece que entre los establecimientos de servicio público permitidos se encuentran las estaciones de transmisión de energía.
Franco indicó que, aunque se dio viabilidad, se determinaron condiciones a tener en cuenta por las características especiales de la zona, pero le corresponderá al curador urbano expedir la licencia de construcción.
El director del EPA, Javier Mouthon, presentó la línea de tiempo del trámite para que el proyecto obtuviera licencia ambiental por parte del EPA. El funcionario manifestó que la nueva subestación se encontrará encapsulada y no a cielo abierto, por lo que se restringen los aspectos de salud mencionados.
Mouthon explicó que la ANLA determinó que la licencia ambiental debía ser expedida por el EPA como autoridad competente. También se informó que en el proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental se identificó que se dieron entrevistas y talleres con habitantes de Bocagrande, Laguito y Centro.
La presidenta de la JAC del barrio Bocagrande, Gina Olmos, expresó la preocupación de la comunidad porque las autoridades se han “lavado las manos”, pues aunque es cierto que la subestación es necesaria, no puede ignorarse que hay personas afectadas por la ubicación del proyecto, por lo que debió socializarse con las familias que serán vecinas inmediatas de la subestación, ya que sus viviendas se verán devaluadas.
A continuación, se dieron las siguientes intervenciones:
- En representación de DIMAR, el capitán de puerto, Darío Sanabria, manifestó que a esta entidad no han llegado solicitudes para intervenir zonas de bajamar en el marco del proyecto en cuestión.
- El gerente de Espacio Público, Ausberto Coneo, indicó que no se les ha solicitado autorización sobre la subestación, ya que la Gerencia no otorga permisos de intervención en espacio público, sin embargo, requerirán la información para analizar el caso y oficiar a los competentes.
- La encargada de la Unidad de Desarrollo Económico, Sindy Reales, expresó que no cuenta con competencias sobre este tipo de licenciamientos, pero están atentos a los proyectos que redundan en materia económica.
El concejal César Pión (La U) reiteró sus inquietudes sobre el proyecto y resaltó que, de acuerdo al POT, la subestación es una obra alto gran impacto no compatible con sectores residenciales, también debe revisarse por qué el proyecto no se dio en Chambacú y las razones por las que no se aceptó que se ubicará en la base naval.
La procuradora ambiental, Mayelis Chamorro, manifestó que hace poco recibieron una solicitud de intervención por parte de la comunidad de Bocagrande, motivo por el que pedirán copia del expediente y de los documentos recibidos por el Concejo, ya que pueden intervenir en el trámite del licenciamiento ambiental.
Chamorro expresó que la participación de comunidades étnicas está fundamentada en la Ley, pero cuando no hay estas comunidades no hay parámetros claros para determinar si las socializaciones se dan de forma adecuada; frente a esto, se pedirá ante el EPA convocar a una audiencia pública ambiental, pues tienen la obligación de tener en cuenta las observaciones ciudadanas.
Seguidamente, se dieron las intervenciones de vecinos de Bocagrande; en ese sentido, los ciudadanos Rafael Morales, Juan Higuera, Héctor Trujillo, Tulia Barrozo, Ricardo Juliao, y Emir Cabrera, expresaron su rechazo a la ubicación del proyecto, puesto que se da un impacto urbanístico y ambiental. También destacaron que las actividades comerciales cercanas se verán afectadas, así como las viviendas residenciales.
Continuando con el orden del día, se procedió con las citaciones sobre la ejecución presupuestal 2021 y el presupuesto 2022 de las siguientes dependencias distritales:
- Transcaribe:
La gerente de Transcaribe, María Claudia Peñas, presentó el informe de ejecución presupuestal 2021 a corte 30 de septiembre y explicó que el presupuesto definitivo de Transcaribe fue de $96.769 millones, ejecutados en 87%, sin embargo, por dificultades de caja no les ha sido posible cancelar compromisos por $30.066 millones, los cuales siguen pendientes de pago.
Peñas dio a conocer que 4 de las 5 metas a cargo de Transcaribe en el Plan de Desarrollo se encuentran en 0%, pues dependían de los recursos que fueron reorientados para saldar el déficit operacional del sistema, por lo tanto, metas como la construcción de 400 paraderos se encuentran desfinanciadas.
Sobre el presupuesto 2022, indicó que la proyección es de $144.754 millones, lo que representa un aumento de 49% frente a 2021. Peñas manifestó que se solicitará al Concejo autorizar un crédito público de $60 mil millones para FET y otras necesidades.
Por una pregunta del concejal César Pión (La U), la gerente aclaró que este año contó con $63 mil millones en gastos de funcionamiento y en 2022 serían $59 mil millones, mientras que los gastos de inversión de 2021 fueron $61 mil millones y para 2022 serán $84 mil millones. Además, precisó que el déficit proyectado para diciembre de este año es de $104 mil millones.
- Secretaría de Infraestructura:
El Secretario de Infraestructura, Luis Villadiego, indicó que su presupuesto este año fue de $43.319.101.750, que se han ejecutado en 31%: los gastos de funcionamiento se ejecutaron en 93% y los gastos de inversión en 30%, sin embargo, la ejecución de inversión aumentará a 65% una vez se logre el registro presupuestal de la relimpia del caño Juan Angola.
Villadiego manifestó que la Secretaría viene adelantando procesos como malla vial fase 2, recuperación de la Casa Galeras, y otras mínimas cuantías con las que se ejecutaría en totalidad el presupuesto de este año. Al respecto, el concejal Rodrigo Reyes (Conservador) pidió detalles de las obras que se darán en la Casa Galeras, sede del Concejo, y el funcionario informó que están en etapa precontractual, estudiando la posibilidad de adelantar el proceso de contratación.
El presupuesto proyectado para 2022 es de $18.397 millones, lo que implica una reducción de 15%, sin embargo, la Secretaría se apalancará a partir de los recursos gestionados con regalías.
- Corvivienda:
El gerente de Corvivienda, Néstor Castro, dio a conocer que el presupuesto definitivo de 2021 fue $30.253.953.936, de los cuales se han ejecutado $15.319.953.768, equivalentes al 50%. Durante su intervención, Castro expresó que se han legalizado 412 predios; se espera entregar las primeras unidades habitacionales de Ciudadela La Paz el 13 de noviembre; está en desarrollo un contrato para mejoramiento de 296 viviendas; etc.
De acuerdo con Castro, el presupuesto para 2022 será de $ 23.500.199.528: $13 mil millones para gastos de funcionamiento y $10 mil millones en gastos de inversión.
- DATT:
El director del DATT, Janer Galván, manifestó que el presupuesto definitivo de este año fue de $45 mil millones, y hasta el 20 de octubre se habían comprometido $26 mil millones del presupuesto, lo que indica que se ha ejecutado el 58%, de los cuales 67% son ejecución de gastos de funcionamiento y 28% de inversión.
Algunas de las metas del Plan de Desarrollo mencionadas por el director fueron: se han capacitado 10 mil actores viales en seguridad vial este año; las metas de señalización vial se encuentran en 0% pero el contrato ya fue adjudicado para iniciar obras en los próximos días; se han recuperado $11.018.528.811 de cartera morosa; etc. Galván reportó que para 2022 el proyecto de presupuesto es de $43.313 millones.
- Departamento de Valorización:
La directora de Valorización, María Isabel Lugo, explicó que el presupuesto del 2021 estuvo compuesto por $3.542 millones en gastos de funcionamiento y $2.794 millones en gastos de inversión, para un total de $6.337 millones. Hasta 15 de septiembre se había ejecutado 55% de gastos de funcionamiento y 11% de inversión.
Sobre cumplimiento de Plan de Desarrollo, expresó que la línea estratégica de “Desarrollo Urbano” avanza en 7%. En lo referente al proyecto de presupuesto de 2022, la funcionaria señaló que será de $5.552 millones, lo que indica una reducción de 21% con respecto a la vigencia actual.
Finalmente, se dio lectura a un oficio donde el concejal César Pión (La U) hace un pronunciamiento público sobre el cronograma flexible que se implementará en el POT.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el martes 26 de octubre de 2021; a las 8:30 a.m. en las instalaciones del Concejo.
Escrito por Diana Infante Del Río, investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.
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