Concejales piden al Distrito revisar deuda de $26 mil millones con Veolia, Acuacar y Pacaribe

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 12 de abril de 2021. 

Hora de inicio: 9:08 a.m.

Hora de finalización: 12:56 p.m.

Iniciado el orden del día, se realizó un debate de control político sobre subsidios y contribuciones de servicios públicos, por lo que se contó con la presencia de la Secretaria General (e), Myrna Martínez, y la asesora de servicios públicos, Elena Meléndez. Para responder al cuestionario enviado, Meléndez expresó lo siguiente:

  • Del año 2019 hay un saldo de $15.458 millones pendientes por pagar a las empresas prestadoras de servicios públicos por concepto de déficit entre subsidios y contribuciones: $7.143 millones a Aguas de Cartagena, $7.494 millones a Veolia, y $821 millones a Pacaribe.
  •  Del 2020 hay un saldo de $11.135 millones pendientes por pagar: $3.182 millones para Acuacar de los meses de noviembre y diciembre, $6.537 millones para Pacaribe por los meses de marzo a diciembre, y $1.415 millones a Veolia por el mes de diciembre. La asesora explicó que para girar los recursos cada operador debía aclarar unas observaciones hechas por la Oficina de Servicios Públicos y Pacaribe solo las atendió a final de año. 
  • La deuda recibida del año 2019 por subsidios no pagados era de $22.746 millones ($10.496 millones de Acuacar, $1.205 millones de Pacaribe, y $11.044 millones de Veolia); sin embargo, se destinaron $7.287 millones a esta deuda, por lo que el saldo pendiente es de $15.458 millones.
  • En 2020 la proyección de déficit entre subsidios y contribuciones era de $32.552 millones, y en el presupuesto se contaba con $31 mil millones para este objetivo, sin embargo, debido a la pandemia se disminuyeron las contribuciones de los estratos 5 y 6, sector industrial y comercial, por lo que la proyección pasó a $42.408 millones, motivo por el que quedaron sin cancelar $11.135 millones. 
  • La deuda total entre 2019 y 2020 es de $26 mil millones pendientes de pago por parte del Distrito a los prestadores de servicios públicos. 
  • Veolia solicitó al Ministerio que, en lugar de que el dinero fuera girado al Distrito, los recursos les fueran girados directamente entre los meses de abril y diciembre de 2020 ya que cumplían los requisitos requeridos, motivo por el que se les giraron $11.275 millones. 
  • Adicional a los $11.275 millones mencionados anteriormente, entre 2020 y 2021 se han girado $19.998 millones a Acuacar, Veolia y Pacaribe. 

En cuanto al servicio especial de recolección de arenas, la funcionaria indicó que en 2021 se cotizó con Veolia y Pacaribe pero fue Veolia la contratada para este servicio especial en la Avenida Santander por $2.995.564; hubo otro proceso por $6.830.711 para la Santander y otro por $8.146.332 en la Av. Malecón. 

Sobre el mercado de Santa Rita, Meléndez explicó que desde septiembre de 2019 hasta enero de 2021 hubo un contrato para servicio de aseo con el Consorcio Maestro SPL, luego de finalizado este contrato el mercado se incluyó en el contrato de aseo general por tratarse de una sede administrativa del Distrito.

Para el aseo del mercado de Bazurto hubo un contrato con Pacaribe desde septiembre de 2019 hasta junio del 2020, luego se contrató a Veolia por 3 meses y en 2021 se firmó otro contrato con Veolia por 4 meses. Finalmente, manifestó que aún no se han realizado pagos por el alumbrado navideño del 2020. 

El concejal citante Fernando Niño (Conservador) presentó varias observaciones, algunas fueron:

  • Podría considerarse como una irregularidad que se estén cancelando deudas del 2020 sin ponerse al día con 2019, pues se están generando intereses y no hay acuerdos de pago; así mismo, MinHacienda podría sancionar al Distrito y suspender giro de recursos por SGP ya que cada año debe acreditarse el pago de la totalidad de los subsidios facturados por empresas de servicios públicos. 
  • Los servicios especiales de recolección de arenas podrían tener inconsistencias pues se ha pagado el servicio pero las playas, Av. Santander, peatonal de Crespo y alrededores se encuentran sucios. 
  • Debe aclararse por qué la limpieza del mercado de Santa Rita se contrató por licitación, pero la de Bazurto se contrató directamente y por servicio especial a Veolia. También pidió explicar por qué no se ha pagado el servicio de 2019 en Santa Rita.
  • Se advierte una posible situación especial de la empresa Veolia, a la cual se le pagaron $15 mil millones en 2020, mientras a Pacaribe se le cancelaron $1.500 millones; además, a Veolia se le entregó de manera directa el aseo del mercado de Bazurto y los servicios especiales en Av. Santander. Niño pidió aclarar si es cierto que la Secretaria General trabajó en Veolia, si sus familiares trabajan en la empresa, y si cuenta con un impedimento. 

El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) resaltó que si los estratos 1, 2 y 3 son subsidiados por las contribuciones de los estratos 5, 6, industrial y comercial, la Oficina de Servicios Públicos debe certificar que lo facturado por las empresas prestadoras de servicios corresponde a los usuarios realmente atendidos. 

Barrios hizo un llamado para que se dé una debida planeación sobre estos aspectos, teniendo en cuenta que no hay una interventoría sino supervisión, y las empresas prestadoras de servicios cobran al Distrito pero los ciudadanos se quejan porque las empresas de aseo no pasan por todos los sectores.

En ese sentido, recordó que el Acuerdo 022 de 2016 que regula los subsidios y contribuciones tiene vigencia hasta este año, por lo que deberá presentarse un proyecto y es la oportunidad para dar claridades. 

Para el concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) el objetivo es lograr una mejor prestación del servicio de recolección de residuos sólidos, pero preocupa que no se cuente con una interventoría, ya que el modelo de libre competencia debe revisarse y pensar en abrir una licitación para estos servicios.

Para atender las inquietudes, la asesora de servicios públicos explicó que los pagos a cada prestador se han hecho con base a una proporción sobre la deuda de cada uno, también aclaró que las facturas por aseo del mercado de Santa Rita continúan en proceso de revisión para garantizar que el pago sea lo debido. 

Sobre los mercados precisó que el contrato de Santa Rita no se dio por licitación, sino que se incluyó como un área administrativa del Distrito, y la diferencia con el mercado de Bazurto está en la naturaleza de los residuos sólidos y la envergadura del servicio. 

Meléndez manifestó que para la erradicación de los puntos críticos (conocidos como basureros satélites) se pidió un censo a los prestadores de servicios. Así mismo, expresó que solo Veolia aplicó para los giros directos del Ministerio, mientras que Pacaribe y Acuacar no hicieron solicitudes. 

En ese sentido, indicó que el Decreto 528 de 2020 dio la responsabilidad de los giros directos al Ministerio hasta diciembre del año pasado, a partir de ahí se retomará el procedimiento donde cada empresa debe pedir autorización al Distrito para acceder a giros directos y que se entregue un concepto al respecto. 

La funcionaria dio a conocer que el año pasado se revisaron uno a uno los usuarios para verificar que correspondieran a los estratos que las empresas señalaban, en ese proceso se encontraron diferencias y en algunos casos las empresas debieron disminuir los valores cobrados. 

Al respecto, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) pidió aclarar cómo se verifica uno a uno a los miles de usuarios de servicios públicos; igualmente, la personera Carmen de Caro solicitó explicar si dicha verificación se dio con información entregada por Secretaría de Planeación sobre estratos 1, 2 y 3, o si se dio una verificación casa por casa para asegurar que el servicio se dio.  

Meléndez explicó que se dio una revisión uno a uno de los soportes que vienen con cada factura para revisar estratificación y fue un proceso resaltado por la Superintendencia de Servicios Públicos.

Más adelante, el concejal Fernando Niño (Conservador) se refirió a los giros directos y señaló que Pacaribe también pidió el beneficio, pero no se les aprobó porque Distrito no avaló la facturación, mientras que con Acuacar los miembros de la junta directiva que representan al Distrito no aprobaron la solicitud de giro directo, por lo que llama la atención que Veolia sí tuviera el beneficio. 

Niño pidió verificar cómo se calculan los subsidios por parte de los prestadores del servicio, pues hay casos de habitantes de Nelson Mandela, estrato 1, a los que se les cobran $50.000 por servicio de aseo.

Ante varias inquietudes del concejal Luder Ariza (Alianza Verde) sobre la diferencia en el pago de deudas de Pacaribe y Veolia, la funcionaria explicó que para la deuda 2019 se utilizó un método de proporcionalidad, pero sobre 2020 los pagos se dan por facturación periódica a medida que se presenta la factura al Distrito.

En cuanto al cálculo de subsidios indicó que esto es vigilado por la Superintendencia y no le corresponde a la Administración. También manifestó que la petición de giro directo de Pacaribe fue en agosto, pero para acceder al Decreto 528 debió ser en abril del 2020.  

Posteriormente, la personera sugirió convocar a mesas de trabajo para absolver inquietudes sobre la recolección en zona insular, disposición final de residuos, clausura del relleno sanitario, etc. 

Para el concejal Niño aún hay muchos aspectos por corregir y revisar sobre la prestación del servicio de aseo, pues de ser necesario la Administración debe acudir a la Superintendencia para verificar cómo se calculan los subsidios y se asegure un cobro correcto. 

El cabildante llamó la atención por la forma en que la funcionaria se “acomoda con las respuestas” pues respondió que solo Veolia hizo solicitudes de giro directo, pero luego dice que sí tenía conocimiento de la petición de Pacaribe.  

Niño expresó que lo que se espera es un trato igualitario para todos los prestadores y que se logre un mejor servicio, menos basuras en las calles y planes de concientización, pues lo que se evidencia es que Cartagena está sucia.  

Por preguntas de los concejales Niño y Óscar Marín (Conservador), la Secretaria General (e), Myrna Martínez, aclaró al Concejo y a la opinión pública que fue directora jurídica de la empresa Urbaser hace más de 10 años, pero su razón social cambió y actualmente es denominada Veolia, por lo que no se considera inmersa en inhabilidades; de igual forma, expresó que sí tiene familiares vinculados a Veolia pero no en cargos directivos.

Continuando con el orden del día, se dio lectura a los siguientes documentos:

  • Oficio enviado por el concejal César Pión (La U) a Valorización y Oficina Jurídica del Distrito para que se estudie a profundidad el laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento sobre las obras de Playetas; además, pide que se estudien temas como situación del barrio San Francisco, concesión vial, APP Quinta Avenida de Manga, y proceso de reparación directa de aproximadamente $110.000 millones del hotel Hilton.
  • Invitación de la Alcaldía a reunión para socializar el proyecto de modernización y rediseño institucional de la Alcaldía Mayor de Cartagena que se dará el lunes 12 de abril en el Palacio de la Aduana a las 5:00 p.m.
  • Invitación por parte de la directora del IPCC a la presentación de la propuesta de declaratoria de 3 Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) en el Distrito el jueves 15 de abril a las 2:30 p.m.
  • Oficio mediante el cual la Directora del IDER, Viviana Londoño, invita al concejal David Caballero (Conservador) a una reunión para referirse al equipo de fútbol Real Cartagena el jueves 15 de abril a las 11:00 a.m., toda vez que la fecha sugerida por el concejal con anterioridad no pudo ser cumplida por compromisos de agenda.

Caballero señaló que contempla la posibilidad de realizar un foro con periodistas, dirigentes cívicos y deportivos para tratar la crisis del Real Cartagena, por lo que considera que la reunión con IDER ya “no tiene sentido”.

Luego, concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) presentó una constancia sobre el caso de Playetas y recordó que en el año 2019 le manifestó al Distrito su preocupación por adjudicar “de último minuto” $20.000 millones para esta intervención sin verificar el contrato de concesión vial.

Barrios propuso una mesa de trabajo con la jefa de la Oficina Jurídica y la directora de Valorización para conocer las alternativas que tiene la Administración frente a este tema.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el martes 13 de abril de 2021; a las 8:30 a.m.

Escrito por Diana Infante Del Río, investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.

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