Hora de inicio: 9:39 a.m. Hora de finalización: 12:53 p.m.
Hoy en el Concejo Distrital se llevó a cabo un debate de control político de conformidad a la Proposición No. 070, orientada a revisar todo lo concerniente a la atención a las víctimas del conflicto armado asentadas en el distrito de Cartagena. Para tal fin fueron citados el Secretario General del distrito, Carlos Coronado; la Secretaria de Educación, Clara Inés Sagre; el Secretario del Interior, Roberto Barrios; la Secretaria de Participación y Desarrollo Social, Rocío Castillo; el Personero Distrital, William Matson; la Gerente de Corvivienda, María Elena Vélez; y la Defensora del Pueblo, Irina Junieles.
A la sesión asistieron todos los citados, a excepción de la Defensora del Pueblo, Irina Junieles.
La Concejal citante, Saray Aguas (Verde), realizó la introducción al debate, explicando que la cantidad de víctimas del conflicto armado que se han desplazado a Cartagena ameritaba convocar este debate, para revisar si el distrito cuenta con la estructura administrativa, financiera y física para atender las necesidades de esta población.
Aseguró que aunque algunas fuentes indican que Cartagena tiene 120 mil víctimas, no existe un censo serio y oficial sobre las mismas.
En el mismo sentido, el Concejal Antonio Salim Guerra (Cambio Radical) afirmó que el debate está orientado a verificar si en el distrito se están adelantando las acciones que establece la Ley de Víctimas para la restitución de tierras, atención y acceso a la justicia, salud, vivienda, seguridad y educación.
En su intervención, el Secretario del Interior, Roberto Barrios, refiriéndose a una de las inquietudes planteadas en el cuestionario de la proposición, aseguró que contrario a lo que se piensa, el Plan de Acción Territorial para víctimas sí está actualizado, y que desde la cartera que dirige se articulan todas las acciones del mismo.
Según Barrios, a mediados del año pasado, a través de 3 Comités de Justicia Transicional, se empezaron a instalar y formalizar seis de los diez Subcomités Técnicos que ordena la Ley 144 de 2011: 1) Subcomité de Prevención y Protección, 2) Subcomité de Asistencia y Rehabilitación, 3) Subcomité de Reparación Integral, 4) Subcomité Nación-Territorio-Sistemas de Información, 5) Subcomité de Enfoque Diferencial y 6) Subcomité de Participación Efectiva.
El funcionario indicó que el presupuesto estipulado para la atención a víctimas durante el año 2015 es de 28 mil millones de pesos, para ejecutar 29 proyectos entre todas las entidades territoriales, de los cuales el 94% se encuentran en el componente de asistencia y atención integral, el 3% en el componente de prevención y protección, y el otro 3% en los ejes transversales.
Destacó que uno de los mayores avances en la materia ha sido el Centro Regional de Atención a Víctimas que se encuentra en La Castellana, y donde se cuenta con 32 puestos de trabajo, que articulan toda la oferta institucional de atención a víctimas; además, dijo que se está gestionando el Gran Centro Regional de Atención a Víctimas, que contará con recursos cercanos a los 3 mil millones de pesos, que invertirá la Unidad Nacional para construir el centro de atención más grande del país. Éste quedará ubicado en un lote del distrito en el barrio El Socorro.
También indicó que el distrito cuenta con dos albergues de ayuda humanitaria inmediata, que están siendo atendidos por el Secretariado de Pastoral Social.
Aseguró que para la vigencia de 2014 se dispuso un total de $67.000.000 para atender las medidas de seguridad por riesgo extraordinario evaluado por la Policía Metropolitana; los recursos se direccionaron a un albergue de protección en convenio con Pastoral Social durante tres meses, mientras la Unidad Nacional de Protección implementa las respectivas medidas de seguridad.
En cuanto al número de jóvenes en riesgo (pertenecientes a pandillas) en condición de víctimas del conflicto armado, señaló que se han identificado 20 de los 600 que conforman los 56 grupos de jóvenes en conflicto (pandillas).
Concluyó, mencionando las metas que el Plan de Desarrollo Ahora Sí Cartagena, tiene previsto ejecutar sobre la materia.
Por su lado, Martha Rodríguez, directora del DADIS, informó que a corte del mes de marzo han sido afiliadas al sistema de salud 11.946 víctimas del conflicto armado y se han identificado otras 8.900 que están a la espera de ser vinculadas a una EPS.
La Secretaria de Educación, Clara Inés Sagre, reveló que durante el año 2014 se vinculó a instituciones educativas oficiales a 12.517 niños y niñas en condición de víctimas, pero que debido a que muchos padres no los registran en calidad de víctimas, se dificulta tener un censo más actualizado de los estudiantes miembro de esta población que actualmente están dentro del sistema de educación distrital.
Rocío Castillo, Secretaria de Participación y Desarrollo Social, se refirió al acompañamiento que se le viene haciendo a las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, el cual vienen realizando desde la Oficina de Asuntos para la Mujer del distrito, con asesoría psicológica a las mujeres afectadas y a sus hijos e hijas, protección integral en un hogar de paso con asesoría jurídica y atención médica, la oferta académica en formación política, visitas domiciliarias a mujeres víctimas de conformidad al Auto 092, entre otras.
El Gerente encargado de Corvivienda, Luis Vélez Carrasquilla, sobre las acciones que desde su competencia se han adelantando, puntualizó que a la fecha se han entregado 956 viviendas a víctimas del conflicto armado, de las cuales 404 fueron entregadas en Huellas Juan Pablo II, 168 viviendas en Flor del Campo, 29 en Huellas Alberto Uribe y 355 en Bicentenario. Agregó, que para 2015 se proyecta entregar 236 viviendas a personas de esta población.
Para la Concejal Saray Aguas (Verde) las acciones que han mencionado los funcionarios del gobierno son insuficientes teniendo en cuenta que la ciudad ha sido receptora de un importante número de víctimas del sur del departamento y otras regiones del país. Aguas considera que falta mucho por hacer en ese sentido, y señala que hay cifras presentadas por Secretaria de Educación que no comprende, toda vez que las tablas muestran que en algunas vigencias no se cumplió con la meta, sin embargo el presupuesto ejecutado se triplicó en relación al proyectado inicialmente.
La concejal además asegura que el presupuesto con el que se cuenta para efectuar las acciones del PAT es irrisorio, y no alcanzaría a cubrir ni al 10% de la población en condición de víctima.
Los concejales Antonio Salim Guerra (Cambio Radical) y Vicente Blel (Cambio Radical) consideran que sí se ha avanzado en comparación a la casi nula gestión de los gobiernos anteriores en pro de las víctimas, felicitaron a la Administración Distrital por dichos logros.
Por su parte, el Concejal David Múnera (Polo) asegura que las acciones que hoy socializaron los secretarios no son más que paños de agua tibia que no alcanzan a solventar las necesidades de estas personas.
Múnera cataloga de “populismo barato” las medidas que desde el gobierno nacional y distrital se anuncian para favorecer a las víctimas. Indicó que si en Cartagena hay alrededor de 120 mil víctimas, y el presupuesto asignado para atenderlas es de 28 mil millones de pesos, significa que a cada víctima le corresponde diariamente 657 pesos. “No se puede resolver nada con 657 pesos diarios”, sostuvo.
Para el Concejal Cesar Pión (La U) el hecho de que no exista una línea de base de las acciones de atención a víctimas desde todas las dependencias, dificulta el estudio de control político para determinar si se ha avanzado o no. Indica que siendo Bolívar el segundo departamento con mayor número de víctimas registradas, y Cartagena la capital receptora de dichas víctimas, se debe institucionalizar un proceso urbano de paz, tal como lo ha sugerido en diferentes sesiones.
Según el Concejal Germán Zapata (ASI) considerando que somos una central de destino de las víctimas, la Administración Distrital debe ser dinámica en su atención, y uno de los principales retos debe ser capacitar a los funcionarios del distrito para hacerlo.
Para Zapata la mejor forma de reivindicar los derechos a quienes han sido víctimas del conflicto armado es garantizarles su regreso al campo, con seguridad, mejoramiento de las vías terciarias, tecnificando la producción y estableciendo unos subsidios para los productos agrícolas.
Asimismo, el Concejal Pastor Jaramillo (Cambio Radical) plantea que una de las principales preocupaciones dentro de la población en condición de víctimas es la auto sostenibilidad económica, y en ese sentido considera que en Cartagena se debe rediseñar el paquete de medidas de productividad, y formularlas en torno a eslabonamientos productivos. Además, indica que se debe orientar la legislación distrital hacia acciones afirmativas alrededor de beneficios tributarios a las empresas que contraten personas víctimas del conflicto.
El debate concluyó con la aprobación de una proposición que recomienda al gobierno distrital buscar alternativas para aumentar el presupuesto, con el objeto de que hay un número mayor de personas beneficiadas por los programas del distrito para atender esta población. Presentada por todas las bancadas.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el jueves 23 de abril, a partir de las 9:00 a.m., en las instalaciones de la Corporación.
NOTA: DESCARGUE PRESENTACIONES DE FUNCIONARIOS
Escrito por Alejandra López, Observatorio al Concejo de Cartagena Asamblea de Bolívar.
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