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Bitácora del Observatorio a la Asamblea de Bolívar, 28 de marzo de 2023
Hora de Inicio: 9:08 a.m.
Hora de finalización: 11:44 a.m.
Iniciado el orden del día se dio lectura al informe de ponencia para segundo debate del Proyecto de Ordenanza “por medio del cual se realizan adiciones e incorporaciones de recursos al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del departamento de Bolívar de la vigencia 2023 y se dictan otras disposiciones”.
El proyecto busca incorporar $9.452 millones con el fin de adecuar la infraestructura de 14 instituciones educativas del Departamento; fortalecer la capacidad operativa y administrativa del Comando de Policía de Bolívar; la construcción del centro recreacional el Edén en el barrio las Gaviotas; y la construcción de la institución educativa Alejando Duran Paz del Municipio de Altos del Rosario.
Al ser sometido a consideración el título, el preámbulo y articulado, estos fueron aprobados de forma unánime con las siguientes modificaciones: En el titulo se cambia “del cual” por “de la cual”, al preámbulo se le añadieron nuevos sustentos normativos. En el articulado se corrige el término “adicción” por “adición”. De esta manera, el proyecto quedó en espera de la sanción del Gobernador para convertirse en Ordenanza.
Siguiendo con el orden del día, el contralor departamental, Edilberto Mendoza, procedió a socializar el informe de gestión indicando que actualmente la Contraloría cuenta con 100 sujetos de control y 119 puntos de control. Además, durante 2022 se adelantaron 117 procesos de auditorías programadas alcanzando un 100% de ejecución de la meta.
El resultado de estos procesos auditores y la atención de denuncias fueron 507 hallazgos administrativos, 83 con presunta incidencia disciplinaria, 3 con presunta incidencia penal, 146 procesos administrativos sancionatorios, 13 indagaciones preliminares y 40 hallazgos con presunta incidencia fiscal de los que ascienden a una cifra de $4.416 millones. Agregó que, de los 100 sujetos de control, 7 no presentaron rendición de cuentas por lo que se le inició un proceso sancionatorio. Además, se obtuvieron beneficios del Control Fiscal por $1.037 millones.
En el proceso de responsabilidad fiscal se abrieron 47 procesos ordinarios y se tramitaron 178; se abrieron 64 indagaciones preliminares, tramitadas 88; se lograron recuperar $28.190.694 en procesos con auto de cesación de la acción fiscal por resarcimiento; se tuvieron 24 autos de imputación proferidos y 35 procesos archivados por no mérito.
Detalló que hubo 15 fallos de responsabilidad fiscal proferidos por una cuantía de $6.619 millones distribuidos en $2.451 millones en alcaldías y $4.168 millones en otras entidades. Además, 12 fallos con responsabilidad fiscal enviados al área de jurisdicción coactiva con cuantía por $2.846 millones.
Se abrieron 114 procesos administrativos sancionatorios y se tramitaron 289, se generaron 45 multas de las que se trasladaron 28 a Jurisdicción Coactiva con una cuantía de $176.144.142. En cuanto al proceso de atención de denuncia indicó que se recibieron 98 denuncias, 79 concluidas con respuestas de fondo, 23 trasladadas a otras entidades por competencia y concluidas, 21 en trámite. De estas hubo 23 hallazgos disciplinarios, 16 hallazgos sancionatorios y 18 hallazgos trasladados al área de responsabilidad fiscal con una cuantía de $2.106 millones.
El recaudo del área de jurisdicción coactiva fue de $181.781.997. En el proceso de gestión jurídica se atendieron 3 solicitudes de urgencias manifiestas y 57 calamidades públicas con 12 conceptos de legalidad desfavorables. Además, se realizaron 49 procesos de responsabilidad fiscal y 2 revocatorias.
Adicionalmente, detalló que para 2022 el presupuesto de gastos definitivo fue de $8.687 millones, mientras que el ejecutado fue de $8.493 millones lo que equivale a un porcentaje de 97,7%. Por último, indicó que valor total de la deuda de las vigencias anteriores al 2023 es de $1.042.115.695 distribuidos entre ESES municipales, Maternidad Rafel Calvo y la Universidad de Cartagena.
Seguido, Arnaldo Barreto, Gerente de Aguas de Bolívar, presentó los avances en los proyectos de alcantarillado que actualmente se encuentran en ejecución: para el municipio de El Carmen el avance físico es de 98.8%, para Mompox es de 94,4%, para San Juan es de 7,9%, para San Estanislao 9,8%, para Calamar 6,8%. Para San Cristóbal 28,7% y Clemencia está por iniciar. En cuanto al alcantarillado rural mencionó que en Magangué hay 3 proyectos y en el Guamo está el proyecto de Nervití-Tasajera. También se encuentran en la fase de diseño y formulación distintos proyectos para los municipios de Marialabaja, San Juan, El Carmen, San Jacinto, entre otros.
Respecto a las metas del Plan de Desarrollo, se tuvo un 82,6% en cobertura urbana de agua potable y 24% de alcantarillado, para la zona rural, se tiene cobertura de agua potable de 46%. En cuanto a la ejecución presupuestal en 2022, se contaba con una asignación de $148.139 millones, de los que se ha ejecutado $91.260 millones lo que equivale a un 61%.
Terminada la presentación, el diputado Jorge Rodríguez (La U) destacó el mejoramiento del índice de riesgo de calidad del agua. Sin embargo, señaló que no se han hecho suficientes inversiones para el sector rural en comparación con el urbano. Agregó que se debería explorar la consecución de agua del subsuelo.
El diputado José García (Liberal) indicó que, a pesar de que ha habido avances y que se han planteado nuevos proyectos como los filtros potabilizadores, aún existen corregimientos sin agua potable. Agregó que se espera que para este año esté listo el alcantarillado en el Carmen de Bolívar.
Por otro lado, el diputado Mario del Castillo (Centro Democrático-MIRA) se refirió a lo imperante que es que se planteen soluciones para la problemática con el acueducto de San Juan Nepomuceno y San Jacinto. Agregó que los acueductos corregimentales deberían estar soportados en una propia generación de energía con el fin de disminuir los costos del tratamiento de agua potable.
La diputada Viviana Villalobos (Cambio Radical) solicitó información sobre cuáles son los retos que se tienen a futuro en materia de agua potable y alcantarillado y qué municipios hacen falta por impactar.
Para dar respuesta a las intervenciones, el Gerente informó que llevar agua a las comunidades es producto de un proceso de tres partes: la cobertura, la continuidad y la calidad. De estas, Aguas de Bolívar se encarga de garantizar la cobertura, sin embargo, la continuidad y la calidad son responsabilidad de los operadores. Agregó que para lograr que los indicadores lleguen a 100% se necesita el apoyo de los gobiernos municipales. Además, explicó que las inversiones se apuntan a los centros urbanos toda vez que es dónde puede haber mayor población beneficiada considerando los mismos recursos que serían destinados a centros con menor población.
Finalmente indicó que los retos para este 2023 están fundamentados en las metas que se generaron en el plan de desarrollo y que el objetivo ha sido llevar diversas formas de apoyo a los municipios.
Para esta sesión se tenía programada la presentación del informe de gestión del director de Tránsito y Transporte, sin embargo, este no se presentó.
Por otro lado, el diputado Jorge Rodríguez (La U) anunció la designación del diputado Miguel Cueter como ponente del proyecto de ordenanza que plantea la incorporación de recursos provenientes de la Federación Nacional de Departamentos para fortalecer la política anticontrabando, cuya socialización en la Comisión de Hacienda se programó para el 12 de abril.
Por último, el presidente José García informó que la audiencia pública sobre el acueducto San Juan Nepomuceno-San Jacinto quedó programada para el 25 de abril.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el miércoles 29 de marzo de 2023; a las 8:00 a.m.
Escrito por Gabriela Carolina Bustillo Lora, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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