Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena, 21 de junio de 2018.
Hora de inicio: 9:08 a.m.
Hora de finalización: 12:18 p.m.
Hoy en el Concejo Distrital se llevó a cabo un debate de control político acerca del proceso de elaboración, ejecución y presentación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). La sesión contó con la presencia del Secretario de Planeación, Iván Castro; el jefe de la oficina de Control Interno, Juan Carlos Frías; el personero distrital, William Matson; y representantes de la Contraloría, del DNP, FONADE, INYPSA, y la interventoría Cideter.
Iniciado el orden del día, el concejal citante César Pión (La U) dejó constancia de la ausencia de FONADE y manifestó su inconformidad al respecto, teniendo en cuenta que es con esta entidad que se suscribió el contrato interadministrativo No. 216229 del 27 de diciembre de 2016, para la implementación del programa POT Moderno, liderado por el DNP.
Sobre el contrato, Pión informó que aunque el total del contrato es de $5.169.996.000, el Distrito aportó $3.618.997.000, de los cuales $3.076.147.450 se destinaron a la contratación de operadores regionales, $271.424.775 a la interventoría, mientras que el saldo restante de $271.424.775 corresponde a la cuota de gestión de 7.5% para FONADE.
El cabildante manifestó su preocupación por el tiempo que queda para la entrega final de los 17 productos que conformarían el POT, puesto que en el contrato se establece que el plazo de la ejecución del mismo podrá ser prorrogado y/o modificado de mutuo acuerdo entre las partes pero en ningún caso podrá exceder el plazo de ejecución del contrato interadministrativo marco DNP-OR-060-2015/FONADE 215082, en el cual se define el 31 de julio de 2018 como fecha límite.
Por otro lado, señaló que entre 2015 y 2016 se estaba adelantado un proceso de modificación excepcional del POT vigente, al que ya se le habían destinado recursos, sin embargo, la Secretaría de Planeación desistió de continuar con este trámite a pesar de contar con el aval del Ministerio de Ambiente, el cual había aclarado que sí era posible realizar la revisión general que debía hacerse tras el vencimiento de todos los componentes del POT, al mismo tiempo que se adelantaba la modificación excepcional. Para Pión es necesaria una investigación para aclarar este caso y qué ocurrió con los recursos utilizados.
Más adelante, Iván Castro, Secretario de Planeación, informó que el 26 de mayo el DNP envió 5 de los 17 productos, debidamente aprobados por la interventoría, en virtud de lo cual se realizaron mesas técnicas de verificación en las que fue posible identificar que en los productos entregados no se incluyeron algunas zonas de espacio público, además, hay mapas que no coinciden con el área de la ciudad y los centros poblados en suelos rurales no corresponden a la realidad de los corregimientos; por lo anterior, se solicitará al DNP la revisión y verificación de los 5 productos enviados.
Luego, Simón Mesa Acosta, gerente de los Programas POT Modernos, en representación del DNP, explicó que el POT consiste en 17 productos repartidos en 7 hitos, de los cuales el primero es el más complejo pues corresponde a la fase diagnóstica y requiere de especificaciones técnicas. Mesa también indicó que los cambios de Administración han dificultado las mesas de trabajo con el Distrito, impidiendo mayor fluidez en el proceso, sin embargo, se han llevado a cabo varias reuniones con Cardique, EPA y Secretaría de Planeación para agilizar y dar claridad sobre el proceso.
El funcionario dio a conocer que en semanas pasadas, el convenio marco DNP – FONADE fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2018, con lo cual se abre la posibilidad de extender el contrato entre FONADE y el Distrito; además, explicó que la primera entrega de productos no fue en mayo de 2018, ya que el 6 de diciembre de 2017 fueron entregados los productos 1 y 2.
Para el concejal David Caballero (Conservador) es una excusa manifestar que debido a los cambios de Administración se han dado retrasos en el proceso de entregas de productos, teniendo en cuenta que no existen oficios donde el DNP haya expresado esta situación, sin embargo, si existen múltiples oficios enviados por la Alcaldía señalando los incumplimientos al contrato.
Seguidamente, Adolfo Alarcón, asesor en riesgos del DNP expresó que los estudios de riesgo deben obedecer a necesidades particulares de cada territorio, motivo por el cual cada estudio de riesgo es un documento único que se da a través de un inventario de las amenazas que afectan al territorio analizado. También aclaró que en lo referente a ciencias de la tierra no existe información primaria o secundaria.
Por otra parte, María Celeste Valderrama, representante de la firma interventora CIDETER, indicó que antes de ser enviados al ente territorial, cada producto debe contar con una aprobación técnica de la interventoría, pero aclaró que esto no significa que esta sea la aprobación final puesto que cada producto tiene la oportunidad de ser ajustado y reconsiderado dependiendo de las consideraciones expuestas por la Alcaldía, el CTP o el Concejo.
La funcionaria manifestó que los productos 1 y 2 fueron aprobados por la interventoría el 1 de diciembre de 2017, el producto 3 el 31 de enero de 2018, el producto 5 el 21 de mayo y el producto 14 el 5 de febrero; además, señaló que el producto 4 aún se encuentra en proceso de revisión entre la interventoría y el operador.
A continuación, tomó la palabra Beatriz Rave Herrera, directora temática del Consorcio INYPSA-ACCEPLAN-UR. La funcionaria resaltó lo siguiente sobre el estado actual del contrato y los productos entregados:
- La etapa de diagnóstico se completó con la entrega de los estudios básicos de riesgo.
- Actualmente se está desarrollando la etapa de formulación por parte del Consorcio.
- Se ha reiniciado la interacción con la administración distrital y se espera la reactivación del proceso de participación ciudadana para definir el modelo de ocupación prospectivo concertado.
Sobre la entrega de productos en construcción, Rave socializó el siguiente cronograma:
En cuanto a los estudios de riesgo, la funcionaria dio a conocer que hasta la fecha se han realizado 5 estudios de riesgo correspondientes a movimientos en masa, inundaciones, erosión costera, diapirismo, y ascenso del nivel del mar.
Finalizadas las intervenciones de los funcionarios, el concejal César Pión (La U) expresó su inconformidad con las respuestas otorgadas, ya que el lenguaje utilizado no precisó cumplimiento de compromisos. El concejal dejó constancia de que se realizó un análisis del territorio con información secundaria, a pesar de que para el caso de Cartagena es relevante tener la mayor precisión posible sobre la delimitación y riesgo de los suelos.
Posteriormente, Juan Carlos Frías, jefe de la oficina de Control Interno, llamó la atención sobre los tiempos de entrega puesto que resulta preocupante la rigurosidad que tendrán los productos que están por entregar si en el término de año y medio se presentaron solo 5 productos, y se pretende entregar 12 en tan solo un mes.
En el mismo sentido, el personero William Matson manifestó que debe conocerse el cronograma de actividades que incluía el acta de inicio; además, hizo un llamado de atención a la interventoría pues considera que debe analizarse la situación de los productos que no coinciden con las necesidades reales del territorio.
Matson indicó que este caso amerita una investigación, sin embargo, la Personería puede abrir la investigación pero no terminarla pues esto correspondería a la Procuraduría General.
Frente a las inquietudes presentadas, Simón Mesa, explicó que el 10 de mayo de 2018 el director general del DNP y FONADE realizaron la ampliación del convenio entre estas dos entidades.
Por último, el concejal César Pión (La U) agradeció la presencia y participación de los funcionarios, y conminó a Simón Mesa a solicitarle a FONADE entregar un cronograma claro de las actividades.
Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el viernes 22 de junio de 2018; a las 8:30 a.m., en las instalaciones de la Policía Metropolitana en Manga.
Ver sesión aquí:
Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y la Asamblea de Bolívar.
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