La sesión plenaria del Concejo de Cartagena se realizó de manera descentralizada en las instalaciones del Mercado de Santa Rita, en cumplimiento de la Proposición 011 de 2026. Esta iniciativa insta a la Secretaría General a cumplir los compromisos adquiridos con los vendedores y trabajadores de la plaza, solicitando información contractual, presupuestal y técnica sobre su reactivación.
Al inicio, el concejal Armando Córdoba destacó que el traslado del Concejo busca establecer una ruta de solución integral para rescatar este mercado sectorial frente al hambre, la inseguridad y la falta de inclusión económica. Durante la lectura del orden del día, se aclaró que el secretario del interior es Daniel Vargas, corrigiendo la citación inicial.
Por su parte, la concejal Laura Díaz solicitó declarar la sesión informal para dar paso a una muestra artística de los niños de la escuela de formación deportiva y cultural ASOASAR, quienes interpretaron el ritmo «El alegre pescado». Al retomar la sesión formal, se constató la presencia de el concejal Lewis Montero y el concejal Emmanuel Vergara, abriendo el espacio para las intervenciones de la ciudadanía.
- Jader García Oliveros (Comerciante de carnicería): Denunció el deterioro avanzado de la infraestructura, los cuartos fríos sin terminar y la falta de efectividad en las intervenciones previas. Recordó que el alcalde Dumek Turbay prometió en Anahuac tres puntos concretos: terminar la plaza, reactivarla y brindar apoyo económico real; sin embargo, criticó que los comerciantes siguen recibiendo «palo» como en pasadas administraciones. Exigió voluntad política directa y veeduría del Concejo para respaldar a las más de 250 familias de emprendedores locales que dinamizan el sector.
- Margarita Giraldo García (Presidenta de la Asociación): Recordó que en la audiencia de abril la secretaria general no estaba preparada y se comprometió a dar respuestas hoy. Explicó que durante 50 años los comerciantes antiguos fueron autosostenibles y pagaron sus servicios sin ser un problema para el Distrito, siendo ellos mismos los gestores del diseño original del proyecto. Denunció que se perdió el norte de la plaza al pasar de 150 locales a más de 200, intentando desplazar a los vendedores tradicionales de avanzada edad, sin pensión y golpeados por la época del COVID-19.
- Reinaldo Barrios Burgos (Barbero y conciliador de Los Comuneros): Se presentó como barbero del segundo piso desde hace 5 años y miembro de la junta comunal. Rompió el protocolo para presentar a Gladys Acevedo, la comerciante más antigua que sacó adelante a 8 hijos profesionales gracias a la plaza, y a Freddy, quien financió los estudios de sus dos hijos suboficiales de la Armada vendiendo buñuelos. Comparó la gestión del alcalde en la ciudad con el rezago en Santa Rita, convirtiendo la plaza en un desierto y exigiendo respuestas por los 110 locales cerrados.
- Astrid Rocío Atuesta (Comerciante): Expuso los graves perjuicios ocasionados por el sistema de energía prepago recargable impuesto por el Distrito, el cual afecta diariamente la actividad económica. Detalló que las recargas tardan horas en reflejarse en los medidores, dejando los locales a oscuras a la espera de técnicos. Denunció que el fin de semana pasado sufrieron un apagón de 15 horas que dañó neveras y mercancías perecederas, obligando a los equipos a trabajar al doble y acelerar el consumo de energía reestablecida, sin que nadie asuma la responsabilidad por las pérdidas.
- Luna Estrada Amarilis (Gestora social y de la oficina jurídica): Acompaña el proceso desde antes del desalojo de 2013 y advirtió que el mercado es clave para la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de adultos mayores con salud deteriorada. Afirmó que el alcalde faltó a su promesa pública colgada en las redes de la Alcaldía, donde se comprometió a que los comerciantes no pagarían servicios públicos bajo su mandato. Asimismo, criticó que un derecho de petición radicado hace dos meses sigue dando vueltas sin respuesta entre la oficina jurídica y la Secretaría General.
- Mari Giraldo (Comerciante): Indicó que la plaza tiene 57 años de historia pero solo se construyó en un 65% a pesar de ejecutarse todos los recursos del proyecto. Detalló que el parqueadero se inunda como una piscina, faltan los cuartos fríos y la cubierta de 100 toneladas de hierro está oxidada, requiriendo un costoso mantenimiento cada 6 meses, por lo que propuso reemplazarla o construir un tercer piso para un corredor gastronómico. Recordó que en 2013 entregaron el mercado viejo con cero deudas tras recaudar 100 millones de pesos con eventos propios, y pidió una mesa colectiva con el Ministerio de Agricultura y la Cámara de Comercio.
- Jorge Antonio Castro (Líder de la Falda de la Popa): Representante de la Corporación Creer en Ti y el colectivo La Pasión de la Loma, enfocado en alejar a los jóvenes de la vulnerabilidad social («chirretes») a través del comercio. Explicó que la plaza sostiene la economía barrial mediante créditos comunitarios (fiar carne o pollo), algo que las megatiendas no hacen. Criticó que el sistema de «energía a la medida» recortó la vida útil de medidores nuevos de 6 años (generando un detrimento) y obliga a los minoristas a congelar hasta $2 millones en prepago en vez de invertirlo en mercancía, reprochando que el alcalde ignore a Santa Rita por WhatsApp.
- Vocero de los Comerciantes de Basurto / Líder comunitario: Calificó la plaza como un «monumento a la desidia, el abandono y la corrupción» que lleva 10 años en crisis. Reveló que durante la administración de Pedrito Pereira y Marta Seidel se dejaron 47 contratos en blanco (sin firma del Distrito) y 80 contratos de antiguos vendedores sin legalizar. Exigió el cumplimiento de la Resolución 7479 de 2016 y de la inspección judicial de 2019 de la jueza Sandra Zúñiga para reubicar a 144 minoristas de Basurto, proponiendo construir 40 locales en la plazoleta con recursos propios, y sacó «tarjeta roja» al equipo de mercados (María Emma e Ingrid) por perseguir al comercio popular.
- Juan Carlos Cárcamo (Abogado y comerciante): Se presentó como hijo del mercado de Basurto, donde su padre fue asesinado por extorsión paramilitar, logrando profesionalizarse gracias a esta economía. Solicitó revisar los «decretos flash» expedidos por Dionisio Vélez en 2015 que regulan Basurto y Santa Rita, afirmando que violan las normas y buscan el despojo de los comerciantes mediante sanciones severas. Argumentó que dichos decretos tienen un vicio de nulidad, sustentado en jurisprudencia de Bucaramanga, porque la competencia regulatoria es del Concejo y no del alcalde. También alertó que los cobros coactivos por deudas de vigencias anteriores están quebrando a los usuarios.
- Ramiro Martínez Martínez (Exadministrador de los mercados): Exdirector de las plazas de Basurto (2020) y Santa Rita, señaló conocer a fondo las dinámicas financieras y sociales. Criticó que el Plan de Desarrollo no articule las estrategias impulsoras ni los planes de formalización con la realidad de los minoristas, permitiendo que el comercio informal externo crezca mientras la plaza se apaga. Recordó que el Acuerdo 192 obliga al alcalde y a los concejales a reunirse mensualmente con la economía minorista para concertar el traslado de Basurto, y cuestionó por qué del préstamo aprobado de $1.5 billones no se destinó presupuesto para terminar Santa Rita.
- Gabriel José Mejía (Presidente de la Asociación de Minoristas Afroindígenas): Recordó que el acuerdo del Concejo fue defendido en su momento por el concejal Lewis Montero ante el Tribunal Administrativo y anunció acciones de cumplimiento. Denunció que el mercado de Basurto se maneja ilegalmente con el Decreto 0160 de 2015, cuyo artículo 3 (la esencia del documento) fue anulado por el Juzgado 15. Asimismo, alertó sobre la pérdida de expedientes en la Fiscalía Seccional 49, afirmando que se ocultaron registros para revender locales de forma corrupta por $200 o $400 millones, y anunció la radicación de una propuesta de 120 páginas para el POT que plantea un mercado minorista vertical en el mismo predio de Basurto.
- Héctor Contreras (Líder comunitario): Aclaró que el mercado de Santa Rita nunca fue «entregado» formalmente por el Distrito, sino que fue abierto por la fuerza por los propios comerciantes que se estaban asfixiando económicamente en las calles exteriores. Definió el lugar como un epicentro de interculturalidad para los barrios San Pedro y Libertad, Pedro Salazar y las faldas de la Popa. Instó al Concejo a formular proyectos para mejorar el transporte público y solucionar el colapso diario de las alcantarillas de aguas negras en los accesos, pidiendo a los vendedores que «dejen de aplaudir» a los funcionarios por cumplir con su obligación legal.
- Jairo Barrera (Presidente de ASOVENEVA): Representante de los vendedores estacionarios con 30 años de trayectoria, denunció que la administración lleva casi tres años operando de espalda a las organizaciones legales de Basurto. Manifestó que el liderazgo comunitario es perseguido cuando denuncia irregularidades en los recaudos y afirmó que las socializaciones del traslado son falsas, pues los funcionarios toman fotos de asistencia en reuniones informales para simular consensos. Solicitó el respaldo de los concejales para hacer valer los espacios de concertación obligatorios por norma.
Tras las intervenciones, la plenaria solicitó el pronunciamiento de los funcionarios citados. La secretaria general distrital, María Patricia Porras Mendoza, tomó la palabra para manifestar que su equipo ya radicó ante la corporación el documento escrito con las respuestas al cuestionario enviado. Porras agregó que tomaron atenta nota de las problemáticas expuestas por los usuarios, pero declaró textualmente: «Hoy no le tengo la respuesta». Ante esto, el concejal Armando Córdoba levantó una voz de protesta, señalando que flaco favor se le hace a la ciudad cuando la administración asiste sin soluciones concretas tras meses de preparación, delegando la responsabilidad de control en los órganos externos. El presidente de la corporación anunció el diseño de una comisión accidental para estructurar mesas técnicas de seguimiento técnico en Santa Rita.
En el punto de documentos para dar cuenta, el secretario leyó el título de un proyecto radicado por la Alcaldía Mayor: «Proyecto de Acuerdo por el cual se crea la empresa oficial de servicio público domiciliario de Cartagena ESP y se dictan otras disposiciones». Se designó como coordinador a el concejal Wilson Toncel y como ponentes a el concejal Lewis Montero, el concejal Lauriano Curi y la concejal Mónica Villalobos.
Posteriormente, el concejal Carlos Barrios presentó una proposición para aplazar la mesa de trabajo del Proyecto de Acuerdo 112 (vigencias futuras) debido a que varios funcionarios se encontraban fuera de la ciudad. Sin embargo, la concejal Gloria Estrada, coordinadora de la iniciativa, se opuso al aplazamiento argumentando que la funcionaria ausente delegó a su equipo técnico y que la mesa técnica podía sesionar de inmediato sin inconvenientes. Tras un receso de cinco minutos otorgado por la presidencia para concertar el procedimiento contractual, Barrios retiró formalmente la proposición, dejando el estudio del cronograma a cargo de la comisión respectiva. Agotado el orden del día, se levantó la sesión.
Agotado el orden del día, se citó la próxima sesión para el viernes 10 de julio a las 8:30 a.m.
Escrito por Douglas de Jesús Craig, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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