Hora de inicio: 9:05 a.m.
Hora de finalización: 12:25 a.m.
De conformidad con las proposiciones 018 y 048 de 2016, en esta sesión correspondía la continuación del debate sobre el sistema de salud en el Distrito de Cartagena, que había sido suspendido el 24 de febrero del 2016, por presentarse fallas en el servicio de energía eléctrica durante su desarrollo.
Para el debate, la contralora Distrital, Nubia Fontalvo, presenta excusas frente a su inasistencia en la sesión y delega a Jesús María Caballero para que responda a las inquietudes que planteen los concejales alrededor de este tema.
Retoma la intervención que le había sido suspendida en la sesión anterior el representante de las Veedurías de la Salud, César Cárcamo, y en esta se refiere a que en el mes de julio de 2015 los concejales hicieron algunos pronunciamientos alrededor de la remodelación de los hospitales del Pozón y Canapote, que en estos momentos no atienden la cantidad de usuarios para los que fueron construidos.
Asegura que en Bocachica, pese a que hay pliegos definitivos del proyecto de hospital, no se ha construido nada. Además, que el CAP de La Esperanza, que también tiene obras proyectadas tampoco ha comenzado su ejecución. Solicita que se cree una Comisión que pueda visitar la infraestructura dispuesta para el servicio de la salud en la Ciudad, y de esta manera constate la magnitud de la problemática.
Por su parte, Roberto Bustamante, representante de Anthoc Bolívar, manifiesta que el problema con la salud no es de falta de dinero, sino de flujo de recursos, que es inherente al modelo mismo establecido por ley. Cuestiona las inversiones sin planeación, especialmente las derivadas del crédito público por $250 mil millones, que no se ejecutaron en su mayoría y está limitando el uso de la infraestructura destinada a la prestación del servicio de salud. En consecuencia, se debe mejorar la operación de recursos y disminuir los costos de operación. En los presupuestos se deben incluir partidas para la atención de contingencias derivadas de los malos manejos administrativos. Además la organización sindical presenta las siguientes propuestas:
-Fortalecimiento del primer nivel de atención con la habilitación camas hospitalarias para descongestionar el segundo nivel.
-Creación de la planta de personal global básica de la ESE Cartagena de Indias, para el funcionamiento de sus diferentes servicios, con especial apoyo de los entes territoriales para garantizar el flujo de recursos y la contratación.
-Solicitar a la Corte Constitucional y a las Corporaciones públicas que obliguen al Gobierno Nacional a que presenten el proyecto de ley que desarrolle la salud como derecho fundamental.
-Es necesario la reorganización del Dadis para su autonomía y fortalecimiento.
-Convocar y promover un foro con la participación de todos los actores del sector salud para discutir y llegar a un acuerdo sobre el sistema de salud que debe implementarse en el Distrito de Cartagena.
-Selección objetiva del Gerente de la ESE y demás hospitales públicos.
-Depuración de la relación contractual y el pago inmediato de la deuda por parte de las EPS y el ente territorial, a la red hospitalaria.
-Conformar una comisión de auditoría integrada por la Contraloría, la Personería, el Concejo Distrital, Dadis, Usuarios, y Anthoc, que verifique los estados de contratación en salud.
Toma la palabra el Coordinador del Observatorio a la Transparencia en la Contratación Estatal de FUNCICAR, Armando Navarro. En su presentación evidencia que el Observatorio ha centrado su seguimiento sobre el crédito público de los $250 mil millones, y especialmente en esta sesión rendirá informe respecto de la inversión de $100 mil millones, que se destinaron a la infraestructura en los servicios de salud. Para ello se utilizó como metodología el análisis de los procesos de contratación publicado en Secop, solicitud de información mediante derechos de petición al Dadis y una serie de visitas de campo a las instalaciones que serían intervenidas producto del crédito público. Algunos de los hallazgos de este proceso investigativo fueron:
-Se contemplaron inicialmente 39 obras, que finalmente fueron reducidas a 25
-De los tres consorcios que se presentaron a convocatoria fueron seleccionados dos: Consorcio Salud Heroica y COINSES S.A, ambas con domicilios de Barranquilla y Medellín.
-La interventoría fue adjudicada al Consorcio Interventoría Hospitales Cartagena, por valor de 6 mil millones de pesos.
-De los 25 centros de salud contemplados en la intervención, a 1 de diciembre de 2015, solo 9 presentaron un nivel de avance superior al 60%. Estos son: UPA Pozón, Pontezuela, Arroyo de Piedra, Arroyo Grande, Líbano, Caño del Oro, Hospital del Pozón, Canapote y Bayunca.
-11 centros de salud se encontraban con un estado de avance entre el 1% y el 50%.
-4 centros de salud tenían sus obras de avance en 0%.
-Ninguna de las obras había sido entregada por la Administración Distrital.
-Se hizo una observación de campo el 7 de diciembre a los 9 centros de salud que tenían el nivel de avance por encima del 60%. Se tomaron muestras fotográficas de cada caso.
-Como característica general en estos centros de salud, la inversión final estimada resultó ser significativamente más alta que la proyectada inicialmente. De igual manera fue una dificultad para los contratistas tener que realizar obras mientras se seguía atendiendo a usuarios.
-En el segundo recorrido, realizado hace 2 semanas a los centros de salud cuyos estados de avance estarían entre el 1% y el 50%, se encontró que los CAP de La Candelaria y La Esperanza aún no habían iniciado sus procesos de intervención.
-Solo han sido entregados 4 centros de salud de los 25 que se relacionaron. Estos son Pontezuela, Pozón, Arroyo de Piedra y Líbano.
Armando Navarro finalmente agrega que el Observatorio a la Transparencia de FUNCICAR desarrollo este ejercicio contrastando lo que la Administración Distrital responde a las peticiones de información ciudadanas con lo que se puede observar en el lugar de las obras. Dicha metodología es susceptible a ser replicada por cualquier ciudadano.
Prosigue la intervención el concejal César Pión (La U) manifiestando que los debates de la salud deben contar una asistencia de los funcionarios titulares. Por ello la Contralora Distrital debería asistir personalmente y no delegar su función, puesto que es ella quien debe tomar las acciones disciplinarias frente a los detrimentos patrimoniales que están demostrados.
De otro lado, dice que la Administración Distrital ha sido muy condescendiente con el Gobierno Nacional, en el sentido de permitir que se escojan funcionarios para la salud que no realizan sus funciones pensando en el mejoramiento del bienestar de los ciudadanos locales, sino respondiendo a otros intereses, esto en referencia a la Gerente de la ESE. Considera que el Concejo debe atreverse a utilizar todas sus herramientas de sanción (por ejemplo la moción de censura) para implementar sobre aquellos funcionarios que ejerzan mal sus funciones.
Volviendo sobre la Contraloría cuestiona la utilización de la ley que rige sus funciones de acuerdo a su conveniencia. Por ejemplo en casos importantes escuda su falta de diligencia en la espera que debe tener frente a la conclusión de obras de inversión, pero cuando pretende hacer un “favor”, utiliza la modalidad de “auditorías express”, y con ello reportando percepciones favorables.
Tal es el caso evidenciado en un documento emitido por la Contraloría en el que se efectúan las conclusiones, dirigidas a la Secretaría de Educación y al Dadis, manifestando que obras relacionadas con la construcción y mantenimiento de instituciones educativas y centros de salud, entre 2014 y 2015, se encuentran liquidadas y entregadas, y mientras tanto FUNCICAR, se atreve a decir que por lo menos las obras relacionadas con la inversión derivada del crédito público no están terminadas, y pone esta información a disposición de todos, incluyendo los órganos de control, apoyándose para ello en un proceso integral de derechos de petición y visitas de campo. “Si la Contraloría no muestra resultados es cómplice de la muerte de los ciudadanos por los problemas en la prestación del servicio de salud”, sostiene.
Por otra parte, dice que si bien la Ley 100 es un desacierto, es la referencia, por lo cual la discusión no se puede quedar en la crítica al modelo imperante. Por otra parte, la Alcaldía Mayor debe darle independencia al Dadis para que pueda tomar las decisiones adecuadas en favor de mejorar el sistema de salud en Cartagena, por lo que se hace necesaria una reestructuración administrativa, que, entre otras cosas, permita acabar con las OPS y posibilite tener una planta de personal estable.
Se le concede el uso de la palabra a Jesús María Caballero, Delegado de la Contraloría Distrital, apuntando que en el año 2014 se le hizo auditoría a la ESE y al Dadis, y como resultado se otorgó favorabilidad administrativa y financiera a la ESE, y desfavorabilidad al Dadis con 15 hallazgos de responsabilidad fiscal que actualmente se encuentran en proceso.
El concejal Rafael Meza (Conservador) critica el hecho de que la salud se haya judicializado en Cartagena, pues a los ciudadanos les toca con frecuencia acudir a la acción de tutela para que se les permita acceder a los servicios de salud. Propone que, en vista de que las EPS le han dejado de temer a los fallos de desacato, se debe pensar en que los órganos de control hagan traslados de casos a la Fiscalía, para que se implementen medidas penales a los funcionarios de estas instituciones.
Interviene el Personero Distrital, William Matson. En su presentación informa que en el año 2015 los ciudadanos presentaron 2785 quejas relacionadas con la prestación del servicio de salud. Respecto de estas quejas reportadas, la Nueva EPS es la que más registra con 485. Dentro de estas, los problemas con la autorización de procedimientos médicos es el tema más frecuente con 1213 quejas. En lo que va corrido del año van 316 quejas. Esto, según Matson, responde a tres problemas: a) El modelo de salud que está distorsionado, b) el de la infraestructura física que no se ha llevado a cabo mediante planeación, y c) el del talento humano que ha sufrido “un detrimento enorme en su calidad humana”. Sobre esto establece una crítica que gira en torno las obstrucciones que los funcionarios de los centros de salud, subsidiados o contributivos, hacen al ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
El concejal Ronald Fortich (Cartagena con Firmas) en su intervención dice que existe una desarticulación en los sistemas de salud de Cartagena. Además, considerando la vulnerabilidad de las zonas rurales, considera que sobre estos sectores se debe hacer un mayor esfuerzo en realizar las inversiones públicas sobre el tema de salud.
El concejal Américo Mendoza (ASI), afirma que el Distrito no puede descuidar este tema en tanto hacerlo puede suponer un riesgo para la intervención del Gobierno Nacional. Recuerda el caso del Departamento de Bolívar, que estuvo intervenido por la Superintendencia y esto resultó en varios años, donde la salud quedó inmersa en una gran crisis frente a la cual el margen de acción de los entes locales se vio fuertemente obstruida. Propone que se le solicite a la Directora del Dadis la presentación de un plan de mejoramiento, que permita plantear soluciones con un proceso de reingeniería con todos los ámbitos de la salud implicados.
Finaliza el debate la Directora del Dadis, Adriana Meza, afirmando que:
-Se requiere un rediseño sobre el sistema de salud en Cartagena, y no simplemente una reingeniería, puesto que se deben plantear mecanismos de operación distintos a los que existen.
-Ya se han adelantado esfuerzos en esta materia contando con el acompañamiento de Ministro de Salud, definiendo, por ejemplo, la implementación del uso de tecnologías para facilitar el proceso administrativo de las camas hospitalarias y de las ambulancias.
-Se debe fortalecer la resolutividad del primer nivel de atención en salud.
-Para terminar las obras del crédito público se requiere esperar el fallo a la petición de vigencias expiradas.
Por último, el Secretario (e) General del Concejo Distrital, Rafael Meza (Conservador) da lectura a la excusa presentada por Edgardo Martínez, Interventor del contrato del proyecto del Paseo Peatonal de Bocagrande, frente a su inasistencia para el debate del martes, 1 de marzo de 2016. Al respecto, el concejal Antonio Salim Guerra (Cambio Radical) declara que pese a la inasistencia de este funcionario, así como de los otros que pudieran incumplir al llamado de la Corporación, el debate sobre la suspensión de obras del Paseo Peatonal de Bocagrande debe realizarse, puesto que se cuenta con suficiente evidencia en temas de corrupción que puede ponerse de conocimiento público y a los órganos de control.
Finaliza la sesión y se convoca para el martes 1 de marzo de 2016, a las 8:30 a.m. en las instalaciones del Concejo Distrital de Cartagena de Indias.
Escrito por Walter Arturo Mejía Rivera, Coordinador (e) del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias.
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