Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 17 de julio de 2020
Hora de inicio: 9:09 a.m.
Hora de finalización: 2:00 p.m.
En esta sesión del Concejo se efectuó un debate de control político sobre las recuperaciones de mangle e invasiones en zonas de baja mar para lo cual estaban citados Secretaría del Interior, alcaldes locales, EPA, Ecobloque, Policía, Cardique, Secretaría de Planeación, DIMAR y procuradora ambiental.
Iniciado el orden del día, se dio lectura a las excusas enviadas por el alcalde local 1, Luis Negrete, y la procuradora ambiental, Mayerly Chamorro. La introducción del debate estuvo a cargo del concejal citante Rodrigo Reyes (Conservador) quien resaltó que desde 2018 se creó la figura del Ecobloque para frenar la tala de mangles e invasiones en zonas como la margen derecha de La Boquilla, el caño Juan Angola y la vía Perimetral, teniendo en cuenta que hay organizaciones delictivas que invaden y venden estos espacios.
El cabildante resaltó que la DIMAR actuó sobre 64.000 m2 en las que se encontraban 112 viviendas en la margen derecha; también hizo mención de 40 operativos realizados por la Policía, y destacó que el alcalde local 2 informó que para dar cumplimiento al fallo que ordena la reubicación de los habitantes de Marlinda y Villa Gloria está a la espera de indicaciones de Secretaría de Planeación.
En cuanto a alcaldías locales mencionó que no cuentan con los recursos y personal para cumplir con operativos de recuperación de espacio público. De esta manera, Reyes indicó que el objetivo del debate es que se tomen los correctivos para alcanzar los resultados esperados.
A su turno, el director de Ecobloque, Rafael Vergara, señaló que en el caso de Marlinda y Villa Gloria se ordenó la reubicación por ser zona de alto riesgo y por los daños al ecosistema, pero debe entenderse que en muchos casos, la población busca un sitio donde vivir, y es una situación que tampoco ha podido frenarse en la zona sur-oriental, por la necesidad de vivienda.
De acuerdo a Vergara, en Cartagena hay más de 3 millones de metros cuadrados a recuperar y la función del Ecobloque es diseñar estrategias y coordinar acciones para la recuperación ambiental. En el caso de Puerto Rey, se han perdido más de 51 hectáreas y hay personas con certificados de posesión de más de 14 años pese a que los mapas demuestran que las invasiones son más recientes. En ese sentido, indicó que debe detenerse a los urbanizadores ilegales y junto a la Fiscalía se trabaja para desmantelar el “Cartel de escombros”.
Por su parte, el Secretario del Interior, David Múnera, indicó que su función es la de articulación en temas de seguridad, por lo que todas las denuncias son trasladadas a Policía y Fuerzas Armadas; expresó que las alcaldías locales son las encargadas de tomar decisiones sobre zonas como la margen derecha y la Perimetral.
Al respecto, el concejal Rodrigo Reyes (Conservador) señaló que con esto se da claridad a las competencias de las Alcaldías Locales, pero es necesario que se les incrementen los recursos. En ese sentido, el Secretario del Interior solicitó a los alcaldes locales oficiar por escrito para gestionar recursos.
Seguidamente, la plenaria se declaró en sesión informal para escuchar a los siguientes ciudadanos:
- El representante legal del Consejo Comunitario de Tierra Baja, Moisés Zabaleta, expresó que la tala de manglares se da por ausencia de vigilancia de las autoridades, y que a los delincuentes con dinero se les permite construir, pero no se garantiza la vivienda para la población pobre y la inspección de policía de La Boquilla es cómplice por omisión. Zabaleta manifestó que en medios de comunicación se ha puesto en entredicho su nombre, y aseguró que no ha lesionado los cuerpos de agua, ni se han permitido invasiones, como se ha dado a entender.
- Adil Meléndez, de la comunidad de Tierra Baja, manifestó que el debate no debe centrarse en la comunidad negra pobre, y debe tenerse en cuenta a los ganaderos que han corrido sus cercas a zonas de baja mar; a Serena del Mar, pues se le entregaron 470 hectáreas y ciénagas; y a empresas como Océano S.A. y Azúcar Manuelita que han robado 1500 hectáreas. Además, explicó que al representante legal del Consejo Comunitario se le acusa de vender lotes, pero no se ha tenido en cuenta que los anteriores miembros del Consejo permitieron conexiones ilegales a servicios públicos.
- En representación de Villa Gloria, la ciudadana Gloria Sánchez, expresó que la comunidad no está dispuesta a entregar la tierra, pues a pesar del fallo del Consejo de Estado, es un territorio ancestral y debe haber concertación. También indicó que no entiende el motivo por el que la Hacienda Los Morros tiene escrituras de playones y espacios que colindan con cuerpos de agua. Precisó que Villa Gloria tiene 25 años pero es un pueblo de pescadores “que le estorba a Serena del Mar”.
- Diana Marrugo, del Consejo Comunitario de Tierra Baja, manifestó que el Consejo no apoya la tala de manglar y aseguró que no se han entregado certificaciones para construcciones. Así mismo, expresó que debe protegerse a la comunidad nativa que está en peligro de desalojos.
- Ronald Valiente, del Consejo Comunitario de Puerto Rey, pidió tener en cuenta que la población negra no realiza proyectos de tala si no cuenta con financiadores. Igualmente, indicó que no se da el mismo trato al Centro de Convenciones de Las Américas, ni a Serena del Mar; también pidió aumentar la vigilancia y control para que las áreas recuperadas no sean reinvadidas.
Más adelante, el director del EPA, Javier Mouthon, presentó vídeos aéreos de la tala de mangle, invasiones, relleno con escombros y materiales contaminantes en cuerpos de agua, lo cual ha generado la pérdida de 51 hectáreas desde 2005, pero especialmente desde 2014. Para el funcionario este es un problema socioambiental, y debe tenerse presente que estas comunidades serán afectadas por el cambio climático.
Algunos de los operativos que se han efectuado este año son: desmantelamiento de cerca en la ronda hídrica de la Laguna del Cabrero; recuperación de áreas públicas en orillas del caño Juan Angola; actividades de contención en el caño El Zapatero; recuperación de más de 2.000 m2 en Marbella; restitución de 2 hectáreas en Cerro La Popa; recolección de 117 m3 de residuos y escombros para rellenos en Olaya sector El Progreso.
Sobre la conformación del Ecobloque, precisó que está integrado por la Alcaldía, Cardique, Fiscalía, EPA, DIMAR, Policía, Procuraduría, y alcaldías locales. Algunos programas del plan de acción para el 2020 se enfocan en el seguimiento a transportadores de escombros y fortalecimiento interinstitucional.
Luego, el Secretario de Planeación, Guillermo Ávila, destacó que desde el enfoque de ordenamiento territorial no se ha actuado sobre los bordes de agua, pese a que generan múltiples conflictos, por lo que la ciudad debe proyectarse desde su relacionamiento con el agua en el nuevo POT.
Ávila destacó que el nuevo Plan de Desarrollo cuenta con un enfoque ambiental y se incluyeron proyectos como el plan de reasentamiento de viviendas en alto riesgo; recuperación de caños, lagos y ciénagas; delimitación del borde de la Ciénaga de La Virgen con finalización de la vía Perimetral, teniendo en cuenta que ha perdido 730 hectáreas desde 1954.
En cuanto a la reubicación de Marlinda y Villa Gloria precisó que el fallo determina las condiciones y especifica que las reubicaciones deben ser en viviendas dignas en predio ubicado a más de 30 metros de la línea de mareas pero a no más de 2 kilómetros del litoral.
Por lo anterior, se contrató una consultoría en la que se estudiaron 8 predios sobre el margen oriental de la Ciénaga de La Virgen, entre los que se analizó como predio elegible una zona de 332 hectáreas; la consultoría también presentó una estructura del proceso de reubicación.
A continuación, se dieron las siguientes intervenciones:
- El concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) hizo referencia a los contratos entregados a las comunidades de Tierra Baja, Boquilla, Puerto Rey, y Villa Gloria, por $400 millones cada uno, para la compensación ambiental y siembra del manglar destruido durante la construcción de viaducto, por lo que debe aclararse quién realiza la interventoría, ya que no se ven resultados. Así mismo, denunció un caso de tala y relleno en Santa Ana, Barú, detrás de la inspección de policía, sin embargo, la inspectora Johana Pájaro no hace presencia en la zona.
- El concejal César Pión (La U) destacó que este tipo de debates ya se han dado en años anteriores, pero no se evidencian resultados, por lo que debe fortalecerse la autoridad ambiental, priorizar un plan de gestión ambiental y plan maestro habitacional, iniciar procesos sancionatorios, aplicar el Plan 4C, etc. Pión considera que debe haber reparaciones por parte de los privados, puertos y empresas que han afectado ecosistemas. También presentó evidencia de un documento firmado por Moisés Zabaleta, del Consejo Comunitario, donde otorga permiso para construir en predios de Tierra Baja.
La inspectora de policía de Boquilla, Villa Gloria, Marlinda y Tierra Baja, Geidys Velázquez, aclaró que no tiene competencias para dirimir sobre conflictos de baja mar, pero se puso a disposición del Ecobloque para aportar.
En ese sentido, el alcalde de la Localidad 2, Andy Reales, explicó que el control urbano le corresponde a las inspecciones de policía para prevenir nuevas invasiones. Por otro lado, informó que ha realizado operativos de restitución de zona de mangles en Boquilla, Villa Gloria y Marlinda pero se dificultan las acciones de prevención por falta de recursos y poco personal.
Por inquietudes de los concejales Liliana Suárez (ASI) y Rodrigo Reyes (Conservador), la inspectora de policía Velázquez manifestó que el control urbano sobre zonas de baja mar no existe, pues no son objeto de licencias de construcción, por lo tanto, no tiene competencias para prevenir las invasiones, pero la restitución de estos espacios le corresponde a los alcaldes menores y la inspección les informa sobre las construcciones.
El alcalde Local 3, Aroldo Coneo, informó que no tenía competencias territoriales sobre las zonas mencionadas en este debate y en su localidad no hay denuncias por invasiones a mangle; sin embargo, aseguró que pese a las limitantes presupuestales atenderá las solicitudes de recuperación de espacio públicos que se presenten.
El director de Cardique, Ángelo Bacci, hizo un llamado a la unidad para trabajar por la preservación ambiental más allá de las competencias individuales, pues el Ecobloque está dispuesto para articular y que las autoridades actúen como una sola. Bacci reiteró que Cardique sí tiene competencias y voluntad para superar la situación, por lo que se comprometió a dar respuesta sobre los contratos de siembra de manglar.
A su turno, el teniente coronel Ferley Puerto, informó que la Policía ha realizado actividades de vigilancia y control en las que se han dado 40 capturas, además, se han puesto a disposición de la Fiscalía todos los procesos sobre afectación al medio ambiente.
Por parte de DIMAR, Mario Navas, reiteró el compromiso por la ciudad, y resaltó que el Ecobloque ha sido una estrategia exitosa y replicada en el país para detener delitos ambientales.
Para concluir el debate, el concejal Rodrigo Reyes (Conservador) agradeció la asistencia de los citados e invitados, y anunció que en los próximos meses convocará para seguimiento de los compromisos adquiridos.
Continuando con el orden del día, se informó que para el proyecto sobre el plan de saneamiento fiscal se adicionará a los concejales Carlos Barrios (Cambio Radical) y David Caballero (Conservador) como ponentes. Igualmente, se dio lectura a los siguientes documentos:
- Proyecto de Acuerdo enviado por la Alcaldía “por medio del cual se realiza una incorporación al presupuesto de rentas, recursos de capital, y recursos de fondos especiales, las apropiaciones de funcionamiento y de servicio de la deuda, así como el plan de inversiones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre 2020 en el Distrito de Cartagena y se dictan otras disposiciones”. Los ponentes designados fueron los concejales César Pión (Coordinador), Liliana Suárez, Fernando Niño, Laureano Curi, Lewis Montero.
- Oficio por el cual la concejal Claudia Arboleda (MIRA) presenta una constancia sobre el proceso de elección de contralor y señala que en los soportes enviados por Héctor Consuegra no se evidenciaba su vinculación a Edurbe, se certificó por parte de la Oficina Jurídica del Concejo que los ternados no presentan inhabilidades, Consuegra no informó que se encontraba vinculado a Edurbe. De esta manera, deja constancia de que no se tuvo conocimiento del cargo público de Consuegra hasta después de la elección, por lo que se actuó de buena fe.
Por otro lado, la concejal Carolina Lozano (ASI) presentó una adición a la proposición sobre Punta Canoa y se pide información sobre la ausencia de trajes de bioseguridad para entrega de ayudas, actividades de entrega sin contratos vigentes, presuntos casos de COVID en la Oficina de Gestión del Riesgo, etc. Esta proposición fue aprobada con 13 votos a favor y 5 ausentes (Barrios, Curi, Estrada, Niño, Piña).
Con respecto al proceso de elección de contralor, el concejal Javier Julio (Coalición Alternativa) reiteró su desacuerdo con la permanencia de Freddys Quintero en el cargo de contralor encargado, pues su periodo ya finalizó y podría haber un conflicto de intereses, pues la mesa directiva votó por Quintero en la elección y es él quien se beneficia de la no posesión de Consuegra.
Luego, el concejal César Pión (La U) presentó una proposición para que se envíe a cada concejal copia del recurso de reposición contra la elección del contralor presentado por un ciudadano en días pasados, de manera que cada cabildante la analice y en unos días se someta a votación de la plenaria para definir si se aprueba o no la reposición.
Al respecto, el concejal Javier Julio (Coalición Alternativa) pidió que la proposición se someta a votación cuando la Oficina Jurídica presente concepto para aclarar si cada concejal está facultado para aprobar o no el recurso, o si le corresponde a la mesa directiva. Además, señaló que, si se somete a votación hoy, se abstendría de votar.
En el mismo sentido, el concejal Rodrigo Reyes (Conservador) se acogió a la petición de Julio, pero aclaró que no tiene inconvenientes con tramitar el recurso y también expresó que si no se posesionará a Consuegra, tampoco debe mantenerse a Freddys Quintero en el cargo.
Ante las inquietudes y comentarios presentados, el concejal César Pión (La U) retiró la proposición en cuestión.
Luego, el concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) expresó que las sesiones se han convertido en un estrado, buscando pruebas y acusando, por lo que señaló que nadie tenía conocimiento de la situación de Consuegra; además, mencionó que en varias ocasiones se ha dicho que la mesa directiva dio la terna, pero todas las bancadas tuvieron participación en el proceso.
Sobre la proposición que fue retirada, manifestó que era sana pero parece que la mayoría no quiere dar trámite al recurso de reposición.
Los concejales Rodrigo Reyes (Conservador), Carolina Lozano (ASI) y Javier Julio (Coalición Alternativa) aclararon que no se oponen a la proposición y solo se pedía una clarificación jurídica y de competencias.
Por último, el concejal Julio precisó que participó del proceso en la revisión de hojas de vida y no firmó el acta hasta que no se certificó que los aspirantes cumplían con las condiciones mínimas para participar del proceso.
Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el sábado 18 de julio de 2020; a las 9:00 a.m. a través de videoconferencia.
Escrito por Diana Infante Del Río, investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.
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