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Bitácora del Observatorio a la Asamblea de Bolívar, 24 de octubre de 2024.
Hora de inicio: 8:44 a.m.
Hora de finalización: 11:57 a.m.
Iniciado el orden del día, se aprobaron las actas N° 009 del 22 de octubre y 010 del 23 de octubre. Se leyó la invitación del gobernador, Yamil Arana para la visita en territorio que se realizará en Magangué, el 24 de octubre en horas de la tarde.
A continuación, se procedió a hacer la votación para elegir a el o la Secretaria General vigencia 2025. Al realizar la votación, fue electa Katerine García con 12 votos, mientras que Vilma Jiménez obtuvo 1 voto. Los diputados Ballestas y Mendoza no hicieron presencia durante la votación.
Continuando con el orden del día, Marcia Escobar, secretaria de igualdad, explicó que su despacho cuenta con tres departamentos: 1) Dirección de derechos humanos; 2) Dirección de juventudes; 3) Dirección de inclusión. A corte de 30 de septiembre, han adelantado distintos programas dirigidos a la población joven, con discapacidad, diversa y grupos étnicos. Resaltó el avance de creación de política pública para la juventud y la actualización de política pública de discapacidad, tratando de vincular empresas públicas y privadas para alcanzar las metas propuestas para este cuatrienio. Sin embargo, aún no hay cumplimiento porque están en fase de alistamiento.
El presupuesto de la vigencia 2024 estuvo dividido en tres proyectos: implementación del Estatuto de Ciudadanía Juvenil ($150.000 millones con un avance del 90, 67%), actualización de la política pública de discapacidad ($150.000 millones con un avance del 51, 87%) y formulación de la política pública de derechos humanos ($150.000 millones de pesos con un avance del 56%). Todo ejecutado con recursos propios sin regalías o asignaciones diferentes.
Para el año 2025 se cuenta con una asignación presupuestal de $802 millones, provenientes de ingresos corrientes de libre destinación. Se invertirán en el fortalecimiento de las empresas y emprendimientos de personas con orientación sexual e identidad de género diversa, desarrollar la fase de socialización y participación ciudadana en la construcción de la política pública de derechos humanos, el desarrollo de asistencias técnicas a los comités municipales de discapacidad, acompañamiento a comunidades étnicas del departamento y servicio de ofertas sociales para la población vulnerable.
El diputado Zaith Adechine (Movimiento de Salvación Nacional) resaltó que la creación de la Secretaría se hizo continuando con el orden nacional, luego de la creación del Ministerio de la Igualdad. Sin embargo, no hay presupuesto en la gobernación para aumentar la asignación. Adechine añadió que la Secretaría debe gestionar recursos en el Ministerio para demostrar su importancia en el departamento, ya que los proyectos que se han llevado a cabo no son propios sino transversales con otras secretarías.
La secretaria Escobar replicó que su despacho es necesario porque hay objetivos del Plan de Desarrollo que se cumplen a través de ella y varias poblaciones históricamente rezagadas han recibido atención. En respuesta, el diputado Adechine ratificó que, a falta de indicadores, es prematuro afirmar la necesidad de la secretaría, sugiriendo que se desarrollen proyectos para gestionar los recursos que puedan demostrar su importancia para el departamento. Por otro lado, el diputado Juan Mejía (Conservador) aseguró que la Secretaría de Igualdad es necesaria y que se debe apoyar la búsqueda de alternativas de generación de recursos para su desarrollo.
Por su parte, la diputada Viviana Villalobo (Cambio radical) solicitó que se revisen las cifras de asignaciones, puesto que dentro de la documentación aparecen recursos para la deuda a pesar de que se dijo que no lo habría.
Luego, Iván Sanez, secretario de paz, víctimas y reconciliación, expuso que para el 2024 ha contado con un presupuesto de $1.364.703.609 Hasta el 30 de septiembre se ha ejecutado un 74% en los proyectos “implementación de estrategias para la garantía de participación y fortalecimiento al plan de acción de víctimas”, “desarrollo de atención y asistencia integral a población víctima del conflicto”, y “estrategias para la elección y funcionamiento del Consejo de Paz del departamento de Bolívar”. En cuanto a los programas se ha tenido un avance del 67%. No han ejecutado recursos de regalías o asignaciones diferentes.
Para el año 2025 se proyecta un presupuesto de $2.200.000.000 por ingresos corrientes de libre destinación, de los cuales el 25% son para gastos de funcionamiento y el 75% para inversión. No hay recursos asignados al servicio de la deuda.
El diputado Víctor Mendoza (Cambio radical), preguntó a cuántos municipios impacta el proyecto de implementación de la Ley de Víctimas y de desarrollo de aspectos administrativos contractuales del departamento de Bolívar. Además, resaltó que los resultados que se presentan son transversales dado que se trabaja con otras secretarías. El secretario respondió que el equipo se encarga de recorrer el departamento para trabajar en los lugares donde hay mayor necesidad y aunque tiene apoyo de otros despachos, hay algunos que todavía están en deuda.
Seguido, el secretario de interior, Javier Doria, resaltó los programas que han sido implementados este año, dentro de los cuales están: asesoría y acompañamiento a entidades territoriales para la descentralización de los servicios de justicia, apoyo técnico a los municipios en la creación de cuerpos de bomberos, asesoría y apoyo para la implementación de la política pública de libertad religiosa, participación ciudadana parel emprendimiento y el desarrollo comunitario sostenible, fortalecimiento de conocimiento de los servidores públicos, entre otros.
Para el año 2025 se tiene un presupuesto de $4.847.813.335 que serían invertidos en los distintos programas de la secretaría. Estos provienen de ingresos corrientes de libre destinación y contribución especial.
El diputado Mendoza solicitó que el secretario explicara los convenios solidarios con organizaciones comunales y cómo se garantiza jurídicamente que estos contratos se den de la mejor manera. Preguntó quién es el responsable ante alguna eventualidad.
A su vez, la diputada Villalobo celebró el programa de acceso a la justicia y preguntó el número de municipios que han sido impactados con el programa para la formación, el emprendimiento, la comunicación y el desarrollo comunitario, al igual que el de la Escuela de gobernanza de administración pública.
El funcionario respondió que el proceso jurídico de convenios solidarios todavía está en etapa de ajustes y transición. A pesar de eso, explicó que para que los convenios se celebren es necesario que las JAC estén organizadas internamente y la secretaría ha apoyado a las comunidades brindando equipo técnico para asesorar sus obras. Las JAC no manejan recursos. Agregó que se verifica que las personas involucradas en los proyectos cuenten con ARL y que deben analizarse los riesgos ante posibles accidentes.
Ever Rico (Liberal) y José García (Liberal) preguntaron bajo qué figura se hace la ejecución para la compra de insumos. Además, el diputado García cuestionó el porcentaje de avance de vigencia del programa de servicios de información y orientación para protección de los derechos (4514%) y consultó si existen estadísticas de los municipios y del tipo de asesorías que hacen parte de este, ya que esto facilitaría la focalización de los servicios en el futuro. Por último, manifestó preocupación por el poco avance en los programas de bomberos.
El Secretario Doria expresó que cuando deben adquirir material para las JAC lo hacen a través de un proceso de compras públicas. En este caso hicieron estudio de mercado para conocer los proveedores locales y se hizo el debido proceso de selección pública. Sobre los espacios de participación ciudadana, abordan simultáneamente a todos los grupos objetivos con los que deben trabajar. Añadió que tienen actas de todos los espacios que tuvieron lugar en los 32 municipios que han visitado. El avance de la vigencia actual es de 4514% porque se atendieron más personas de las proyectadas y se está adelantando trabajo con los bomberos para mejorar sus indicadores.
A continuación, se leyó la proposición del diputado Luis Ballestas (Conservador), en la cual cita a sesión plenaria a la secretaria de hacienda, Lanny Quintero, y al director de ingresos y rentas, Gerardo Rodríguez, por la incautación de aproximadamente 560 estampillas de la gobernación de Bolívar en el barrio la Esperanza. La proposición fue aprobada por 8 diputados y 6 diputados ausentes (Adechine, Ricardo, De León, Benavides, Del Río y Martínez)
Agotado el orden del día, se citó para el martes 29 de octubre a las 9:00 a.m. en la sede de Comfamiliar, en la ciudad de Magangué.
Escrito por Helem Sofía Bernal Romero, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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