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Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 1 de julio de 2021
Hora de inicio: 9:10 a.m.
Hora de finalización: 1:00 p.m.
Iniciado el orden del día, se presentaron los informes de gestión de Distriseguridad y la ESE Hospital Local Cartagena de Indias. El agente interventor de la ESE, Jorge Suárez Gómez, indicó que funge como agente desde el 24 de mayo tras una medida de intervención determinada por la Superintendencia de Salud para abordar las problemáticas identificadas en la ESE durante las labores de vigilancia y control de la Superintendencia.
Suárez explicó que el plan de trabajo que socializará fue propuesto al superintendente pero está pendiente de aprobación. En su intervención, el funcionario expresó lo siguiente:
- Uno de los hallazgos que motivó la intervención fueron los problemas administrativos, para lo cual se formuló un plan de mantenimiento que aborde los problemas de infraestructura y dotación en centros de salud ante la ausencia de procesos preventivos adecuados.
- No se encontraron deudas acumuladas con la planta de personal o talento humano vinculado por tercerización, el compromiso es mantener el pago oportuno.
- Los procesos de tercerización encontrados no se apegaban a la ley y generaban riesgos jurídicos y financieros. Debido a esto, hay 2 sanciones de MinTrabajo por $1900 millones, por lo que se ofició al Ministerio informando la intención de formalización laboral y un cronograma de acción.
- Se encontró una cartera de difícil recuperación por parte de EPS y el Distrito, por lo que ya se ha avanzado en mesas de trabajo con EPS y se logró una conciliación de glosas por $2.900 millones que se espera ingresen a la ESE en julio.
- Tras revisiones de eficiencia institucional y de talento humano se han tomado medidas que generaron ahorros por $700 millones, los cuales se reorientarán al mejoramiento de la atención.
- Existen 115 procesos jurídicos contra la ESE por $4500 millones, motivo por el que se reorganizó el área jurídica para ejercer una mejor defensa, teniendo en cuenta que ya se han fallado procesos por $2106 millones y deben ser pagados. Además, hay embargos por $1363 millones.
- Los contratos suscritos con las entidades que compran servicios de la ESE no se encontraban debidamente legalizados, motivo por el que se realizó el proceso de legalización, lo cual permitió recuperar cerca de $3.300 millones.
- Se encontraron problemas en la calidad y efectividad de la atención en salud, pues el modelo de prestación de servicios no se implementaba de forma adecuada. Frente a esto, se formuló un plan para reorganizar la manera en que se prestan los servicios y garantizar las coberturas de atención.
El concejal César Pión (La U) expresó su extrañeza por el momento en que SuperSalud decidió intervenir la ESE, toda vez que la solicitud se hizo en años anteriores pero no se dio, sin embargo, señaló que este tipo de intervenciones nunca han dado resultados y suelen darse desde la óptica política para favorecer sectores.
Para Pión, el interventor deberá responder por el servicio de salud, por lo que se requiere una articulación con el DADIS. Además, manifestó que SuperSalud debe analizar temas de fondo como la operación de EPS y hospitales, pero cuestionó que desde el centralismo bogotano se pretenda manejar a Cartagena.
El concejal Óscar Marín (Conservador) resaltó que la intervención lleva a preguntarse si se trata de una jugada política relacionada con las elecciones que se avecinan, toda vez que ya se separó del cargo a varios coordinadores; sin embargo, señaló que espera resultados positivos para la prestación del servicio.
El concejal Sergio Mendoza (Alianza Verde) expresó que en ocasiones las intervenciones corresponden a herramientas políticas para fortalecer casas políticas regionales y puso como ejemplo el caso de Santa Marta, donde SuperSalud intervino con celeridad, tras la elección de un gobernador de corte alternativo.
Mendoza señaló que históricamente las intervenciones en Bolívar han sido un fracaso, como ocurrió con Caprecom y Café Salud. Además, cuestionó que la ESE venía padeciendo desde hace años, pero se intervino en tiempos políticos estratégicos, por lo que anunció seguimiento a los resultados de esta intervención.
El concejal Lewis Montero (La U) pidió que se informe a qué se deben los cambios de personal que se dieron y la concejal Carolina Lozano (ASI) solicitó conocer si los acuerdos para supresión de 50 cargos corresponden al despido de coordinadores. En ese sentido, el concejal Luis Cassiani (Cambio Radical) destacó que, si hubo cambios en el personal, las personas que ingresen a los cargos deben ser locales y no de otras ciudades.
Para el concejal Luder Ariza (Alianza Verde) quien era gerente antes de la intervención había mostrado compromiso y no contaba con ataduras políticas, pero considera que desde la Alcaldía se quiso asfixiar la ESE. Ariza indicó que deben conocerse los hallazgos que llevaron a “la intervención flash”, ya que genera suspicacia que se diera previo a las elecciones, en un momento donde se creía que el gerente estaba dando resultados.
El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) manifestó que, comparado con 2019, la ESE en 2020 mostró reducción de gasto y compromiso con terminar la tercerización, lo que lleva a preguntarse si durante 2021 el gerente no cumplió el plan de mejoramiento que dejó SuperSalud en 2020, y que esto motivara la intervención; pero si el plan sí se estaba cumpliendo, podría haber una presunta violación al debido proceso.
La concejal Kattya Mendoza (Liberal) manifestó que debe revisarse por qué a la ESE se le vienen aplicando múltiples glosas, y cómo se gestionará la recuperación cartera con el Distrito y EPS. Mendoza evidenció que la cartera con el DADIS supera los $6 mil millones.
Para la cabildante, es triste que durante la pandemia y en el proceso de vacunación la ESE haya sido invisible, por lo que debe aprovecharse la intervención para fortalecer el portafolio de servicios. Mendoza solicitó crear una comisión accidental para hacer seguimiento a la ESE.
Para dar respuesta a las inquietudes, el agente interventor aclaró que el procedimiento que definió la intervención es de la Superintendencia, por lo que dicha información debe requerirse a esta entidad. Suárez explicó que fueron 54 los hallazgos que llevaron a la intervención, y en base a ellos se planteó un plan de acción por periodo de 1 año que está en revisión por parte de SuperSalud para ser aplicado.
En los hallazgos, los principales problemas son de corte administrativo, jurídico, financiero y lo relacionado a tercerización laboral. El funcionario informó que se reunió con DADIS para el saneamiento de cartera y se desembolsarán $3500 millones en los próximos días. También expresó que los cambios en la planta responden a la necesidad de eficiencia, pues no había resultados adecuados debido a que los 5 niveles de coordinación que existían dificultan la toma de decisiones.
Para el concejal César Pión (La U), si Suárez es el delegado de la SuperSalud, le corresponde dar respuestas o solicitar la información. Además, llamó la atención porque, si hubo 54 hallazgos, debieron darse advertencias o seguimiento previo por parte de la Superintendencia o el DADIS, y cuestionó que no se intervino antes.
Suárez reiteró que lo relacionado a la decisión de intervenir le corresponde a SuperSalud, pues es agente nombrado por esa entidad, pero no delegado de la misma, y su función únicamente se ciñe al plan de acción. En ese sentido, Pión señaló que puede ser interventor, pero representa a la Superintendencia y expresó que el funcionario tomó una actitud evasiva; Pión expresó que si tomará esa actitud “visiona una catástrofe” para la ESE.
Continuando con el orden del día, procedió la intervención de Pedro Rodelo, director de Distriseguridad. Algunos de los avances presentados sobre el Plan de Desarrollo fueron:
- En el programa “implementación y sostenimiento de herramientas tecnológicas para seguridad y socorro” la meta para instalar 100 alarmas comunitarias y 107 cámaras adicionales van en 0%, mientras que la meta para entregar 585 equipos de comunicación a organismos de seguridad avanza en 33%. En general, el programa tiene un cumplimiento de 8%.
- En el programa “Convivencia para la seguridad” el avance es de 52%: la meta para divulgar normas de conducta ciudadana a 2 mil personas presenta 27% y la meta para formar 2 mil gestores de convivencia avanza en 77%.
- En 2020 se dieron 189 contratos en Distriseguridad por $4.341.114.219, mientras que en 2021 van 108 contratos por $3.091.815.836.
- El año pasado los gastos de funcionamiento se ejecutaron en 89% y los de inversión en 93%.
El concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) resaltó que la financiación de Distriseguridad se ha reducido en los últimos años, por lo que los directores han debido gestionar recursos y proyectos a nivel nacional.
Para el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) el exdirector, Luis Roa (actual Secretario General) no pudo con Distriseguridad, pero fue él quien informó al Concejo que esta entidad solo contaba con 3 años más de viabilidad financiera, por lo que Rodelo debe exponer qué gestión hará sobre este punto.
Barrios propuso que Distriseguridad se convierta en una Agencia Distrital de Seguridad que preste servicios y se dé una transformación jurídica, pues de no ser así, la entidad se quedará en la alimentación de salvavidas, entrega de vehículos o arriendos para ESMAD y Policía. De igual forma, pidió conocer cómo se ejecutarán los $2 mil millones que se incorporaron este año al presupuesto.
El concejal Fernando Niño (Conservador) señaló que se dio un convenio por $474 millones para mantenimiento de cámaras de videovigilancia, y el informe de gestión reporta que 150 cámaras se recuperaron, pero la Policía dio a conocer que de las 600 cámaras solo 21 están en funcionamiento. Niño pidió aclarar la situación y que los entes de control verifiquen lo ocurrido.
Así mismo, pidió detalles de la inversión de $1776 millones que se hizo en Playa Azul, pues los vecinos de la zona manifiestan que las garitas están deterioradas; además, solicitó que se aclare qué pasó con la ambulancia y cuatrimoto que se entregaron para Playa Azul.
El director aceptó que el porcentaje de cámaras en funcionamiento es bajo y se requiere fortalecer el sistema, motivo por el que se han hecho gestiones internas de verificación para determinar cuántas cámaras puedan volver a ponerse al servicio de la ciudadanía.
Además, manifestó que con la incorporación de $2191 millones se hará un contrato para poner en funcionamiento todas las cámaras y alarmas posibles, pero aclaró que para mantenimiento de las 609 cámaras se requieren $3500 millones anuales y debe tenerse en cuenta que grandes extensiones de cableado y fibra han sido robadas. Rodelo dio a conocer que otra de las metas para este año es entregar 2 CAIs de Policía.
El concejal David Caballero (Conservador) sugirió al funcionario reunirse con Hacienda para gestionar nuevas fuentes de ingreso que le permitan a la entidad fortalecer los sistemas de seguridad. Por otro lado, el concejal César Pión (La U) expresó el apoyo de la Corporación a Distriseguridad e invitó a que se coordine con las autoridades para gestiones integrales. Por lo anterior, el director agradeció el interés del Concejo y manifestó su disposición para reunirse cuando sea necesario.
Continuando el orden del día, se dio lectura a un oficio donde el alcalde Dau responde una solicitud del concejal Pión para efectuar un consejo de gobierno mixto. En el documento, el alcalde manifiesta que ve la propuesta con buenos ojos y adelantará reuniones con los Secretarios de Despacho para coordinar y posteriormente convocar a los concejales.
Pión expresó que es necesario que la Corporación se reúna para analizar situaciones de ciudad y formular las alternativas de solución que serían presentadas en el consejo de gobierno, toda vez que se trata de un espacio para llevar ideas. Por otro lado, se dio lectura a los siguientes Proyectos de Acuerdo y sus ponentes:
- Proyecto de Acuerdo “Por el cual se crea el Fondo Territorial de seguridad y convivencia ciudadana en el Distrito de Cartagena y se dictan otras disposiciones”. Como ponentes se designó a los concejales David Caballero, Gloria Estrada, Luder Ariza.
- Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se realiza un traslado entre unidades ejecutoras en el presupuesto de rentas, recursos de capital y recursos de fondos especiales, las apropiaciones de funcionamiento y servicio a la deuda, así como el plan de inversiones con enfoque de género para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre en el Distrito de Cartagena”. Como ponentes se designó a los concejales Liliana Suárez, Óscar Marín, Kattya Mendoza, Laureano Curi.
- Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se establece el Plan de Saneamiento Fiscal Parcial del Distrito de Cartagena en lo correspondiente a cuentas por pagar del nivel central y fondos del nivel descentralizado, déficit parcial del IDER, sentencias y conciliaciones de la Alcaldía Mayor de Cartagena y se establecen otras disposiciones”. Como ponentes se designó a los concejales César Pión, Lewis Montero, Carlos Barrios, Fernando Niño.
Seguidamente, el concejal Sergio Mendoza (Conservador) solicitó a la Administración atender la inundación causada por las lluvias de hoy frente a la Biblioteca Distrital. En ese sentido, expresó que el Concejo alertó y efectuó control político sobre las inundaciones pero no se tomaron acciones, por lo que exhortó a la Administración a agilizar la limpieza de los canales.
Por otro lado, el concejal César Pión (La U) hizo referencia a la relevancia del sistema de La Bocana para el mantenimiento de cuerpos de agua pero indicó que esta infraestructura se encuentra olvidada, por lo que propondrá un foro donde se traten temas como el dragado, viabilidad ambiental, entre otros.
Al respecto, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) señaló que debe invitarse a la Procuradora Ambiental y Cardique, teniendo en cuenta que Cardique ya no se encargará de la limpieza de canales, lo que significa que la sedimentación afectará la Ciénaga de La Virgen, lo cual ocasionará inundaciones.
Finalmente, se aprobó la proposición donde el concejal Pión propone un foro sobre el funcionamiento de La Bocana, la relimpia proyectada, la batimetría requerida, sedimentación, el concepto de las autoridades ambientales, cumplimiento de la licencia ambiental de Cardique, etc.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el viernes 2 de julio de 2021; a las 8:30 a.m.
Escrito por Diana Infante Del Río, investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.
Ver anexos:
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