Continúan discusiones entre concejales por proceso de elección del contralor distrital

Bitácora de la Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 23 de julio de 2020

Sesión virtual

Hora de inicio: 9:03 a.m.

Hora de finalización: 10:46 a.m.

Para la sesión del Concejo estaba programado un debate sobre la contratación de Secretaría General Distrital con Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL). Sin embargo, antes de aprobar el orden del día, la concejal citante Gloria Estrada (Liberal) solicitó excluir el debate del orden del día.

Estrada explicó que la documentación apenas se recibió en la tarde de ayer y en dicha documentación se menciona que los estados financieros fueron los instrumentos aportados por cada ESAL para demostrar que contaban con el dinero necesario para ejecutar las actividades del convenio; sin embargo, los estados financieros no fueron enviados al Concejo, por lo que la información está incompleta para determinar si los convenios cumplen con el Decreto 092.

Estrada reiteró su solicitud a la Secretaria General para que se envíe toda la información y pidió a la plenaria reprogramar el debate.

Al someter a votación el orden del día, fue aprobado con la exclusión del debate en mención. Posteriormente, se dio lectura al Acta 127 correspondiente a la sesión del 14 de julio de 2020 en la que se llevó a cabo la elección del contralor distrital.

Una vez leído el documento, fue aprobado con 15 votos a favor y 3 concejales impedidos para tratar temas de Contraloría (Barrios, Curi y Niño).

Más adelante, fue leída una proposición de la bancada de La U en la que se pide nombrar una delegación que haga seguimiento a la situación de El Laguito y que sea invitada a las reuniones para dar solución a la problemática. Esta proposición fue aprobada con 17 votos a favor y 1 ausente (Estrada).

Por otro lado, el concejal César Pión (La U) señaló que el senador Sanguino solicitó que el macroproyecto de protección costera no se adjudique a dedo y que los entes de control hagan seguimiento al proceso; en ese sentido, Pión pidió a la Administración enviar la información sobre el vencimiento de la calamidad pública, el plan de acción y que se explique si se retomó la calamidad, pues si no se hizo, el proceso de licitación podría quedar sin piso jurídico.

A su turno, el concejal Javier Julio (Coalición Alternativa) se refirió a la presunta recusación relacionada con la elección de contralor mencionada por el presidente del Concejo en la sesión pasada. El cabildante aclaró que en ningún momento ha recusado a la mesa directiva y explicó que lo que ha realizado son denuncias públicas para que la mesa directiva tome las decisiones que considere pertinentes.

Julio manifestó que las denuncias que ha presentado hacen referencia a la presunta inhabilidad de Freddys Quintero para ser elegido contralor porque al momento de la elección estaba encargado de la entidad, pero su periodo finalizó el 31 de diciembre de 2019 y no ha sido ratificado por la mesa directiva.

Además, expresó que con la no posesión del contralor electo por una presunta inhabilidad, se configuró una falta temporal en la Contraloría, la cual debe suplir el secretario general y quien ostenta dicho cargo es Hernán de Jesús Madrid Contreras. Para el concejal resulta inverosímil pensar que Quintero puede ejercer como contralor y secretario al mismo tiempo.

La concejal Carolina Lozano (ASI) pidió a la mesa directiva consultar si hay una vacancia o falta temporal, toda vez que sí hay una persona electa. Así mismo, se refirió al documento enviado por la Contraloría donde certifica que Freddys Quintero es el secretario general, por lo que la persona que obtuvo el segundo lugar en el proceso de elección sería el encargado.

Para la cabildante, este es el motivo por el que consideraba que no era pertinente que el contralor (e) hiciera parte del proceso ni de la terna.

Frente a lo anterior, el concejal César Pión (La U) solicitó a la mesa directiva certificar si antes de la elección del 14 de julio hubo pronunciamientos o señalamientos de algún concejal sobre la terna. Al respecto, la concejal Lozano expresó que durante el proceso de elección hubo inquietudes con respecto a Quintero pero la Oficina Jurídica conceptuó que no había inhabilidades.

Lozano hizo mención del caso del Tribunal de Sucre donde se declaró una inhabilidad a la contralora encargada para participar del concurso por ser funcionaria pública.

Al respecto, el concejal Pión expresó que si había dudas debieron dejarse constancias al respecto y destacó que la presunta inhabilidad de Héctor Consuegra, contralor electo, y el caso de Sucre, fueron temas conocidos con posterioridad a la elección.

El concejal Rodrigo Reyes (Conservador) recordó que antes de la elección solicitó un receso que fue grabado en donde expresó sus dudas sobre la situación de Quintero, sin embargo, respetó el criterio de la Oficina Jurídica cuando indicó que no existían inhabilidades.

El concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) manifestó que cuando hay dudas es posible apartarse de las votaciones; también señaló que indicó que no entiende cómo Consuegra pretende tutelar a la Corporación si aún el alcalde no ha aceptado su renuncia de Edurbe y tampoco ha enviado la documentación requerida para su posesión.

Por su lado, el presidente del Concejo, David Caballero, indicó que se han hecho todas las consultas del caso y aseguró que no se han tomado decisiones, ni emitido resoluciones.

El concejal Javier Julio (Coalición Alternativa) recordó que el 20 de febrero radicó un documento en el que presentó su concepto sobre el caso de Quintero y la Oficina Jurídica en junio 19 atendió las inquietudes sobre los candidatos y señaló que no había inhabilidades. Además, recordó que no hubo presunciones de inhabilidad sobre Consuegra hasta después de la elección, contrario a lo ocurrido con Quintero, de quien hubo inquietudes durante todo el proceso.

La jefa de la Oficina Jurídica, Tatiana Romero, destacó que se expidieron varios conceptos en el transcurso de la convocatoria, los cuales no son vinculantes pero se basaron en lo emitido por los órganos competentes, y se revisó junto a todas las bancadas los conceptos de Función Pública y se definió que Quintero no tenía inhabilidad, pues esta recae sobre quien ostenta la titularidad del cargo.

En cuanto al caso de Sucre, Romero indicó que es una decisión del tribunal que aún no surte segunda instancia en la Corte Constitucional, y debe tenerse en cuenta que la Corte en otras oportunidades ha dado teorías distintas a la del tribunal. Para Romero el caso de Sucre no debe usarse para poner en tela de juicio el trabajo jurídico que se dio durante la convocatoria, la cual fue acompañada conforme a la ley.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el viernes 24 de julio de 2020; a las 8:30 a.m. a través de videoconferencia. 

Escrito por Diana Infante Del Río, investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.

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